El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dejó sin efecto el decreto que permitía la importación de grano de soya con arancel cero, en medio de protestas del sector productivo y la amenaza de intensificar las medidas de presión. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5591, que anula la normativa aprobada en febrero de este año.
La disposición eliminada —el Decreto Supremo 5547— establecía la reducción del gravamen a cero para la importación del grano hasta finales de 2026. Según señalaba la norma, la intención del Gobierno era “fortalecer la producción de subproductos de soya” .
Sin embargo, la medida generó rechazo entre productores, que denunciaban un impacto negativo en la producción nacional y advertían que podía provocar una “competencia desleal”. Según la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), el decreto era también innecesario porque la producción nacional supera la demanda en más del 80%.
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El conflicto se intensificó en los últimos días con movilizaciones y bloqueos, especialmente en la carretera entre los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, donde los productores exigían la anulación de la norma y amenazaban incluso con tomar pozos petroleros. El sector sostenía que la importación sin aranceles perjudicaba los precios internos y ponía en riesgo la sostenibilidad de la actividad agrícola.
El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que la decisión de abrogación responde a acuerdos alcanzados con los sectores involucrados. “La abrogación ha sido producto de un compromiso al que se ha llegado entre productores, la industria y el Gobierno”, afirmó, citado por medios locales.
Con la nueva disposición, el país retorna al esquema arancelario previo, que contempla tasas diferenciadas según el tipo de producto importado.
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Se trata de la segunda vez que la administración de Paz da marcha atrás con un decreto en medio de presión social en lo que va de su gestión. En enero, el presidente abrogó el polémico decreto 5503 con el que se establecían ajustes económicos y mediante el cual se levantó el subsidio a los combustibles.
Esa norma incluía más de cien artículos con los cuales se disponía, por ejemplo, el aumento del salario mínimo y de algunos bonos sociales. Sin embargo, también fijaba modificaciones al procedimiento para establecer contratos estatales sobre recursos estratégicos a través de un mecanismo “fast track”, que algunos sectores rechazaron porque consideraban que abriría la puerta a la privatización de recursos y empresas estatales.
Bajo el lema “Bolivia no se vende”, los sindicatos obreros que encabezaron las protestas exigieron la abrogación de la norma promulgada el 17 de diciembre: pedían, por un lado, establecer la subvención de los combustibles y el incremento de bonos sociales, y por otro, remitir a la Asamblea Legislativa los demás artículos del decreto para que sean debatidos en el marco de una ley.
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Luego de tres semanas de protestas, los ministros de Gobierno, Presidencia y Economía anunciaron la abrogación de la norma. “Hay que anular lo que no quieren y transferir lo que están aceptando a otro decreto”, informó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, tras una reunión con dirigentes sindicales.
Estas decisiones, dos decretos propios abrogados en cuatro meses de gestión, exponen la capacidad de presión de algunas organizaciones sobre el Gobierno y ponen sobre la mesa el debate acerca de la estabilidad de las políticas económicas que encara la administración de Paz.