La prohibición de las corridas de toros divide a dos ciudades colombianas

La nueva década comienza reviviendo un polémico tema que ha dividido a los colombianos en los últimos años, la prohibición de las corridas de toros. Vista como una tradición para algunos, y como un acto que atenta contra los derechos de los animales para muchos otros, han sido varios los intentos para regular esta práctica en el país o para prohibirla definitivamente.

El debate hoy sobre la fiesta brava, gira en torno a las dos ciudades más importantes de Colombian, su capital Bogotá y Medellín, en las que ganaron las pasadas elecciones alcaldes que hicieron campaña con una plataforma abiertamente animalista.

Pero la discusión es compleja y los intentos por restringir las corridas de toros en Colombia se han chocado con fallos judiciales del máximo tribunal del país, la Corte Constitucional, que en 2018 revivió la fiesta brava en los lugares donde tuviera “arraigo cultural” entre los que se encuentran las ciudades mencionadas.

Esa sentencia de la Corte tumbó una pasada decisión del mismo tribunal de 2017 que ordenó al Congreso legislar en un plazo de máximo dos años regulaciones para la práctica de la tauromaquia que excluyeran el maltrato animal.

La última palabra del constitucional colombiano sobre las corridas de toros se basa en conceptos como el “arraigo cultural” y el “patrimonio cultural” para ratificar algo ya dicho hace 10 años y es que pese a que los animales en Colombia son considerados seres sintientes, en lugares donde existe tradición taurina, no se considera como maltrato su uso para espectáculos propios de dicha tradición.

El caso de Bogotá

Claudia López, actual alcaldesa de la capital colombiana, se impuso en las pasadas elecciones aglutinando una gran cantidad de grupos sociales y políticos detrás. Entre ellos, colectivos animalistas que lideraron su propuesta defensa a los derechos de los animales en Bogotá.

Por eso, una de sus primeras declaraciones una vez posesionada en el cargo fue afirmar tajantemente que “no habrá dineros públicos para las corridas de toros en Bogotá”.

Pero en la capital el tema taurino es mucho más complejo, ya que las corridas que tienen su epicentro en la Plaza La Santamaría, hacen parte de la tradición reconocida de la ciudad, una de las pocas del mundo donde se sigue practicando el toreo.

El problema radica en la naturaleza del escenario donde se llevan a cabo las corridas. La Santamaría, una plaza que es patrimonio arquitectónico del Distrito capital, es un bien público, lo cual, lejos de facilitar al alcalde de turno disponer de él a su gusto y restringirlo para eventos que no apoya, como el toreo, por el contrario lo obliga a brindar las garantías para el desarrollo de esta práctica protegida constitucionalmente.

Así lo reconoció López el pasado 30 de enero, cuando en un evento público a las afueras de la plaza de toros anunció la inauguración de “La Fiesta No Brava”, una estrategia que se implementará este año para desincentivar la práctica del toros en la ciudad pero sin llegar a prohibirla completamente.

“Se trata de respetarnos mutuamente, no tiene por qué haber violencia (...). Esta es una legítima discrepancia cultural, de visión sobre la vida. Quienes quieran venir a un espectáculo de maltrato animal, lo pueden hacer. Yo lamento mucho que lo hagan en un bien público, preferiría que lo hicieran en un bien privado, por eso mi batalla este año va a ser porque ningún bien público y patrimonial se use para un espectáculo de maltrato animal ni de ninguna clase de irrespeto a la vida, pero quienes tengan esa preferencia, aquí no estamos tratando ni de condenarlos ni de imponerles preferencias", sostuvo.

Entre las estrategias a implementar no solo está dejar de destinar dineros públicos para el cofinanciamiento de las corridas de toros, sino prohibir la venta de bebidas alcohólicas dentro de la plaza y la restricción a la entrada a menores de 7 años.

Además, la bancada animalista en el Concejo de la ciudad, liderada por el Partido Verde -partido de gobierno- adelanta un proyecto que busca “asfixiar progresivamente” la práctica de actividades crueles contra los animales.

Una de estas medidas, explicó la concejala de la Alianza Verde, Andrea Padilla, quien es autora del proyecto, será obligar a que los organizadores de corridas o novilladas tengan que destinar el 40 por ciento del espacio de publicidad de sus eventos a informar sobre el sufrimiento de los animales utilizados en ellos. Además, pretende reducir las jornadas de toreo de las siete permitidas actualmente a tan solo cuatro, forzar a los organizadores de las corridas a que corran con todos los gastos, incluido el de la Policía, aumentar los impuestos a estos empresarios y eliminar los elementos que causan laceraciones, torturas o heridas a los animales, como las banderillas, la pica el estoque y otros más.

