La falta de lluvias en las zonas clave de generación hidroeléctrica volvió a encender las alertas en Ecuador, un país cuya matriz energética depende mayoritariamente del agua. La reducción sostenida de los caudales en el embalse Mazar, parte del complejo Paute, y en el río Coca, que alimenta a la central Coca Codo Sinclair, está comprometiendo la producción de electricidad en dos de las infraestructuras más importantes del sistema nacional, responsables de una porción significativa del suministro energético.
El complejo hidroeléctrico Paute, ubicado en la región sur andina, aporta aproximadamente el 40 % de la electricidad del país. Su principal reserva, el embalse Mazar, ha registrado una caída acelerada en sus niveles debido a la ausencia de precipitaciones en la cuenca alta. En apenas una semana, la cota descendió 6,8 metros, pasando de 2.150,5 a 2.143,7 metros sobre el nivel del mar, lo que refleja un ritmo de consumo que supera la capacidad de recuperación del sistema. Este descenso no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de factores estructurales: mayor demanda energética, estacionalidad climática adversa y limitada diversificación de fuentes de generación.
La situación se agrava por la caída crítica del caudal del río Paute. Mientras el nivel óptimo de operación se sitúa en 141 metros cúbicos por segundo, el registro reciente apenas alcanzó los 17,45 metros cúbicos por segundo, una cifra que compromete seriamente la capacidad de generación hidroeléctrica, según datos recogidos por Ecuavisa. En paralelo, la central Coca Codo Sinclair, de construcción china, ubicada en la Amazonía, también enfrenta restricciones operativas. Esta planta requiere al menos 222 metros cúbicos por segundo para funcionar en condiciones normales, pero el caudal del río Coca descendió a cerca de 100 metros cúbicos por segundo, reduciendo significativamente su aporte al sistema eléctrico.
En términos operativos, el complejo Paute ha tenido que compensar parcialmente la caída en la producción de Coca Codo Sinclair, lo que incrementa la presión sobre sus reservas hídricas. Este mecanismo de compensación, aunque funcional en el corto plazo, acelera el agotamiento del embalse y eleva el riesgo de una crisis energética si las condiciones climáticas no mejoran. El sistema eléctrico ecuatoriano, altamente dependiente de la hidroelectricidad, queda así expuesto a variaciones climáticas que afectan simultáneamente a varias cuencas.
El resto de centrales hidroeléctricas del país —como Sopladora, San Francisco, Agoyán y Manduriacu— continúa operando, pero también con niveles de generación por debajo de su capacidad instalada. Esto configura un escenario de estrés sistémico, en el que ninguna de las principales fuentes logra compensar completamente la caída de las otras. A pesar de ello, el Gobierno ha descartado, al menos por ahora, la posibilidad de racionamientos eléctricos, asegurando que se han activado todas las fuentes disponibles, incluidas las plantas térmicas, para sostener la demanda.
Sin embargo, la coyuntura ha abierto un flanco externo. Colombia, país vecino con el que Ecuador mantiene tensiones comerciales recientes, ha ofrecido reanudar la venta de energía eléctrica, con una capacidad de hasta 450 megavatios. La oferta, realizada públicamente por autoridades colombianas, se produce en un momento en que Ecuador enfrenta limitaciones internas para garantizar su autosuficiencia energética.
Ecuador ya experimentó apagones en 2023 y 2024 asociados a condiciones similares, lo que evidencia que el problema no es coyuntural, sino estructural. La actual reducción de caudales en Mazar y Coca Codo Sinclair no solo anticipa posibles restricciones en el suministro, sino que reabre el debate sobre la necesidad de diversificar la matriz energética, fortalecer las reservas estratégicas y mejorar la gestión integral del agua.
En este escenario, el margen de maniobra del país depende de la evolución de las lluvias en las próximas semanas y de la capacidad de respuesta institucional para equilibrar la oferta y la demanda.