Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano y exiliado en España desde el 8 de septiembre, destacó la gravedad de la crisis de derechos humanos en Venezuela, al comentar el reciente informe de la Misión de Establecimiento de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Este documento revela detalles alarmantes sobre la intensificación del aparato represivo del estado venezolano, evidenciando un patrón de represión sin precedentes.
El informe presentado en Ginebra por la presidenta de la misión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, sostiene que el régimen de Nicolás Maduro está cometiendo crímenes de lesa humanidad al perseguir sistemáticamente a la oposición.
Valiñas afirmó que no se trata de acciones aisladas, sino de un plan continuo y coordinado destinado a silenciar, desalentar y reprimir a cualquier voz disidente.
Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, la represión del régimen ha aumentado drásticamente, señaló González Urrutia. Según sus declaratorias y datos aportados al informe, en Venezuela se han registrado 2.200 detenciones postelectorales, con numerosos detenidos sujetos a torturas físicas y psicológicas, que incluyen golpes, choques eléctricos, privación del sueño, desnudez forzada y aislamiento.
La Misión de la ONU indicó que la situación en Venezuela ha alcanzado “un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho”. El informe devela que la represión estatal no solo ha escalado en número, sino que también en intensidad y métodos empleados, profundizando la crisis de derechos humanos que afronta el país.
González Urrutia enfatizó que las muertes documentadas desde el inicio de la crisis, predominantemente de jóvenes que manifestaron su descontento, son aberrantes.
Denunció, además, la detención de al menos 158 menores de edad. El líder opositor resaltó que el sistema de justicia está claramente subordinado a los intereses del Poder Ejecutivo, utilizándose como una herramienta esencial dentro del plan para reprimir la oposición.
El informe de la Misión de la ONU subrayó la importancia de que la comunidad internacional no se canse ni normalice la severa situación en Venezuela. Los miembros de la misión pidieron un compromiso renovado para seguir denunciando y visibilizando las violaciones a los derechos humanos, asegurando que los venezolanos no están solos en su lucha.
“Esta situación no debe normalizarse ni hay que desistir de reclamar justicia o apoyar a los que dentro del país, como las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y las propias víctimas y familiares de las víctimas que enfrentan amenazas y riesgos”, pidió la presidenta Valiñas, en declaraciones a EFE.
El jurista Francisco Cox, también miembro de la Misión, enfatizó la importancia de que se haga justicia en Venezuela y señaló que la Corte Penal Internacional “podría activarse en esta situación”, así como los países que aplican la jurisdicción universal.
Por su parte, la experta en derechos humanos y miembro de la Misión, Patricia Tappata, reconoció que el gobierno “responde con ironía” a las condenas y denuncias internacionales y que “tampoco parece importarle mucho” que se le caracterice como una “dictadura”, pero que a pesar de todo ello “no hay que cansarse ni dejar de decir lo que está pasando”.
González Urrutia reafirmó su compromiso de continuar trabajando para que todas las violaciones sean documentadas y denunciadas por los organismos internacionales.
Finalizó su intervención subrayando la importancia de mantener la atención global sobre Venezuela, asegurando que la documentación y los testimonios recogidos deben servir como una herramienta fundamental para presionar por un cambio.
(Con información de EFE)
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