El mayor general Mariano Botero es el nuevo director del Inpec

El oficial de la Policía recibe, con el cargo impuesto por el presidente Duque, la tarea de enfrentar los retos del hacinamiento y el covid-19 al interior de los centros de reclusión.

Mariano de la Cruz Botero Coy, nuevo director del Inpec. / Colprensa
Mariano de la Cruz Botero Coy, nuevo director del Inpec. / Colprensa

El ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz Orejuela, posesionó esta mañana al mayor general Mariano de la Cruz Botero Coy como nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en remplazo del brigadier general Norberto Mujica, quien estaba en el cargo desde el 2 de diciembre de 2019.

La decisión de nombrar a Botero Coy fue tomada por el presidente de la República, Iván Duque, y tiene en cuenta la hoja de vida del uniformado, quien es administrador de empresas, administrador policial, especialista en Seguridad entre otros títulos académicos y cuenta con formación en cursos internacionales en Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania, México, Suecia y Panamá.

Se trata de un oficial que ha servido durante 32 años en la Policía Nacional de Colombia en cargos operativos y administrativos entre los que se destacan los de comandante de la Estación Aeroportuaria de la Dirección de Antinarcóticos, jefe de Recursos Humanos, comandante del Grupo Móvil de Aspersión, comandante de Base Aérea, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Metropolitana de Bogotá, comandante en el Valle del Cauca y de la Metropolitana de Barranquilla, comandante Región de Policía No. 8. A lo largo de su carrera ha conseguido 60 condecoraciones y 158 felicitaciones.

Al respecto de su llegada, el ministro Ruiz afirmó “hoy quiero darle una gran noticia a nuestro país: el Gobierno, en cabeza del ministerio de Justicia, ha posesionado al señor mayor general Mariano Botero Coy, como el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Quiero decirles a todos los reclusos de nuestro país que el Gobierno Nacional está trabajando por la resocialización y humanización de los internos”,

Mariano de la Cruz Botero Coy, nuevo director del Inpec. / Colprensa
Mariano de la Cruz Botero Coy, nuevo director del Inpec. / Colprensa

Con su llegada se despide el general Mujica, quien en estos momentos tiene una investigación disciplinaria abierta en la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en el procedimiento de traslado de internos ante la emergencia sanitaria derivada del covid-19, virus que será, junto al hacinamiento carcelario, uno de los principales retos de Botero Coy.

Cabe recordar que según el último informe del Inpec, publicado el pasado 19 de enero, se han registrado 548, en 51 cárceles en todo el territorio nacional. Los casos reportados son tanto de presos como de personal de los centros penitenciarios. 467 casos son de personas privadas de la libertad y los 70 restantes del cuerpo de vigilancia de las cuales 11 son de personal administrativo en lo que va del año.

Este se suma al de diciembre pasado, cuando la misma institución hablaba de contagios en 19.068 internos de las 132 cárceles del país; 1.124 del cuerpo de custodia y vigilancia; 248 auxiliares de la misma corporación y 105 que hacen parte de la unidad administrativa. De estas, 20.545 se habían recuperado, mientras que 110 perdieron la vida.

Luego está la cuestión del hacinamiento, que para el 18 de diciembre pasado, cuando se publicó el último informe de referencia, se encontraba en niveles históricos del 19,9 por ciento, a los que descendió luego de haber iniciado la pandemia por el umbral del 55 por ciento, equivalente a una sobrepoblación de 44.032 reclusos.

Esto se logró gracias a la expedición del decreto 546 del Gobierno nacional, expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia, que a su vez se rige bajo las directrices de la OMS frente a la pandemia por COVID-19. Este ordenaba disminuir el hacinamiento penitenciario a menos del 20 por ciento al otorgar medidas de detención preventiva y de prisión domiciliaria en el lugar de residencia o donde el juez autorice a personas que se encuentren bajo medida de aseguramiento siempre que sean mayores de 60 años, tengan comorbilidades, discapacidades o hayan cumplido el 40 por ciento de la condena.

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