La muerte de seis personas privadas de libertad en la Penitenciaría del Litoral, registrada la mañana del lunes, volvió a poner en evidencia el deterioro extremo de las condiciones sanitarias en el mayor centro carcelario de Ecuador, marcado desde hace meses por brotes de tuberculosis, desnutrición crónica y fallas estructurales en el acceso a atención médica. Los cuerpos fueron hallados en los pabellones 3, 5 y 7, sin signos visibles de violencia, según la información preliminar reportada por la Policía Nacional y personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) .
El hallazgo fue reportado alrededor de las 09:00 y el levantamiento de los cadáveres se extendió hasta las 13:00. Las víctimas fueron identificadas como Stalin S., de 30 años; José E., de 23; Ronald J., de 32; Diego R., de 25; Juan S., de 35, y Eduardo R., de 27, todos de nacionalidad ecuatoriana. Hasta el cierre de esta edición, el SNAI no había emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas de los fallecimientos, que quedaron sujetas a los resultados de las autopsias practicadas en la morgue de Guayaquil.
Aunque las autoridades no han confirmado un diagnóstico, las muertes ocurren en un contexto ampliamente documentado de crisis sanitaria dentro de la Penitenciaría del Litoral. Desde 2024, familiares, organizaciones de derechos humanos y personal médico han advertido sobre el avance de la tuberculosis y el impacto de la desnutrición prolongada entre la población carcelaria. Durante 2025, estos señalamientos se intensificaron con denuncias públicas sobre internos con pérdida extrema de peso, enfermedades no tratadas y retrasos prolongados en el traslado a hospitales.
Un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), elaborado tras una visita judicial realizada en abril de 2025, describió un escenario de insalubridad generalizada, ausencia de agua potable y energía eléctrica en varios pabellones, hacinamiento severo y suspensión de tratamientos médicos por falta de coordinación institucional. En ese recorrido, el CDH constató la presencia de cientos de internos con diagnóstico confirmado de tuberculosis que no habían recibido medicación durante meses, así como personas en estado crítico sin posibilidad de ser evacuadas por falta de ambulancias y restricciones de acceso impuestas por el control militar.
Las condiciones de alimentación también han sido señaladas como un factor determinante. Familiares de internos han denunciado irregularidades en la distribución de comida, raciones insuficientes y la exposición de los alimentos a condiciones antihigiénicas antes de su entrega. En el mismo informe, se documentó la presencia de contenedores con arroz infestados de moscas, alimentos expuestos durante horas al sol y la ausencia de registros que permitan verificar que la dieta llegue efectivamente a todas las personas privadas de libertad. Según organizaciones acompañantes, este cuadro ha contribuido al debilitamiento físico de los internos y a una mayor vulnerabilidad frente a enfermedades infecciosas.
Las seis muertes de este lunes se suman a una serie de fallecimientos registrados en las últimas semanas en la Penitenciaría del Litoral. De acuerdo con publicaciones previas, al menos 15 reos murieron en un lapso de cuatro días, también sin signos de violencia, lo que reforzó las alertas sobre muertes por causas asociadas a enfermedad y abandono estatal. Familiares han señalado que, en algunos casos, los cuerpos permanecen horas o incluso días en los pabellones antes de ser retirados, debido a la falta de personal y protocolos claros.
La crisis ha escalado al plano internacional. En 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de todas las personas privadas de libertad del centro, al considerar que enfrentan un riesgo grave e inminente para su vida e integridad. En ese marco, el Estado ecuatoriano instaló recientemente una mesa de emergencia interinstitucional, destinada a abordar la crisis sanitaria, mejorar la coordinación entre entidades y frenar las muertes bajo custodia.
Sin embargo, familiares de internos y organizaciones de derechos humanos advierten que las mesas y anuncios llegan tarde frente a una situación que, según sus estimaciones, habría dejado cientos de fallecidos por desnutrición, tuberculosis y condiciones insalubres en los últimos años. Reclaman, además, la falta de cifras oficiales consolidadas y transparentes que permitan dimensionar la magnitud real del problema.
Mientras avanzan las investigaciones sobre las seis muertes registradas el 2 de febrero, la Penitenciaría del Litoral continúa siendo un símbolo del colapso del sistema carcelario ecuatoriano, donde las muertes ya no solo se explican por la violencia entre bandas, sino también por una emergencia sanitaria que sigue cobrando vidas dentro de un centro que permanece bajo custodia del Estado.