El Gobierno de Ecuador anunció la suspensión del diálogo con el movimiento indígena de Imbabura tras denunciar el incumplimiento de acuerdos alcanzados en rondas anteriores y la persistencia de bloqueos y episodios de violencia en la provincia. En un comunicado oficial difundido la noche del domingo, el Ministerio de Gobierno advirtió que “no hay condiciones para el diálogo” y que el Ejecutivo “no cederá ante imposiciones que rompen la palabra de lo acordado previamente”.
Según el comunicado, las nuevas exigencias planteadas por sectores de movimientos indígenas y otras organizaciones sociales “alteran los términos previamente acordados, cambian los actores que intervenían en el diálogo y vulneran los compromisos construidos con responsabilidad y buena fe en anteriores encuentros”. El Gobierno afirmó que las vías no han sido despejadas y que los manifestantes mantienen acciones violentas, por lo que considera roto el principio de confianza necesario para continuar el proceso de negociación.
El pronunciamiento se produce en el vigésimo noveno día de un paro focalizado que ha afectado gravemente la provincia de Imbabura. Aunque el movimiento indígena ha insistido en que la movilización responde a demandas históricas y sociales, el Ejecutivo sostiene que las vías de diálogo están bloqueadas por nuevas condiciones inaceptables, entre ellas la liberación de los denominados “12 de Otavalo”, detenidos durante las protestas.
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El ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, declaró este lunes que el Gobierno no puede comprometerse a liberar a los detenidos como condición para levantar el paro, ya que hacerlo “sería una intromisión en la justicia”. En declaraciones a los medios, Burbano subrayó que el Ejecutivo ha cumplido con la “no militarización de la zona en conflicto” y atribuyó el fracaso de las conversaciones al cierre prolongado de carreteras: “Lo que más incidió para que el Gobierno no continúe el diálogo con el movimiento indígena de Imbabura es que mantienen secuestrada a la provincia con el cierre de vías”, sostuvo.
Las manifestaciones, inicialmente motivadas por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, han derivado en un pliego de peticiones ampliado que incluye la reducción del IVA, la fijación del salario básico en USD 650 (actualmente es de USD 470) y el reconocimiento de territorios ancestrales. Las demandas también incorporan un pronunciamiento político en contra de la consulta popular y el referéndum convocados por el presidente Daniel Noboa para noviembre, lo que el Ejecutivo interpreta como un intento de deslegitimar el proceso electoral.
Ramiro Cepeda, analista político, explicó que la postura del Gobierno responde a una estrategia de resistencia frente a las presiones del movimiento indígena. En entrevista con Teleamazonas, señaló que Noboa practica “acupuntura política”, una táctica que consiste en “pinchar el lugar donde debe pinchar para obtener el resultado que quiere”. Según Cepeda, el presidente “no se dejará doblegar” y busca proyectar firmeza de cara a la consulta popular, que considera una suerte de “referéndum aprobatorio de su gestión”.
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Cepeda añadió que el paro, aunque localizado, se ha convertido en una prueba de fuerza entre el Ejecutivo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). “En algún momento alguien se va a cansar y tenga la seguridad de que el cansancio no vendrá del lado del Gobierno”, apuntó. El analista considera que la prolongación del conflicto podría desgastar a los dirigentes indígenas, debilitando su legitimidad frente a la opinión pública, que podría comenzar a percibir la movilización como un factor de desestabilización más que como una causa social.
El cierre de vías en Imbabura ha provocado severas afectaciones económicas y logísticas en la región. Productores y transportistas han denunciado pérdidas por la interrupción del comercio local, mientras el Gobierno insiste en que la reapertura de las carreteras es una condición indispensable para cualquier reanudación del diálogo. “El Gobierno no aceptará presiones ni chantajes; actuará con firmeza dentro del marco de la ley, para garantizar los derechos de la mayoría de ecuatorianos que quieren vivir en paz”, concluye el comunicado oficial.