El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay se fijó como objetivo tener patrulleras oceánicas antes del cierre de la administración, en 2030. Este compromiso fue pronunciado en la misma conferencia de prensa en la que el mandatario anunció que el contrato con el astillero español Cardama –al que le había comprado dos buques OPV– fue rescindido. Ahora se inició la etapa de ofertas.
Uruguay ha recibido, hasta el momento, al menos cinco ofertas de interesados en vender las patrulleras, según confirmó el propio Orsi este lunes en una rueda de prensa. “Estas dos semanas que pasaron recibimos propuestas, por lo menos van cinco”, dijo el mandatario ante los medios.
El objetivo que se traza la administración es tener seleccionadas las mejores ofertas antes de fin de mes, marcó Orsi. Para el mandatario es necesario elegir la “mejor opción” y señaló que el “tema de costos” es uno de los puntos a evaluar, pero no el único. “Por comprar barato no podemos cometer los errores que de repente se han cometido otras veces”, expresó.
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A mediados de febrero, el gobierno confirmó la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, luego de detectar una serie de irregularidades en las garantías que entregó la empresa con sede en Vigo. Uruguay ya le había pagado unos USD 30 millones de dólares, casi un tercio del precio total de las dos patrulleras oceánicas que había comprado.
Esta historia, que tuvo un mojón el viernes cuando el presidente Orsi anunció la decisión, tiene como trasfondo una diferencia política entre la gestión actual de la coalición de izquierda Frente Amplio y el gobierno de Luis Lacalle Pou. Incluso, este tema motivó un enfrentamiento público entre ambos mandatarios.
El asunto será analizado también en el Parlamento uruguayo. Este lunes, la Asamblea General decidió conformar una comisión investigadora con senadores y diputados para investigar todo el proceso llevado adelante para adquirir patrulleras oceánicas.
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En el sistema político uruguayo hay consenso en que son necesarias las patrulleras oceánicas para custodiar la soberanía uruguaya en el mar. En 2021, el gobierno de Lacalle Pou realizó un llamado a licitación para que Uruguay pueda contar con buques OPV. El llamado quedó desierto inicialmente. Luego apareció la empresa Cardama, a la que el Ministerio de Defensa Nacional –encabezado por Javier García– encomendó la compra en 2023.
Ahora el gobierno espera nuevas ofertas y en los ofrecimientos mira las condiciones técnicas y la transparencia, evaluó Orsi. El Poder Ejecutivo pretende tener la “tranquilidad de que lo está pagando y lo van a hacer”, comentó este lunes ante los medios.
Una de las posibilidades para comprar las patrullas oceánicas es, nuevamente, España porque tiene “varios astilleros”. “Lo importante es que sean empresas que estén acostumbradas a hacer estas cosas. Es raro comprarle algo a alguien que nunca en la vida lo hizo”, dijo Orsi. Este último comentario hace referencia a una de las principales críticas que ha recibido este proceso de compras desde la izquierda: Cardama no tenía experiencia en la construcción de este tipo de embarcaciones.
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Fue en octubre que el presidente Orsi convocó a una conferencia de prensa para anunciar que se comenzó el proceso de rescisión del contrato, luego de detectar que la garantía de fiel cumplimiento que había presentado Cardama era falsa. El gobierno también decidió presentar una denuncia penal.
Luego, continuaron investigaciones administrativas y ampliaciones de denuncias sobre el mismo caso. A su vez, en Vigo, inspectores de la Armada uruguaya certificaban de inconvenientes en la construcción. Además, el gobierno contrató a la empresa Bureau Veritas para que hiciera una auditoría externa que llegó a una conclusión: la calidad de la obra era “satisfactoria” pero había retrasos que hacían imposible que se entregara en tiempo y forma.