Daniel Salcedo, Mayra Salazar y otro procesado del caso Metástasis han solicitado acogerse a un procedimiento abreviado, donde deben declararse culpables, para lograr una pena reducida en el delito de delincuencia organizado. Salcedo, según el Ministerio Público de Ecuador, era el “planificador de estrategias ilegítimas dirigidas a asegurar la liberación” del narco asesinado Leandro Norero con el ofrecimiento de sobornos. Mientras que Salazar ha sido calificada como la operadora que creaba “escenarios propicios para los fines de impunidad y libertad buscados por la organización criminal, como identificar jueces dispuestos a recibir dinero o favores indebidos a cambio de emitir fallos favorables”.
De acuerdo con El Universo, los tres procesados “se suman a la lista de cinco policías, dos ex funcionarios judiciales, dos ex jueces provinciales y el hombre de confianza del narcotraficante asesinado en 2022, Leandro Norero, quienes ya solicitaron a la Fiscalía General dentro de Metástasis acogerse a un procedimiento abreviado”.
Según el Código Penal ecuatoriano, la delincuencia organizada se castiga con penas entre cinco y diez años de prisión, dependiendo de la actuación de los investigados dentro de la organización. Si se acogen al procedimiento abreviado y se declaran culpables, podrían tener una sanción menor.
El próximo 3 de junio se instalará la audiencia preparatoria de juicio, en la que se evaluarán los pedidos de los procesados que solicitan el procedimiento abreviado. El juez podría aceptar el requerimiento y argumentar su sentencia con base en los acuerdos que la Fiscalía haya alcanzado con la defensa de los investigados.
Las amenazas contra Mayra Salazar
El testimonio anticipado de Mayra Salazar, ex relacionista pública de la Corte del Guayas, fue el más esperado de la diligencia judicial que sucedió el 28 de marzo. Al iniciar su declaración, Salazar aseguró que decidió testificar a pesar de las amenazas en contra de su vida. La mujer de 35 años forma parte del programa de protección de víctimas y testigos protegidos y se ha acogido a la cooperación eficaz para proporcionar información a cambio de reducir su pena.
“He sido la única que ha decidido poner fin a esto, a pesar de los cinco atentados que yo ya he recibido en contra de mi persona, incluyendo el de la noche de ayer que tuve una alerta de bomba en el centro de privación de libertad en donde yo me encuentro recluida”, dijo Salazar ante el juez Felipe Córdova. En una entrevista con diario El Universo, el abogado de Salazar, Leonardo Toledo, detalló cuáles fueron los atentados e indicó que, luego del testimonio anticipado, “no tienen problemas” con la seguridad de la mujer: “Ella no solamente va a estar en Metástasis, sino que lo más seguro y lo más probable es que también tenga que ser llevada (a dar testimonio) en lo que es (el caso) Purga, porque ella es la pieza más importante”, aseguró. El caso Purga derivó del caso Metástasis y tiene como evidencias las conversaciones extraídas del celular de Mayra Salazar.
De acuerdo con Toledo y según recoge el medio ecuatoriano, el primer atentado en contra de Salazar fue un envenenamiento. Luego se identificó a dos personas que estaban listas para matarla, pero lograron neutralizar esa amenaza. El tercer intento fue el traslado de doce personas a la celda de Mayra Salazar. Toledo indicó que esa celda está diseñada para tres personas y Salazar la comparte con otras dos procesadas por el mismo caso. Sin embargo, cuando sucedió el traslado llegaron doce prisioneras de la cárcel de Latacunga, que es controlada por Los Lobos, la banda criminal a la que financiaba el narco asesinado Leandro Norero, cuyas conversaciones telefónicas iniciaron todo el proceso: “Le metieron doce personas un día antes de que ella rinda su versión. Nosotros presionamos y dijimos que sí íbamos a dar la versión, pero que primero nos garanticen la seguridad”, relató el abogado.
La cuarta amenaza fue un nuevo intento por envenenarla a través de la comida que recibe en la prisión, esta información llegó a su defensa a través de un reporte de inteligencia del Estado. Finalmente, a horas de su testimonio, también se les notificó que en la cárcel donde ella está recluida se iba a poner un explosivo. Entonces, relató Toledo a El Universo, “la seguridad de ella (Mayra Salazar) tuvo que ser quintuplicada”.
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