La Justicia uruguaya ordenó hace dos años y medio que la cárcel de mujeres de Uruguay tenía que mejorar sus condiciones de reclusión. Pero el Ministerio del Interior –la cartera a cargo de la seguridad del país– incumplió con ese mandato y los problemas en el lugar continuaron: siguió habiendo hacinamiento en las celdas, problemas sanitarias y eléctricos y falta de personal para atender a las más de 800 reclusas que están allí.
La Justicia había actuado luego de que funcionarios de la cárcel presentaran un recurso de habeas corpus, que es una herramienta de amparo para proteger a las personas de condiciones que vulneren la dignidad humana.
Ahora el gobierno uruguayo prepara una nueva sede para esta reclusión especial (la Unidad N° 5 del Instituto Nacional de Rehabilitación–INR–), pero desde antes de mudarse advierte que los problemas van a continuar, según informó el semanario uruguayo Búsqueda.
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La falta de operadores penitenciarios y de policías dificulta la salida al patio, que las privadas de libertad deben tener dos veces a la semana. También provoca que no se pueda cumplir con las actividades educativas, laborales y también con el acceso a la salud.
El gobierno está preparando para trasladar a mujeres privadas de libertad a una nueva cárcel en Punta de Rieles –donde hay otras prisiones–, que está previsto que comience a funcionar el 4 de mayo. Las internas comenzarán a llegar a ese lugar a partir de la tercera semana del mes.
La directora del INR, Ana Juanche, declaró a Búsqueda que este nuevo establecimiento permitirá un cambio “sustantivo” en las condiciones de reclusión de las mujeres, en particular en las condiciones materiales. Sin embargo, continuarán los problemas: el déficit de personal “no se va a revertir diametralmente en poco tiempo”. La falta de funcionarios se irá corrigiendo de manera gradual, aseguró Juanche.
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Hoy la realidad de la cárcel es “levemente distinta”, en palabras de la autoridad del instituto que gestiona los centros penitenciarios. Cuando comenzó el proceso judicial, este lugar tenía 719 mujeres privadas de libertad; la cifra creció hasta 820 a finales del año pasado. La estructura edilicia está preparada para alojar a 470 personas.
Estos datos reflejan otro problema que tiene la cárcel: la cantidad de mujeres presas en Uruguay crece a un ritmo que triplica a los hombres. Desde el inicio del siglo, la población carcelaria viene creciendo un 6% en promedio todos los años. Pero desde 2018, el promedio de aumento de las mujeres privadas de libertad es de un 18%: un ritmo tres veces mayor.
A principios de junio de 2025 eran 1.426 las mujeres presas, que son el 8%del total de la población carcelaria. En 2019, eran el 5%. Del total, 543 tienen menos de 30 años.
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De acuerdo a datos publicados por Búsqueda, el déficit de personal impacta directamente en la vida cotidiana dentro de la cárcel. El área técnica, que se encarga del proceso de rehabilitación, cuenta con unos 30 funcionarios para atender a más de 820 internas. En el área operativa, que se encarga de la seguridad, hay 74 policías y 27 operadores penitenciarios para todos los turnos. “Es claro que no es suficiente para la población que tiene la unidad”, consideró la jueza que analizó el caso.
Y así se genera un efecto dominó: la falta de funcionarios condena el acceso a la salud, en particular para los traslados a los hospitales, que siempre deben realizarse con dos custodios. Entonces, las consultas con el médico siempre se terminan postergando por falta de vehículos para el traslado o de personal disponible.
El Ministerio del Interior informó días atrás que hubo una mejora en las instalaciones eléctricas y sanitarias, pero el fallo de la jueza no lo acreditó.
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