En los últimos 10 años las corridas de toros en Bogotá han estado en el epicentro de pugnas entre grupos animalistas y taurinos que incluso han derivado en actos de violencia. Como los disturbios que se presentaron a las afueras de la Plaza La Santamaría en enero de 2017, cuando volvieron las corridas a la ciudad después de que años atrás, en 2012, el entonces Alcalde, Gustavo Petro, las prohibiera.

Esa decisión, que fue considerada arbitraria por la Corte Constitucional, se mantuvo hasta 2015, año en que Petro dejó la Alcaldía en manos de Enrique Peñalosa, uno de su grandes enemigos políticos.

Es precisamente el ahora senador de la República, uno de los más críticos a las medidas adoptadas por López, actual alcaldesa, al considerarlas insuficientes para terminar definitivamente con la fiesta brava en Bogotá.

López por su parte, ha hecho énfasis en que la Plaza La Santamaría tendrá un calendario de eventos culturales paralelo a los taurinos y que con esto quieren incentivar cada vez más el uso de este espacio para promover cultura que no maltrate a los animales.

Dicha agenda empieza este 2 de febrero, al mismo tiempo que la temporada taurina comenzará a realizarse en Bogotá.

El caso Medellín

Medellín es la segunda ciudad de Colombia en importancia. Allí ganó el pasado 27 de octubre un candidato joven y catalogado como independiente llamado Daniel Quintero, quien durante la campaña, junto con sus demás contendores, firmó el manifiesto animalista que lo comprometía a defender los derechos de los animales como seres sintientes.

Posesionado en su cargo, Quintero se ha mostrado consecuente con esa promesa de campaña y al igual que López en Bogotá afirmó que su alcaldía no destinaría ni un solo peso público para realizar espectáculos que atenten contra el bienestar animal, tengan arraigo cultural o no.

Pero la decisión de Quintero ha ido un paso más adelante que la de su homóloga bogotana, porque el joven alcalde logró un convenio con la empresa privada dueña de la plaza de toros de Medellín para que esta no sea prestada para realizar corridas.

A diferencia que la capital, la Plaza La Macarena, es un escenario privado, por lo que puede ser restringido su uso a potestad de sus dueños, en este caso la empresa D’Groupe, que es su socio mayoritario con 51 % del sitio.

“A través de un acuerdo de voluntades hemos garantizado que en Medellín terminen las corridas de toros al menos por estos cuatro años. Estoy seguro de que este, al menos, es el fin de las corridas de toros en la ciudad”, explicó Quintero el pasado 28 de enero cuando dio a conocer la noticia.

En sus declaraciones fue duro con la fiesta brava diciendo que las corridas no podían ser consideradas “ni arte, ni cultura” y que “son un espectáculo del pasado a las que hay que ponerle fin”.

El compromiso del Alcalde es que no se realice una sola corrida en La Macarena durante sus cuatro años de mandato.

Si bien existe la posibilidad de que se usen otros escenarios privados o que incluso se construyan unos nuevos, la realidad es que la práctica de la tauromaquia en Colombia va en declive, incluso en ciudades como Medellín donde solía ser una tradición. Así lo demuestra la disolución el año pasado de Asotauro, que congregaba a los aficionados de la tauromaquia en la ciudad, por cuenta del el bajo apoyo estatal a la práctica, sumado al pobre recaudo que están teniendo las corridas.

Una práctica que muere en el mundo

La práctica de la tauromaquia es una de esas actividades en las que el mundo se está poniendo de acuerdo en que ya no deben existir más. Las crecientes legislaciones sobre los derechos de los animales que se expanden por todos los continentes y que tienen como base la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, firmada en parís en 1978.

Actualmente solo existen en mundo ocho países donde la tauromaquia aún está protegida por la Ley a un nivel constitucional. Ellos son España, Portugal, Francia, México, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador.

Sin embargo ese número muestra tendencias a disminuir en el mediano plazo. En Quito, capital ecuatoriana, por ejemplo, se adelantó el año pasado una prohibición para la realización de espectáculos que maltrataran animales, tales como los eventos taurinos y se convirtió su plaza de toros en un centro de eventos cultual.

En Perú, también en 2019, el tribunal constitucional admitió una demanda para prohibir estos espectáculos la cual aún está en curso y contará con una audiencia televisada que se llevará a cabo el próximo 25 de febrero.

En Colombia, las últimas iniciativas que buscaron prohibir las corridas de toros han fracasado en el Congreso. Sin embargo, con el liderazgo que están mostrando los mandatarios de Bogotá y Medellín en este tema, se abre la posibilidad de lograr que vía ley el país siga avanzando en la protección de los derechos de los animales y le de el adiós definitivo a la fiesta brava.