El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la emergencia nacional ante lo que calificó como una “amenaza inusual y extraordinaria del Gobierno de Cuba a la seguridad y la política exterior estadounidenses”.
Esta medida quedó plasmada en una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca, donde se detallan las razones, los objetivos y los alcances de la decisión, que introduce un sistema de aranceles adicionales para países que suministren petróleo a la isla.
Según la documentación oficial recogida por la página web de la Casa Blanca, la orden sostiene que Cuba estrechó vínculos con países considerados adversarios de Washington, entre ellos la Federación Rusa, la República Popular China e Irán.
El texto subrayó que “el régimen cubano se alinea y respalda a numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a los intereses de Estados Unidos, incluyendo a Hamas y Hezbollah”.
La administración Trump advirtió que la isla alberga la mayor base de inteligencia de señales de Rusia fuera de su territorio, utilizada para interceptar información sensible de Estados Unidos y realizar actividades de espionaje.
Diversos gobiernos de Estados Unidos han declarado emergencias nacionales relacionadas con Cuba, citando amenazas militares, riesgos de migración masiva y peligros para la seguridad nacional, pero la coyuntura actual, con la isla aislada y sin posibilidades de asistencia suficiente de combustible, le otorga un carácter especial.
La inclusión de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo se ha mantenido durante gran parte de los últimos 40 años, con una reincorporación impulsada por la administración de Trump en enero de 2025.
La base legal de estas medidas se remonta al 1 de marzo de 1996, cuando Bill Clinton proclamó la emergencia nacional tras el derribo de dos aeronaves civiles estadounidenses, denunciando la “disposición temeraria de Cuba a emplear fuerza excesiva”. George W. Bush, en 2004, amplió esa declaración mediante la Proclamación 7757, restringiendo el envío de ayuda económica y material, y vinculado al riesgo de que se anularan los acuerdos migratorios.
Desde esa fecha, la situación de emergencia se ha renovado con cada presidente. Barack Obama la actualizó en 2016 para enfatizar el peligro de migraciones masivas y la entrada no autorizada de embarcaciones. Trump, en 2018, ratificó ese motivo en su continuación. Joe Biden prorrogó la emergencia más recientemente en febrero de 2024, advirtiendo sobre el impacto que tendría una migración masiva desde Cuba en la seguridad nacional de Estados Unidos.
China y los grupos terroristas
La orden ejecutiva también acusó a Cuba de profundizar la cooperación en materia de defensa e inteligencia con la República Popular China. Según lo publicado por White House, el régimen cubano facilita el establecimiento de capacidades militares y de inteligencia sofisticadas de potencias extranjeras, lo que constituye una amenaza directa para la seguridad estadounidense.
El documento sostuvo que el régimen cubano “ha brindado refugio y apoyo a grupos como Hezbollah y Hamas, creando un ambiente propicio para el desarrollo de lazos económicos, culturales y de seguridad de estas organizaciones en el continente americano”. Esta situación, según la administración estadounidense, busca “desestabilizar el hemisferio occidental, incluyendo a Estados Unidos”.
En el apartado de derechos humanos, la administración Trump señaló que “el régimen comunista persigue y tortura a sus opositores políticos, niega a la población cubana la libertad de expresión y prensa, y obtiene beneficios económicos mediante la represión y el sufrimiento de su pueblo”.
La orden denunció represalias contra familiares de presos políticos, hostigamiento a practicantes religiosos y restricciones a la libertad de asociación y prensa. “Las autoridades cubanas bloquean el acceso a internet, impiden manifestaciones pacíficas y censuran toda crítica contra el Estado”, describió.
La orden ejecutiva instruyó la creación de un sistema de aranceles adicionales sobre bienes provenientes de países que suministren directa o indirectamente petróleo a Cuba. El mecanismo establece que el Departamento de Comercio determinará qué naciones incurren en esta práctica y notificará al Departamento de Estado para evaluar la imposición de tarifas ad valorem sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos. La medida busca restringir el acceso de Cuba a fuentes energéticas y presionar a terceros países para que no colaboren con el régimen de Miguel Díaz-Canel.
El texto detalló que el presidente Trump podrá modificar la orden en respuesta a cambios en la situación, recomendaciones de altos funcionarios o eventuales represalias de otros países afectados por la medida. También contempló la posibilidad de ajustar o eliminar los aranceles si el régimen cubano o las naciones involucradas muestran avances hacia el alineamiento con la política exterior y de seguridad de EEUU.
La Casa Blanca indicó que la Secretaría de Estado y la de Comercio supervisarán la situación en Cuba y evaluarán la eficacia de las medidas adoptadas. Si los mecanismos implementados resultan insuficientes para abordar la emergencia nacional, las agencias podrán recomendar acciones adicionales al presidente.
La administración Trump enfatizó que la política de Estados Unidos “no tolerará los abusos del régimen comunista cubano” y que mantendrá la presión sobre la dictadura de la isla para frenar su cooperación con actores considerados hostiles y limitar la influencia de organizaciones terroristas internacionales en la región. “El régimen de Cuba continúa expandiendo sus ideas, políticas y prácticas comunistas en el hemisferio occidental”, señaló el documento, en el que también se expresó el apoyo a las aspiraciones democráticas de la sociedad cubana.
Por último, la orden ejecutiva subrayó que “la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior estadounidenses”.
La decisión representa un paso adicional en la estrategia de presión máxima contra el régimen de Cuba y forma parte de la política exterior delineada por Trump, que combina sanciones económicas, restricciones diplomáticas y apoyo a la oposición política de la isla.