La presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronenbold, presentó este miércoles su renuncia irrevocable al cargo con efecto inmediato, apenas 23 días después de haber sido posesionada por el presidente Rodrigo Paz. La dimisión, comunicada en una carta dirigida al mandatario y al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, pone fin a una gestión que nunca llegó a consolidarse y deja al Gobierno sin respuesta institucional ante la crisis de calidad del combustible que afecta al país desde diciembre.
En su carta, Cronenbold explicó que un diagnóstico técnico y administrativo realizado una vez en funciones reveló “un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”. La ingeniera industrial, con más de dos décadas de trayectoria en el sector energético, concluyó que la recuperación de la empresa exige “una reingeniería legal y administrativa de largo aliento”, incompatible con los tiempos que el Ejecutivo demanda. “No deseo que los tiempos técnicos que mi visión profesional demanda se conviertan en un obstáculo para las metas inmediatas del Estado”, señaló.
Cronenbold señaló directamente a las administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) como responsables del deterioro acumulado. En su texto, denunció que durante esos veinte años se ensambló en YPFB “una arquitectura perniciosa” con “candados” que el actual Gobierno intenta desmantelar. Al renunciar, recomendó “explorar nuevas rutas de gestión” alineadas con las urgencias de la agenda nacional, una formulación que sugiere que las limitaciones no son solo técnicas, sino también políticas.
La salida de Cronenbold es el segundo relevo en la cúpula de YPFB en menos de dos meses. Fue designada el 30 de marzo en reemplazo de Yussef Akly, destituido tras una huelga de sindicatos de transportistas de La Paz y El Alto que protestaron por la distribución de gasolina en mal estado. En el acto de posesión, Paz anunció que con la llegada de Cronenbold comenzaba “un segundo tiempo para YPFB” y le encomendó producir gasolina propia y recuperar el rol de la empresa como compañía “pujante”. La promesa duró menos de un mes.
La crisis hunde sus raíces en una decisión estructural tomada en diciembre pasado. El 18 de ese mes, el Gobierno eliminó la subvención a los combustibles, una política que había mantenido los precios congelados durante más de dos décadas a un costo de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales. El precio de la gasolina especial pasó de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro y el del diésel aumentó un 163%. La medida buscaba frenar el desangre fiscal y el contrabando que, según el Ministerio de Hidrocarburos, consumía cerca de la mitad del diésel subsidiado. Sin embargo, la transición abrió brechas operativas que la estatal no estaba en condiciones de gestionar.
A inicios de febrero, YPFB admitió haber detectado residuos de goma y manganeso en sus tanques de almacenamiento, un “desbalance” en la composición del combustible atribuido a problemas “heredados”. Los daños en el parque automotor generaron protestas sostenidas. El Gobierno respondió con el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), mediante el que desembolsó más de dos millones de dólares para compensar daños en más de 7.100 vehículos. La medida no apaciguó al sector: la víspera de la renuncia, los sindicatos de transportistas declararon la “emergencia nacional” y anunciaron nuevas movilizaciones si el Ejecutivo no ofrece soluciones “contundentes”.
El trasfondo es una dependencia estructural que la crisis ha vuelto insostenible. Bolivia importa casi la totalidad del diésel y alrededor del 60% de la gasolina que consume, procedentes de Argentina, Chile, Perú y Paraguay, según el Ministerio de Hidrocarburos. La caída de la producción local, el agotamiento de reservas internacionales y la pérdida de mercados de exportación de gas —Brasil redujo compras y Argentina abandonó el contrato— dejaron a YPFB sin margen operativo real. En ese escenario, la empresa debe resolver simultáneamente el abastecimiento y una crisis de calidad cuyo origen técnico sigue abierto.