Un violento enfrentamiento entre miembros de la comunidad Waorani y efectivos de las Fuerzas Armadas del Ecuador se registró el sábado 20 de septiembre de 2025 en la comunidad de Mintaro, ubicada en la provincia amazónica de Orellana. El hecho dejó como saldo tres militares heridos y dos comuneros detenidos, en un episodio que se produce en medio de un paro nacional convocado por organizaciones indígenas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, personal militar y policial realizaba un operativo para habilitar vías bloqueadas que impedían el acceso a las instalaciones del bloque 31 de Petroecuador, dentro del Parque Nacional Yasuní. Según la versión oficial, los uniformados fueron atacados con lanzas y armas de fuego por manifestantes, lo que obligó a los militares a responder con “uso legítimo de la fuerza” y a desplegar armamento de calibre pesado para resguardar tanto su integridad como la del personal de la empresa petrolera estatal .
El Ejército informó que tres de sus miembros resultaron heridos por impactos de perdigones y fueron trasladados vía aérea al Hospital Militar de Quito, donde permanecen en condición estable. En tanto, los dos detenidos serán procesados bajo cargos de terrorismo, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. Esta acusación se suma a la política del Gobierno de calificar como actos terroristas las agresiones registradas durante las protestas, en un intento por endurecer las sanciones contra quienes participen en hechos de violencia durante el paro nacional.
La reacción de las organizaciones indígenas no se hizo esperar. La Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) denunció que la protesta se dio en respuesta al incumplimiento de compromisos sociales y ambientales de Petroecuador en los bloques 31 y 43, también en territorio del Yasuní. Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la organización afirmó que durante la movilización participaron líderes, mujeres, jóvenes y niños, y que la comunidad fue reprimida violentamente por las fuerzas públicas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también rechazó el operativo militar y denunció lo que consideró una “incursión violenta” en territorio indígena.
El contexto de este incidente está marcado por la tensión creciente entre el Gobierno de Noboa y el movimiento indígena. El pasado 12 de septiembre, el Ejecutivo eliminó el subsidio al diésel, lo que provocó el anuncio de un paro nacional indefinido por parte de las organizaciones sociales y campesinas. Las protestas comenzaron a intensificarse la noche del 21 de septiembre, un día después del enfrentamiento en Orellana.
En ciudades como Quito y Latacunga se desplegaron fuertes operativos de seguridad para prevenir bloqueos de carreteras y concentraciones masivas, medidas que recuerdan los levantamientos de 2019 y 2022, cuando la Conaie lideró movilizaciones nacionales contra los intentos de gobiernos anteriores de retirar subsidios a los combustibles. No obstante, hasta las 10 de la mañana del 22 de septiembre el país estaba en calma.
La tensión en el Yasuní, sin embargo, tiene un trasfondo específico. Los Waorani han mantenido históricamente una relación conflictiva con las operaciones petroleras en sus territorios ancestrales. Desde hace décadas han denunciado afectaciones ambientales y sociales derivadas de la extracción en los bloques 31 y 43, que se superponen con el área protegida del parque. La comunidad de Mintaro ha sido uno de los focos de resistencia frente a Petroecuador, exigiendo reparación social, consulta previa y respeto a sus derechos colectivos. El choque con las Fuerzas Armadas evidencia la persistencia de esta disputa en un momento en que las tensiones nacionales por la política de subsidios alcanzan niveles críticos.
El Gobierno ha insistido en que mantendrá el orden público y garantizará la operación de las actividades estratégicas del Estado, incluidas las petroleras. Para la Conaie, el caso de Mintaro se suma a un patrón de respuesta estatal que busca criminalizar la protesta indígena bajo la figura del terrorismo. Para el Ejecutivo, en cambio, se trata de asegurar la libre movilidad y el funcionamiento de sectores clave de la economía frente a bloqueos que considera ilegales y violentos.
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