El Congreso de Perú destituyó el martes al presidente José Jerí, apenas cuatro meses después de que asumiera el cargo, tras un escándalo por reuniones no reveladas con un empresario chino. La medida prolonga la inestabilidad política que afecta al país andino desde hace años y convierte a Jerí en el tercer mandatario consecutivo removido del poder.
La votación registró 75 legisladores a favor de la destitución, 24 en contra y tres abstenciones. Con esa decisión, el Parlamento dejó vacante la jefatura del Estado y deberá elegir a un nuevo presidente del Congreso, quien asumirá automáticamente la presidencia de la República, lo que colocará a Perú ante su octavo mandatario en pocos años.
El escándalo que precipitó la caída, conocido como “Chifagate”, estalló cuando Jerí apareció en imágenes llegando de noche a un restaurante con capucha para reunirse con el empresario chino Zhihua Yang, propietario de tiendas y titular de una concesión energética. La cita no figuraba en la agenda oficial ni se comunicó públicamente.
Jerí había llegado al poder en octubre tras la destitución de su predecesora, Dina Boluarte, removida por el Congreso en medio de denuncias de corrupción y descontento social por el aumento de la delincuencia. Sin vicepresidente en funciones, Jerí —entonces titular del Parlamento— ocupó la presidencia por línea de sucesión.
Ese mismo carácter interino facilitó su salida. En lugar de un juicio político, que exige una supermayoría de 87 votos en un Congreso de 130 miembros, los legisladores aprobaron una censura que lo despojó de la presidencia del Parlamento con mayoría simple, lo que automáticamente lo sacó también de la jefatura del Estado.
La congresista Ruth Luque, que respaldó la medida, sostuvo que el objetivo es iniciar una transición centrada en la ciudadanía. “Pedimos que se ponga fin a esta agonía para que podamos realmente crear la transición que la ciudadanía anhela”, afirmó. También advirtió sobre prácticas opacas en la política reciente: “No una transición con intereses ocultos, tráfico de influencias, reuniones secretas y figuras encapuchadas. No queremos ese tipo de transición”.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se negó a asumir la presidencia pese a que la Constitución lo ubica como sucesor inmediato. Por ello, el Parlamento deberá elegir a un nuevo titular el miércoles, quien quedará automáticamente al frente del Ejecutivo.
Jerí manifestó que respetará la decisión legislativa. Su salida reproduce un patrón de destituciones rápidas que, según analistas, evidencia la incapacidad del sistema político para atender demandas sociales como seguridad y lucha contra la corrupción.
Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, consideró que la votación respondió también a cálculos electorales. “Me parece que no hay rastro de altruismo aquí, solo cálculos electorales”, señaló. “Muchos legisladores concluyeron que apoyar a Jerí los perjudicaría en las elecciones, así que tuvieron que actuar”.
La nueva transición se producirá a menos de dos meses de las elecciones generales previstas para el 12 de abril, en un escenario con decenas de candidatos y un electorado mayoritariamente indeciso, según encuestas recientes. La sucesión recuerda a la de 2020, cuando Francisco Sagasti asumió tras la breve presidencia de Manuel Merino y masivas protestas.
Pese a la turbulencia institucional, la economía peruana mostró resistencia. El país registró un crecimiento de 3,4% en 2025 y una inflación de 1,7%, cifras que reflejan estabilidad macroeconómica en un contexto político volátil, impulsada en gran parte por el sector minero.
La destitución de Jerí refuerza la percepción de un sistema político atrapado en ciclos de gobiernos breves y enfrentamientos entre poderes del Estado. Mientras el Congreso se prepara para designar a un nuevo líder, Perú encara otra transición acelerada con la incertidumbre de si el próximo mandatario logrará completar el camino hasta las elecciones.