El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz congeló el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) durante un periodo de hasta seis meses como medida compensatoria al drástico aumento de los combustibles registrado tras la eliminación de subsidios en diciembre pasado. La decisión busca amortiguar el impacto inflacionario de una de las reformas económicas más profundas implementadas en el país andino en las últimas dos décadas.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, anunció el martes que el precio de la garrafa de gas quedará fijado en 22,50 bolivianos (aproximadamente 3,20 dólares) hasta mediados de 2026. La medida responde a la presión social generada por el levantamiento de los subsidios a la gasolina y el diésel, que duplicó el valor de estos combustibles y desató protestas en diversas ciudades del país.
Paz, quien llegó al poder en noviembre tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda, enfrenta una de las crisis económicas más severas de la historia reciente boliviana. La eliminación de subsidios, concretada el 18 de diciembre mediante el decreto 5503, elevó el precio de la gasolina especial de 0,53 a un dólar por litro, mientras que el diésel pasó de ese mismo valor a 1,40 dólares. El GLP fue la única excepción en este ajuste generalizado.
La administración de Paz heredó una economía debilitada por años de desinversión en el sector energético. La inflación cerró 2024 en 9,97%, la más alta en 16 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). A esto se sumó el agotamiento acelerado de las reservas internacionales, la escasez crónica de dólares y un desabastecimiento de combustibles que comenzó a mediados del año pasado.
El sector de hidrocarburos, antaño motor de la economía boliviana, atraviesa un declive dramático. Las reservas certificadas de gas natural cayeron de 8,95 trillones de pies cúbicos (TCF) en 2018 a apenas 4,5 TCF en 2023, una reducción del 50% en cinco años. La producción diaria de gas natural se desplomó de 59 millones de metros cúbicos en 2014 a entre 37 y 38 millones actualmente.
Este colapso tiene raíces estructurales. Entre 2015 y 2019 prácticamente no se ejecutaron proyectos de exploración, y la pandemia de 2020 paralizó por completo el sector. El ex presidente Luis Arce (2020-2025) reconoció en 2024 que las reservas “han tocado fondo” y admitió que el gobierno anterior “se comió el gas” al priorizar la distribución de ingresos sobre la inversión en nuevos yacimientos.
Medinaceli señaló que la producción de gas natural está garantizada con “alta probabilidad” durante tres o cuatro años más. Sin embargo, advirtió que la reactivación del sector requiere modificar la legislación sobre hidrocarburos, un desafío político considerable dado que el partido de Paz carece de mayoría en la Asamblea Legislativa.
El gobierno atribuyó el desabastecimiento de GLP registrado en enero a las redes de contrabando, que aprovecharon la diferencia de precios con países vecinos donde el gas licuado cuesta más del triple. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha sido señalada por presunta corrupción sistemática en la distribución de combustibles subsidiados.
Bolivia llegó a ser una potencia gasífera regional hace más de una década. El gas natural fue su principal producto de exportación, con ventas principalmente a Brasil y Argentina que generaron 6.624 millones de dólares en 2014. Para 2022, esos ingresos se habían desplomado a 3.050 millones, relegando al sector al tercer lugar de las exportaciones detrás de la minería y los productos no tradicionales.
El desafío que enfrenta Paz es monumental. Debe reactivar un sector energético en franca decadencia, reformar una legislación que los expertos consideran obsoleta, negociar con una oposición que controla el Congreso y gestionar el malestar social provocado por un ajuste económico que afecta directamente el bolsillo de millones de bolivianos. El congelamiento del precio del GLP es apenas un paliativo temporal en una crisis que requiere soluciones de fondo.