El 4 de febrero circuló la versión de que Álex Saab, señalado por Estados Unidos como uno de los principales operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro, habría sido capturado nuevamente en Venezuela. La información fue desmentida públicamente por personas cercanas a su entorno, pero, según fuentes de inteligencia. El nombre de Saab volvió a activarse y trae nuevamente a la luz los reportes ligados a flujos financieros irregulares y redes de corrupción.
Además de la controversia sobre su paradero actual, los expedientes judiciales, informes legislativos y documentos de inteligencia ya existentes muestran que Ecuador fue una pieza clave en el sistema que habría permitido a Saab lavar dinero proveniente de la corrupción chavista, especialmente durante los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa.
Entre 2009 y 2014, según investigaciones de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y de la Fiscalía ecuatoriana, realizadas en el 2021, operó un esquema basado en exportaciones ficticias o sobrefacturadas entre Ecuador y Venezuela. El corazón de ese mecanismo fue la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons), constituida por Saab y su socio Álvaro Pulido, con una filial establecida en Ecuador.
Los registros oficiales muestran que Foglocons Ecuador declaró exportaciones por cientos de millones de dólares en materiales de construcción que, en muchos casos, no llegaron a destino. El dinero era canalizado a través del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), un mecanismo creado en el marco del ALBA para facilitar pagos entre bancos centrales, que terminó operando —según múltiples informes— como una vía opaca para mover divisas sin controles internacionales efectivos.
La Fiscalía ecuatoriana detectó que, entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, Foglocons Ecuador recibió cerca de USD 160 millones, aunque solo pudo justificar exportaciones reales por poco más de USD 3 millones. Las diferencias se explicaban mediante facturas duplicadas, operaciones simuladas y sobrevaloración de bienes, prácticas típicas de lavado de activos.
El dinero ingresaba al Banco Central de Venezuela, se convertía en “sucres” —multiplicando artificialmente su valor— y luego regresaba al Banco Central del Ecuador para transformarse nuevamente en dólares, que finalmente se depositaban en cuentas de exportadores ecuatorianos. En algunos casos, los contenedores enviados a Venezuela iban vacíos, mientras los recursos se redistribuían entre intermediarios, funcionarios y estructuras offshore.
La trama no solo fue financiera y fue revelada en un primer momento por el político asesinado Fernando Villavicencio. Los documentos del llamado “dossier ecuatoriano” detallan vínculos entre Saab y actores políticos de la región, así como pagos de favores, vuelos privados y relaciones con figuras cercanas al chavismo, lo que amplió el alcance regional de las investigaciones y atrajo la atención de agencias estadounidenses, incluido el FBI.
En Ecuador, el caso avanzó inicialmente con la incautación de USD 57 millones a Foglocons. Sin embargo, el proceso judicial terminó en sobreseimientos que hoy vuelven a ser cuestionados. Dos jueces que integraron el tribunal que falló a favor de los socios de Saab, Fabiola Gallardo y Johan Mafertán, sentenciados dentro del caso “Purga”, que expuso vínculos entre el narcotráfico y el sistema judicial ecuatoriano.
Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, sostuvo que el sistema SUCRE “no sirvió para nada más que para lavar dinero” y estimó que alrededor de USD 2.000 millones habrían sido blanqueados mediante exportaciones ficticias vinculadas a Saab entre Ecuador y Venezuela.
Las defensas de Saab y de dirigentes políticos señalados han insistido en que se trata de persecuciones políticas y que los hechos ya fueron investigados en Ecuador. No obstante, fuentes de inteligencia regionales sostienen que muchas de las redes financieras creadas en ese período no fueron completamente desmanteladas, y que parte de esos circuitos habría mutado hacia nuevas formas de operación tras la extradición de Saab a Estados Unidos y su posterior retorno a Venezuela.
En ese contexto, el anuncio no confirmado de una nueva captura de Saab reactivó alertas en organismos de seguridad y fiscalías de la región. Más que su situación personal, lo que preocupa es la vigencia del modelo: un entramado que combinó empresas fachada, sistemas de compensación regional, protección política y decisiones judiciales favorables para mover recursos públicos fuera del radar institucional.