Entre 2.000 y 3.000 militares del Ejército Ecuatoriano arribarán este 10 de octubre a Quito desde Manta y Guayaquil para reforzar los operativos de seguridad en la capital del país. La movilización forma parte del plan preventivo de las Fuerzas Armadas frente a los llamados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones a intensificar las protestas por la eliminación del subsidio al diésel.
Según información oficial difundida por la institución, el personal militar, junto con medios aéreos y terrestres, fue desplegado con el objetivo de “precautelar la seguridad en toda la capital del Ecuador”. El desplazamiento fue confirmado por la oficial de comunicación del Ejército, quien precisó que “alrededor de 2.000 a 3.000 militares llegan a la ciudad. Es un dato aproximado”.
El contingente se concentrará en la plataforma de Petroecuador, en el aeropuerto Mariscal Sucre, donde se prevé el arribo de los grupos tácticos que permanecerán en la urbe ante la posibilidad de que manifestantes intenten ingresar desde distintas provincias.
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El despliegue ocurre en un contexto de alta tensión política y social. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, advirtió esta semana que las Fuerzas Armadas “no permitirán que las movilizaciones lleguen a Quito” y que las acciones del bloque de seguridad se ejecutarán “con firmeza y dentro de la ley”. En declaraciones a Teleamazonas, el funcionario insistió en que el paro nacional promovido por la Conaie “busca caotizar y destruir” y que el Gobierno “mantendrá el control del orden público para proteger el libre tránsito de los ciudadanos” .
Loffredo señaló que el Estado enfrenta “amenazas de destrucción” y subrayó que el Ejecutivo respalda plenamente la actuación militar en defensa del orden. “Nadie se toma Quito, eso no lo vamos a permitir”, enfatizó al referirse a los llamados a trasladar las manifestaciones a la capital. Según el ministro, las Fuerzas Armadas se mantienen en coordinación con la Policía Nacional para garantizar el abastecimiento de alimentos y medicinas, así como para evitar bloqueos en las rutas principales del país.
El Gobierno ha reforzado su narrativa de control y estabilidad frente a las movilizaciones, que cumplen más de dos semanas. Loffredo aseguró que los uniformados “trabajan con responsabilidad y respeto a los derechos humanos”, y que su propósito es evitar enfrentamientos que puedan derivar en nuevos episodios de violencia. “Si el ecuatoriano anhela trabajar, necesita vías expeditas. Esa es nuestra misión”, afirmó.
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El despliegue militar también responde a las advertencias de grupos sociales que han anunciado nuevas concentraciones en Quito para los próximos días. Autoridades de seguridad sostienen que los incidentes registrados en jornadas recientes —como el ataque a la caravana presidencial en Cañar, que el ministro calificó de “acto de terrorismo”— confirman el riesgo de infiltración de actores violentos. “Estamos vigilantes de todos estos líderes que llaman a la violencia”, agregó Loffredo.
El bloque de seguridad ha sido instruido para mantener despejadas las vías de acceso a la capital y controlar eventuales focos de alteración del orden público. Las Fuerzas Armadas reiteraron que no permitirán actos de vandalismo ni destrucción de bienes públicos o privados.
Aunque el Ejecutivo no ha declarado un nuevo estado de excepción –tras el revés en la Corte Constitucional–, la presencia militar en Quito se ha incrementado visiblemente desde el 8 de octubre, con patrullajes en sectores estratégicos y controles en las entradas norte y sur de la ciudad. Las autoridades mantienen que se trata de una medida disuasiva, pero el despliegue evidencia el nivel de preocupación oficial frente a la posibilidad de que el paro escale hacia la capital, escenario histórico de las principales protestas del país, como la de octubre de 2019 o la de junio de 2022.
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