El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador resolvió el sábado enviar a la Corte Constitucional la nueva convocatoria realizada por el presidente Daniel Noboa para celebrar un referéndum sobre la instauración de una Asamblea Constituyente, al determinar que debía pasar primero por el alto tribunal, tal como establece la norma.
Con cuatro votos a favor, los consejeros aprobaron una moción en la que solicitaron a los jueces pronunciarse en el menor tiempo posible sobre la constitucionalidad del decreto 153, en el que el mandatario convocó nuevamente a la consulta popular.
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Por la mañana, el organismo había evitado tramitar una primera convocatoria relacionada con la Constituyente decretada el viernes, ya que la Corte Constitucional suspendió de manera provisional los efectos de esa disposición. Horas después de la resolución judicial, Noboa derogó la medida inicial y emitió un nuevo decreto similar para insistir en la consulta, lo que llevó al CNE a volver a reunirse al final de la tarde y decidir la remisión a los magistrados.
“Este órgano electoral tiene que demostrar la madurez política y la independencia de su función al determinar que todo lo que ha tratado este pleno ha sido con informe favorable de la Corte Constitucional”, señaló la consejera Elena Nájera antes de emitir su voto favorable a la moción. La Constitución establece que un referéndum solo puede ser convocado después de que el alto tribunal emita un dictamen positivo sobre la legalidad de las preguntas incluidas.
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Tras la publicación del nuevo decreto presidencial, el Gobierno difundió un comunicado en el que sostuvo que ninguna otra institución, además del CNE, podía pronunciarse ni “frenar la decisión soberana de los ecuatorianos que decidirán las bases del país que merecen”, en referencia a la convocatoria prevista para noviembre. Hasta ahora, únicamente dos preguntas cuentan con aval de la Corte Constitucional: una vinculada con la instalación de bases militares extranjeras y otra sobre el financiamiento público de las organizaciones políticas.
“Ningún grupo de poder, ninguna institución politizada y ningún interés particular podrá detener la voluntad del pueblo”, advirtió el Ejecutivo en alusión a un eventual nuevo pronunciamiento del alto tribunal.
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La decisión del mandatario de volver a convocar un referéndum para que los ecuatorianos decidan si se instaura o no una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna fue rechazada por la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, quien afirmó que el tema requería atención del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La polémica convocatoria coincide con la confrontación abierta que Noboa mantiene con la Corte Constitucional, a la que acusó de ejercer “activismo político” al limitar leyes y estados de excepción promovidos durante su administración, varios de los cuales enfrentan demandas de inconstitucionalidad por presuntas vulneraciones a derechos fundamentales.
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Los jueces constitucionales también negaron cuatro preguntas del referéndum propuestas por el Ejecutivo, decisiones que el presidente criticó con dureza y que lo llevaron a encabezar dos marchas multitudinarias en Quito y Guayaquil contra los magistrados.
La instalación de una Asamblea Constituyente con el objetivo de sustituir la actual Constitución aprobada en 2008 durante el gobierno de Rafael Correa fue una de las principales promesas de campaña de Noboa. El mandatario, que llegó al poder en 2023, resultó reelegido para un periodo completo entre 2025 y 2029, y busca que la consulta sirva de base para redactar una nueva carta magna.
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Con la decisión del CNE de remitir el decreto a la Corte Constitucional, el futuro del referéndum dependerá ahora del dictamen del máximo órgano de control constitucional, en medio de un ambiente de tensión política interna y de cuestionamientos internacionales.
(Con información de EFE)
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