La semana pasada, el Ministerio de Hacienda anunció que en el contexto de ajuste fiscal, el Gobierno comenzará a cobrar el Crédito con Aval del Estado (CAE) a miles de estudiantes universitarios morosos y en paralelo, el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a las autoridades en ejercicio que aún no han saldado su deuda a “ponerse al día”, sin dar mayores nombres, puesto que dicha información no es pública.
Sin embargo, este domingo un reportaje de El Mercurio reveló que ocho diputados y seis autoridades de Gobierno registran millonarios compromisos impagos con diversas instituciones educativas, los que en algunos casos bordean los $40. millones (unos USD 43 mil).
Entre los primeros la lista es liderada por diputada Claudia Reyes (PR), con una deuda de cerca de $38 millones (USD 40,7 mil) con la Universidad Austral de Chile, asunto por el que aún no se ha referido públicamente.
Su par, José Carlos Meza (PR), quien adeuda unos $16 millones (USD 17 mil) a la Universidad Católica de Valparaíso, aseguró por su parte que “verifiqué con la universidad y me informaron que el último pago se hizo en 2023. Desde abril podré suscribir un convenio para continuar pagando”.
Mas abajo vienen la diputada Nathalie Castillo (PC), con $27,8 millones (USD casi 30 mil); al independiente Héctor Ulloa, con $18,6 millones unos USD 20 mil) y Carolina Tello (FA), con $12,9 millones (USD 13,800).
Otros que registran deudas mas bajas son los socialistas Emilia Nuyado y Francisco Crisóstomo, y la socialcristiana, Sara Concha.
Otras autoridades morosas
Asimismo, al menos otras seis autoridades designadas por el actual Gobierno también se encuentran en mora, siendo Ricardo Figueroa (UDI), Delegado provincial de Los Andes, quien registra la mayor deuda de todos, unos $40 millones (USD 43 mil).
La lista se completa con las siguiente autoridades:
-Katherine López (Delegada presidencial de Antofagasta).
-Jorge Abello (Delegado provincial de General Carrera).
-José Bravo (Seremi de Salud de La Araucanía).
-Carlos Zirotti (Seremi de Economía de La Araucanía).
-Mario Delannays (Seremi de Medio Ambiente del Bío-Bío).
Cobros en dos fases
Según un nota de Radio ADN, los cobros comenzarán a materializarse desde abril, cuando serán notificados todos aquellos deudores que tengan ingresos mensuales superiores a los $5 millones (USD 5,300), a quienes incluso se les podría descontar dinero en cuotas desde sus cuentas bancarias y hasta embargar bienes.
De acuerdo a información del Gobierno, unas 1.800 personas que ya fueron individualizadas por la Tesorería General de la República (TGR) se encontrarían en este escenario, con deudas que bordean en promedio los $11 millones (USD 11,800) por persona y que representan una merma para el estado de más de US$20 millones.
Una vez pactado el cobro de estos dineros, las autoridades irán por aquellos cuyos ingresos mensuales van entre los $1,5 millones (USD 1.600) y $5 millones, quienes deberán apersonarse en las oficinas de la Tesorería para regularizar su deuda.