El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó a siete personas por difundir información falsa y promover ataques relacionados con la organización golpista formada tras las elecciones de 2022, en las que fue derrotado Jair Bolsonaro, según informó O Globo.
La decisión, adoptada con cuatro votos a favor y uno en contra por la Primera Sala, afecta a cinco militares, Ailton Barros, Ángelo Denicoli, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida y Reginaldo Vieira de Abreu, al policía federal Marcelo Bormevet y a Carlos Cesar Rocha, presidente del Instituto Voto Legal, la entidad contratada por el Partido Liberal para auditar las elecciones.
Ángelo Denicoli recibió la pena más alta: 17 años de cárcel y multa. Reginaldo Abreu fue sentenciado a 15 años y seis meses, Marcelo Bormevet a 14 años y medio y la pérdida de su cargo, Giancarlo Rodrigues a 14 años, Ailton Barros y Guilherme Almeida a 13 años y medio cada uno, y Carlos Cesar Rocha a siete años y medio y multa.
Según información de Europa Press, el tribunal determinó que los condenados crearon y difundieron mensajes falsos sobre el sistema electoral, además de impulsar campañas destinadas a presionar a las Fuerzas Armadas para modificar el resultado de las elecciones en las que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso a Jair Bolsonaro.
Por otro lado, determinaron que existió una estructura paralela de inteligencia dedicada a expandir contenidos fraudulentos y hostigar a figuras opuestas al intervencionismo militar, involucrando la manipulación de informes y utilización de medios digitales para desestabilizar la transición democrática.
Además, se presentaron mensajes donde se instruía la organización de ataques verbales y campañas coordinadas para desacreditar la urna electrónica y el papel de los jueces electorales. Por ejemplo, Ailton Barros recibió órdenes directas del general Braga Netto para hostigar a opositores, incluso familiares, con el objetivo de intensificar la presión institucional.
Los implicados también intentaron alterar reportes oficiales del Ministerio de Defensa sobre las urnas electrónicas y coordinaron acciones para manipular la percepción ciudadana, lo que desembocó en un clima hostil propicio para cuestionar la legitimidad de la segunda vuelta electoral y dificultar el traspaso de poder.
El STF subrayó que no era exigible su presencia física en los disturbios del 8 de enero de 2023 para responsabilizarlos, ya que su participación en la fase preparatoria e instigadora resultó suficiente para la condena. El único voto disidente fue del juez Luiz Fux, quien defendió la absolución por falta de pruebas materiales directas.
La acusación estuvo respaldada por registros documentales reunidos durante la investigación judicial. El Supremo consideró que la participación activa de los encausados propagó sospechas infundadas y favoreció un ambiente que facilitó la movilización de masa contra la asunción del presidente electo.
La sentencia del STF sienta un precedente para avanzar en otras causas donde se investiga la manipulación institucional y la proliferación de información falsa con fines políticos después de las elecciones presidenciales de 2022.
(Con información de Europa Press)