El presidente Daniel Noboa presentó en un mensaje a la nación, transmitido por cadena nacional, la hoja de ruta del Gobierno para enfrentar la delincuencia organizada, la inseguridad y la corrupción. El video combinó anuncios de inversión, cambios institucionales y énfasis en el uso de tecnología y la persecución financiera del crimen. El plan fue expuesto como una estrategia integral que articula a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), los sistemas de inteligencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de recuperar el control territorial y debilitar las fuentes de financiamiento de las economías criminales.
Durante su intervención, el Mandatario sostuvo que la respuesta del Estado no se limita al despliegue de la fuerza, sino que incorpora el combate a los “patrocinadores políticos” de las organizaciones delictivas. La narrativa oficial plantea que el fenómeno de la violencia no es aislado ni reciente, sino el resultado de estructuras criminales que se consolidaron en administraciones anteriores y que hoy requieren una respuesta coordinada y sostenida en el tiempo. Esta lectura se inscribe en un contexto marcado por altos niveles de violencia letal y delitos de alto impacto, como extorsión y secuestro, que han presionado al Ejecutivo a acelerar decisiones de seguridad.
Uno de los ejes centrales del anuncio fue la inversión pública en capacidades operativas. El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo informó que en 2026 se ejecutarán 11 proyectos estratégicos con una inversión de USD 180 millones, destinados a la adquisición de helicópteros bimotor, un buque logístico multipropósitos, un sistema radar 3D, escáneres y drones para control fronterizo. A esto se suma la modernización de sistemas tácticos de inteligencia para la prevención de ataques y la protección de infraestructuras estratégicas. El Gobierno sostiene que estas compras buscan cerrar brechas históricas de movilidad y cobertura, especialmente en zonas de difícil acceso.
En paralelo, el Ministerio del Interior, John Reimberg, anunció la incorporación de tecnologías forenses y de identificación como IBIS y AFIS, utilizadas para el rastreo balístico y la verificación biométrica. Según la autoridad, estas herramientas permitirán mejorar el esclarecimiento de delitos y reducir la impunidad. También se informó un fortalecimiento de los controles migratorios mediante información anticipada de pasajeros, una medida orientada a detectar riesgos antes del ingreso al país y a afectar las finanzas de los grupos de delincuencia organizada que operan de manera transnacional.
El plan incluye ajustes institucionales. La Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE) pasará a funcionar como organismo autónomo, con mayor presupuesto y capacidad operativa para enfrentar delitos que, de acuerdo con reportes oficiales, han aumentado en frecuencia y complejidad. En el ámbito penitenciario, el Ejecutivo reiteró la proyección de consolidar un sistema carcelario de alta seguridad, con la Cárcel del Encuentro y la construcción de un nuevo centro con capacidad para 15.000 personas privadas de libertad en un plazo estimado de 15 a 18 meses. A esto se suma una inversión inicial de USD 50 millones para modernizar el ECU 911 y mejorar la respuesta a emergencias.
El componente financiero fue presentado como clave para la sostenibilidad de la estrategia. El director de la UAFE, José Julio Neira señaló que el enfoque prioritario es seguir la ruta del dinero ilícito para impedir que continúe financiando violencia, armas y corrupción política. Según el Gobierno, con apoyo internacional se han identificado flujos de financiamiento ilegal hacia actores políticos y entidades descentralizadas, aunque no se detallaron casos específicos ni montos.
La hoja de ruta se anuncia en un escenario de alta demanda social por resultados verificables. Datos oficiales muestran que, pese a operativos y estados de excepción, los indicadores de violencia se mantienen elevados en varias provincias, lo que obliga a evaluar el impacto real de las medidas más allá de los anuncios. El 2025 cerró como el año más violento del Ecuador con más de 9.000 homicidios.