La Corte Constitucional de Ecuador declaró este viernes inconstitucionales dos de las cinco leyes promovidas por el presidente Daniel Noboa bajo el mecanismo exprés de tratamiento “económico urgente”, tras haber suspendido cautelarmente algunos artículos que acumulaban múltiples demandas por posible vulneración de derechos fundamentales.
La decisión del tribunal agudiza el enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Tras las primeras suspensiones de artículos, Noboa lanzó una campaña contra los jueces, a quienes acusó de ser enemigos de la seguridad del país, y convocó un referéndum para instaurar una Asamblea Constituyente que reemplazaría la Constitución vigente desde el mandato de Rafael Correa (2007-2017).
Las normas anuladas por el tribunal fueron la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública, ambas presentadas con carácter “económico urgente”, lo que obligaba a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, a tramitar la normativa en un máximo de treinta días.
La Corte Constitucional señaló que la Ley de Solidaridad Nacional “mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica”, mientras que la Ley de Integridad Pública vulneró “la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática”. “Estas decisiones recuerdan que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica”, concluyó el tribunal.
La Ley de Solidaridad Nacional contemplaba la financiación de la Policía y las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado dentro del “conflicto armado interno” declarado por Noboa en 2024. Sin embargo, incluía disposiciones polémicas, como la prerrogativa presidencial para conceder “indultos anticipados” a policías y militares procesados por delitos cometidos en operaciones contra criminales.
La Ley de Integridad Pública buscaba combatir la corrupción en funcionarios públicos, pero endurecía las penas a adolescentes de entre 12 y 18 años, aumentando la privación de libertad máxima de ocho a quince años.
Pendiente de revisión por la Corte se encuentra la Ley de Inteligencia, cuyo artículo suspendido permitía a agentes de inteligencia usar identidades falsas y requerir información de usuarios a compañías telefónicas.
Desde su reelección en abril para el período 2025-2029, Noboa ha tramitado otras tres leyes bajo la fórmula de urgencia económica, la última enfocada en reformas al sistema de pensiones. La Corte Constitucional ha actuado como único contrapeso frente a estas iniciativas, lo que provocó que Noboa liderara una marcha multitudinaria contra los jueces, denunciando supuesta oposición a la seguridad nacional.
El pulso político ha escalado hasta la convocatoria de un referéndum para establecer una Asamblea Constituyente, previsto para el 16 de noviembre, pese a no contar inicialmente con el dictamen del tribunal.
Por su parte, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, expresó en redes sociales: “A este punto, a nadie le sorprende las acciones de la Corte contra el pueblo ecuatoriano. Ya sabemos para quiénes trabajan y a quiénes sirven”.
Agregó: “Le arrebataron a los ciudadanos las herramientas para enfrentar a las mafias, a los narcos y corruptos. Tumbaron leyes hechas para la seguridad de los ecuatorianos dejando al pueblo en la indefensión, garantizando la impunidad. Anunciaron la suspensión de estas leyes bajo el lema ‘protegemos derechos’, los de los delincuentes y los suyos serán… Hoy más que nunca, ¡vamos a la Constituyente!”
(Con información de EFE)
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