La investigación penal denominada caso Jaque expuso una presunta estructura de corrupción enquistada en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que habría operado de manera sistemática al menos desde julio de 2025 y que derivó, la madrugada del 30 de enero de 2026, en la detención del director nacional de la entidad y de otros ocho funcionarios por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
El operativo, liderado por la Fiscalía General del Estado con apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional, se ejecutó de forma simultánea en varias provincias del país y marcó una de las intervenciones más amplias realizadas hasta ahora en el sector público vinculado a servicios de tránsito.
De acuerdo con la información oficial difundida por la Fiscalía, la investigación apunta a una red interna dedicada al cobro ilegal de dinero a cambio de agilizar trámites administrativos, entre ellos la obtención de licencias de conducir y otros servicios bajo competencia de la ANT. Las autoridades señalaron que la estructura investigada no se habría limitado a funcionarios de nivel operativo, sino que alcanzaría a mandos superiores dentro de la institución, lo que motivó la detención del director nacional de la entidad durante los allanamientos.
El operativo incluyó 23 allanamientos realizados en oficinas institucionales y domicilios particulares ubicados en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, con el objetivo de recabar indicios materiales y documentales. Durante estas diligencias se incautaron teléfonos celulares, documentación administrativa, dispositivos de almacenamiento digital, licencias de conducir, joyas y grandes sumas de dinero en efectivo, elementos que, según la Fiscalía, serán analizados dentro del proceso investigativo en curso.
El Ministerio del Interior, John Reimberg confirmó que nueve funcionarios de la ANT fueron detenidos en el marco del caso Jaque y sostuvo que la presunta estructura habría operado de forma transversal dentro de la institución. El ministro Reimberg señaló públicamente que, de acuerdo con los primeros hallazgos, el esquema investigado habría involucrado a funcionarios “desde la dirección hasta los mandos inferiores”, lo que evidenciaría un patrón de corrupción extendido en varias dependencias de tránsito a nivel nacional.
Como medida administrativa inmediata, el Gobierno dispuso el cierre temporal de las oficinas de la ANT por un período de 30 días, mientras se ejecuta un proceso de depuración interna. Según el Ministerio del Interior, esta decisión busca facilitar la revisión de procedimientos, la identificación de posibles responsabilidades adicionales y la reestructuración de áreas consideradas críticas dentro de la entidad. Las autoridades también anunciaron que las investigaciones continuarán y que no se descarta la vinculación de nuevos implicados, incluyendo actores externos como escuelas de conducción u otros intermediarios relacionados con los trámites investigados.
La Fiscalía informó que el caso Jaque se encuentra en una fase inicial de judicialización y que los indicios levantados durante los allanamientos permitirán determinar el alcance real de la red investigada, así como la eventual existencia de vínculos con estructuras del crimen organizado. En este contexto, se mencionó que la investigación se enmarca en una línea más amplia de combate a la infiltración de organizaciones criminales en instituciones públicas estratégicas, especialmente aquellas que administran servicios sensibles o generan altos flujos económicos.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han detallado el monto exacto del perjuicio económico causado ni el número de trámites presuntamente irregulares gestionados por la red investigada. Tampoco se ha informado sobre eventuales responsabilidades políticas o administrativas adicionales derivadas del funcionamiento de la ANT durante el período bajo investigación.
La Fiscalía señaló además que la investigación contempla presuntos vínculos de esta red con el grupo criminal Los Choneros, una hipótesis que forma parte de la línea de indagación por delincuencia organizada y que, según indicó la institución, deberá ser sustentada con los elementos recabados durante los allanamientos y las pericias en curso.