La convocatoria a un nuevo diálogo en Bolivia entre los sectores movilizados y el Gobierno, promovida por el Legislativo y la Iglesia católica, surge tras 25 días de bloqueos de carreteras que han generado una crisis de abastecimiento y profundizado la tensión política en el país.
El llamado tiene lugar en un contexto de desabastecimiento de alimentos y combustibles, repunte de protestas sindicales y campesinas, y crecientes demandas de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz. Los mediadores buscan frenar la escalada del conflicto social y encontrar una salida negociada que evite un mayor deterioro de la estabilidad nacional.
El vicepresidente Edmand Lara -titular de la Asamblea Legislativa-, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo formalizaron la invitación a una mesa de diálogo para este domingo en el Seminario San Jerónimo, en La Paz. Convocaron al presidente Rodrigo Paz, a la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’ y la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’, junto a otras organizaciones movilizadas, describiendo la situación como un momento crítico para el país.
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En la convocatoria, los organizadores destacaron que Bolivia atraviesa circunstancias excepcionales que exigen responsabilidad y búsqueda de consensos. Subrayaron que la ausencia de diálogo ahonda las divisiones políticas y aplaza las soluciones necesarias para la sociedad.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este sábado los bloqueos superaban los 90 cortes viales en todo el país, tras más de veinte días de conflicto desde el 6 de mayo. La Paz y El Alto han sido las ciudades más afectadas, padeciendo el mayor desabastecimiento de productos básicos, así como aumentos en precios de alimentos y escasez de oxígeno medicinal, combustibles y medicamentos.
El Ministerio de Salud reportó que el viernes entregó 486 cilindros de oxígeno medicinal a diez hospitales en la zona afectada, aunque advirtió que apenas se trata de una solución temporal y solicitó a los manifestantes que permitan el paso de suministros esenciales.
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Las protestas han dejado hasta ahora cuatro personas fallecidas y más de un centenar de detenidos durante las últimas semanas. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y el saqueo de instalaciones públicas y privadas han incrementado la presión en las calles.
Los bloqueos se extendieron también a Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, intensificando las dificultades de abastecimiento en toda Bolivia y agudizando el clima de crisis entre la población.
Las organizaciones campesinas de La Paz, la Central Obrera Boliviana y sectores relacionados con el expresidente Evo Morales exigen la renuncia inmediata de Rodrigo Paz, señalando presunto incumplimiento de compromisos y acusaciones de intentos de privatización, negadas por las autoridades.
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El diálogo propuesto estuvo condicionado a la anulación de órdenes de detención contra dirigentes sindicales. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el líder de la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’, Vicente Salazar, quedaron libres de estas medidas tras la decisión de un juzgado de La Paz.
Aun así, la participación de la COB y organizaciones campesinas en el diálogo sigue sin definirse. Argollo declaró a EFE: “Mi persona no va a traicionar a nuestras bases, al pueblo movilizado. Cualquier convocatoria que venga al diálogo, de donde venga, tiene que ser decidida por las bases y las bases son las que tienen que decidir si se asiste o no se asiste a cualquier convocatoria”.
Algunos grupos más radicales afines a Morales insisten en exigir la dimisión presidencial y rechazan cualquier negociación.
El gobierno implementó medidas de emergencia en respuesta a la magnitud del conflicto. El presidente Paz anunció la reducción a la mitad del salario propio y de los miembros del gabinete como gesto de austeridad. Además, defendió los recientes cambios en el gabinete como una reorganización puntual, no como resultado de una crisis interna.
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El Ejecutivo intensificó la distribución de productos básicos y oxígeno, mantuvo canales abiertos de diálogo con los sectores movilizados y desplegó a las fuerzas de seguridad para reabrir rutas bloqueadas, recurriendo en ocasiones a gases lacrimógenos.
La convocatoria de los mediadores se produce ante una crisis de abastecimiento y una polarización política que amenaza la estabilidad nacional. El objetivo central es reunir al gobierno y a los movimientos sociales para encarar demandas fundamentales y avanzar hacia soluciones negociadas.
Bolivia enfrenta actualmente el reto de optar por el camino del consenso para superar las divisiones y abordar las prioridades del país en medio de una compleja coyuntura social.
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