Procuraduría considera nuevas pruebas para involucrar al director de la Policía, Óscar Atehortúa, en presunto caso de corrupción

Cinco días después de la audiencia del director de la Policía, Óscar Atehortúa, por la aparente irregularidad en contratos de casas fiscales, la Fiscalía General de la Nación decidió archivar el caso. Sin embargo, la Procuraduría tiene nuevos cuestionamientos que podrían involucrar al uniformado en actos de presunta corrupción.

Según una investigación del periódico El Espectador, la Procuraduría habría encontrado en el historial investigativo evidencias de la culpabilidad de Atehortúa en la firma de contratos ilícitos para la construcción de 60 casas fiscales en el Tolima, en el año 2011. Según la información a la que pudo acceder ese medio, la celebración de esos contratos estuvo viciada desde el principio. Al parecer, Atehortúa ya sabía que lo que se estaba firmando era imposible de realizar en el tiempo que se estaba pactando.

El Fondo Rotatorio de la Policía y la Inversora Manare, según se supo, planeaban desarrollar actividades que tardarían normalmente un año en tan solo semanas, como por ejemplo alistar licencias, permisos y estudios para la construcción de las viviendas que, también calcularon, quedarían listas en cuatro meses.

La ausencia del tiempo necesario para la ejecución hizo que el proyecto se fuera desmoronando de a poco y cayera por su propio peso. El expediente del general, que tiene más de 1.000 folios, y que ahora está en total disposición de la Procuraduría, destacó que, hacía 2011 y 2012, al evidenciar que el contrato no se cumpliría, Atehortúa le había exigido a la empresa contratista encargada de erigir las casas que aceleraran los procesos, y solicitaron ampliar la fecha para la entrega de las casas terminadas. Además, venían firmando prórrogas para darle un plazo al cumplimiento del contrato.

En 2014, se firmó una última prórroga que dejaba por escrito que las casas tenían que entregarse en marzo de ese mismo año, compromiso que no se cumplió. Ante la crisis del incumplimiento, empezó la confrontación de ambas partes (la Policía y los contratistas) para defender las gestiones que cada uno había realizado y echar culpas de quien habría sido el verdadero culpable del proceso irregular.

Ante las solicitudes de la Policía y la denuncia de no cumplimiento, la empresa contratista, Inversora Manare, aseguró que el Fondo Rotatorio de la Policía no había otorgado los pagos prometidos, lo que había impedido el avance de la obra.

En diciembre de 2014, Atehortúa, asesorado por el abogado Andrés O’meara, quien también se desempeña como director de Colombia Compra Eficiente, firmó un acta de acuerdo para conciliar con los contratistas, lo que evitó un pleito millonario que podría surgir de eventuales denuncias sobre la construcción de las casas fiscales. La firma de esa acta, de alguna manera, funcionaría como una especie de reinicio entre las promesas pactadas del contrato inicial entre la Policía y la empresa privada, pero esa interpretación resultó equivocada, pues el contrato inicial ya no existía, ya se había cerrado el 5 de abril de 2014.

Según los abogados consultados por El Espectador, “aunque la legislación colombiana establece que la conciliación o la transacción pueden ser mecanismos para liquidar contratos y evitar litigios, de ninguna manera pueden usarse para revivir negocios ya muertos”.

La firma de esa acta no solo reiniciaría las funciones sobre las casas fiscales, sino que además ponía nuevas condiciones como que la Inversora debía entregar estudios y diseños de la obra que involucraban zonas verdes, manejo de aguas subterráneas, vertimiento de aguas residuales al río, entre otras condiciones.

Atehortúa, asesorado por su abogado, nuevamente, y con la idea de que el acta había resucitado el contrato que ya no existía, dio una nueva prórroga de cinco meses más para, ahora sí, terminar lo que se venía planeando desde 2011. Esto, según los abogados consultados por el medio, hizo que las partes se vieran involucradas en la firma de un “contrato abiertamente ilegal”. Estaban firmando prórrogas sobre algo que ya no existía.

El 29 de julio de 2015, tras muchas trabas e irregularidades, las casas se le entregaron a la Policía y, con ella, llegaron otros problemas: a una le hacía falta un mueble, ocho casas no habían recibido revisiones de aire acondicionado, otra de las casas tenía fallas en su infraestructura y, lo que terminó de hacer que todo empeorara, ninguna de las casas tenía instalación de redes de gas.

En 2020, solo la mitad de las casas están ocupadas, y Atehortúa está bajo investigación de la Procuraduría, entidad que aseguró que él había “faltado a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado en el desarrollo del proyecto (...) tras firmar el contrato de una obra en la que él no participó, no estuvo pendiente de su cumplimiento y habría recibido unas casas que, simplemente, no cumplieron con el objeto del contrato”.