La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua firmará un acuerdo de cooperación económica con la llamada “República Popular de Donetsk”, un enclave separatista que forma parte de Ucrania pero que permanece ocupado de manera ilegal por fuerzas rusas desde 2014 y fue anexado unilateralmente por Moscú en 2022. La decisión, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, convierte al régimen nicaragüense en uno de los pocos del hemisferio occidental que legitiman la ocupación rusa de territorios ucranianos, desafiando el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.
Según el decreto oficial, Ortega y Murillo delegaron en su hijo Laureano Facundo Ortega Murillo “plenos poderes” para firmar el convenio “entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República Popular de Donetsk (Federación de Rusia) sobre cooperación comercial y económica”. Laureano, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones de derechos humanos, es considerado el heredero político del matrimonio presidencial y ha sido designado en múltiples ocasiones como emisario de la dictadura ante aliados estratégicos como Moscú, Beijing y Minsk.
Donetsk forma parte de Ucrania y es reconocida como tal por la comunidad internacional. En septiembre de 2022, Rusia anunció la anexión ilegal de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia tras la organización de referendos calificados por Naciones Unidas como “nulos e ilegales”. El 12 de octubre de ese año, la Asamblea General de la ONU aprobó con 143 votos a favor una resolución que condenaba la anexión como una violación de la Carta fundacional. Solo cinco países votaron en contra: Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Nicaragua.
El régimen nicaragüense no solo rechazó esa condena, sino que en julio de este año reafirmó públicamente su respaldo a Moscú. “En nombre del Gobierno y pueblo de Nicaragua expresamos nuestro respaldo total y reconocimiento pleno a las regiones de Donetsk, Kherson, Lugansk y Zaporizhzhia como parte integral del territorio de la Federación de Rusia”, escribieron Ortega y Murillo en un mensaje dirigido a Vladimir Putin. Con este nuevo convenio, el respaldo pasa del terreno simbólico al institucional.
El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, aseguró recientemente que Moscú controla “el 99,7% de Lugansk y el 79% de Donetsk”, declaraciones difundidas en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ruso. Aunque analistas occidentales cuestionan esas cifras, las utilizan como justificación para sostener que la ofensiva avanza hacia la consolidación de la anexión.
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a Laureano Ortega Murillo en abril de 2019, acusándolo de participar en corrupción y lavado de dinero en beneficio de la familia gobernante, y advirtiendo que el “régimen corrupto de Ortega, Murillo y su círculo íntimo” perpetraba “corrupción flagrante, violencia y violaciones de derechos humanos básicos”.
La Unión Europea adoptó medidas similares. En octubre de 2024, prorrogó por un año las sanciones contra altos funcionarios y familiares del régimen, entre ellos Laureano, señalándolos por su papel en la represión sistemática de la sociedad civil, el control arbitrario de instituciones y la manipulación de procesos electorales. Las sanciones incluyen la congelación de activos en territorio europeo y la prohibición de viaje a los Estados miembros.
Pese a estas restricciones, Ortega y Murillo continúan profundizando su aislamiento de Occidente con una apuesta por la alianza con Moscú y Beijing. El año pasado, el canciller nicaragüense Valdrack Jaentschke declaró que Managua trabaja “de la mano” con Rusia “por el surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar, más justo, más solidario, en paz, seguridad y bienestar”. Para la dictadura, ese discurso multipolar es un recurso de legitimación; para los críticos, una fachada que enmascara la dependencia de un reducido grupo de socios autoritarios.
Con este acuerdo, el régimen de Ortega no solo profundiza su dependencia de Moscú, sino que afianza un esquema dinástico y autoritario dispuesto a desafiar abiertamente el derecho internacional. Al legitimar a una administración separatista en territorio ucraniano ocupado, Nicaragua se aísla aún más de sus vecinos y se coloca en el reducido grupo de gobiernos que han decidido avalar la expansión territorial del Kremlin, incluso a costa de su propia credibilidad internacional.
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