Cuando se cumplen 20 días de bloqueos en Bolivia, se perfilan dos escenarios para resolver los conflictos sociales que exigen la renuncia del presidente: por un lado, el gobierno llamó al diálogo a los sectores movilizados y por otro, avanza la abrogación de una ley que regula el estado de excepción y faculta a la Asamblea Legislativa a rechazar su aplicación.
Este lunes, el presidente Rodrigo Paz pidió disculpas por no haber podido “atender” a tiempo las demandas de algunos sectores sociales y convocó al diálogo para este miércoles en el marco del Consejo Económico y Social, cuya creación fue anunciada la semana pasada.
“Si el presidente tiene que decir disculpas por no tener el tiempo o el momento para atender (a los sectores sociales), lo hago porque el mayor orgullo de un servidor público es atender”, manifestó en un acto cívico en la ciudad de Sucre. “Si uno se equivoca, vuelve y rectifica, y con eso no pierde, gana”, agregó.
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El mandatario convocó para el miércoles 27 a las 10:00, hora local, a los sectores sociales del país al primer Consejo Económico y Social, en el que se analizarán más de 2.000 proyectos “garantizados” por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
“El diálogo será siempre el instrumento para resolver los problemas”, señaló el mandatario y advirtió que quienes no quieran resolver las diferencias por esa vía “están fuera de la constitución y la Constitución tiene límites que se tienen que aplicar.”
Ante los crecientes pedidos para dictar un estado de excepción, el Senado abrogó el domingo la ley que reglamenta esta medida —a iniciativa precisamente del presidente de la Cámara, Diego Ávila, uno de los aliados de larga data del presidente— y este martes la tratará la Cámara de Diputados.
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La norma básicamente establece el procedimiento detallado de una medida de excepción, sus límites y las responsabilidades penales en torno a ella, pero también complejiza su implementación al incorporar la aprobación del Órgano Legislativo.
De anularse esta ley, el país entraría en una zona gris del marco jurídico: si bien la Constitución Política del Estado le da al Ejecutivo la atribución de dictar un estado de excepción, señala que éste debe estar regulado por ley.
“Estamos entrando a un momento de decisiones definitivas”, afirmó en entrevista con Infobae el analista y consultor político Carlos Saavedra. “Siento que se está preparando un escenario de estado de excepción, eso significaría que la disputa pasaría de los espacios políticos del diálogo a un enfrentamiento de los movilizados con las fuerzas del Estado”.
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El llamado presidente Paz se da cuando el país cumple 20 días de bloqueos de carreteras para exigir su renuncia. La medida de presión, que inició con demandas sindicales de aumento salarial y en rechazo a una ley que permitía modificar la categorización de las tierras, derivó rápidamente en pedidos de dimisión.
La Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz cortó carreteras de la región andina del país y progresivamente sumó el apoyo de otros sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana, el movimiento indígena Ponchos Rojos y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que masificaron las protestas y subieron la presión contra el gobierno.
Fuera de los reclamos sindicales, los sectores movilizados protestan por la falta de inclusión en el gobierno y por algunas políticas que han sido consideradas en favor de las élites empresariales, como la anulación de un impuesto a las grandes fortunas o la promulgación de una ley que consideraban que promovería la concentración de tierras.
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“Hoy (ayer) lo ha planteado el presidente: uno de los problemas centrales ha sido no entender la amplitud de representación que tenía que tener el gobierno”, afirmó Saavedra. Sin embargo, remarcó que eso, bajo ningún punto de vista, “justifica que los sectores ultraradicalizados busquen la ruptura del orden democrático o generen escenarios de violencia”.
Este martes se registran al menos 50 puntos de bloqueo en todo el país, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, cuya capital lleva varias semanas cercada y enfrenta desabastecimiento de alimentos, escasez de combustible y encarecimiento de productos básicos.