En menos de dos meses, tres altas funcionarias públicas de Bolivia dejaron sus cargos en medio de controversias y presiones políticas que marcaron la agenda pública.
La primera fue Margot Ayala, exdirectora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que el 11 de febrero dimitió en medio del escándalo por la calidad de la gasolina. Los choferes se movilizaron denunciando que sus vehículos habían sido dañados por el combustible, algo que luego fue admitido por el presidente de la estatal petrolera y el ministro de Hidrocarburos, quienes atribuyeron la contaminación de la gasolina a residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento.
En medio de la presión creciente, Ayala dio una conferencia de prensa en la que leyó su carta de renuncia. “Para preservar mi integridad profesional y personal, considero responsable conmigo misma dar un paso al costado”, afirmó. Ayala indicó que durante su gestión identificó una red de corrupción que, cuando vio afectados sus intereses, emprendió “un ataque sistemático” en su contra para denigrarla como mujer y profesional.
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Tres semanas más tarde, la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, estuvo en la mira por una declaración relacionada con una de las principales promesas electorales de Rodrigo Paz: la redistribución de recursos fiscales bajo un modelo “50/50” con las regiones.
En medio de reuniones con autoridades de Santa Cruz para definir el nuevo modelo de distribución, Barrientos afirmó en una rueda de prensa que no podía fijar un plazo para la culminación del proceso. “Es difícil decir ‘esto dura dos o tres días, cinco semanas o diez años’; lo que vamos a hacer es que sea corto y efectivo”, afirmó y desató una tempestad.
Su declaración fue interpretada por algunos líderes cruceños como una afrenta contra la autonomía, quienes, hambrientos de inmediatez, exigieron su renuncia. En medio de la controversia, Barrientos dimitió el 11 de marzo, luego de que el gobernador Luis Fernando Camacho, uno de los principales interlocutores del gobierno en asuntos regionales, dijera que no dialogaría sobre el tema mientras Barrientos ocupe el cargo.
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La tercera renuncia se produjo una semana después, el 17 de marzo. La vocera presidencial Carla Faval explicó a través de un comunicado que dejaba el puesto por una decisión personal y dijo que buscaba “contribuir desde otros espacios” al país y a la gestión del presidente Paz, a quien colaboró desde el inicio del mandato como una de las encargadas de la transición gubernamental.
Su salida se produjo en medio de cuestionamientos a su trabajo, especialmente tras un error de comunicación sobre un supuesto restablecimiento de embajadores entre Bolivia y Chile, que luego tuvo que ser rectificado. A este episodio se suman críticas por el manejo comunicacional del Gobierno a raíz de contradicciones públicas entre autoridades y presuntas tensiones internas.
El presidente Paz no se pronunció públicamente sobre ninguno de los tres casos. En la ANH designó a un director interino; mientras que el Viceministerio de Autonomías y vocería presidencial continúan acéfalos.
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Si bien cada renuncia tiene sus propias particularidades, algunos analistas señalan que se inscriben en un contexto más amplio en el país, donde persisten patrones de violencia política contra la mujer que han sido documentados en los últimos años, con más de 900 denuncias registradas entre 2012 y 2025, lo que refleja un problema estructural.