La caída en desgracia de dos jueces de confianza del régimen de Daniel Ortega

Hasta hace un par de meses, Marvin Aguilar y Octavio Rothschuh eran dos hombres de confianza para la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Ambos acumularon mucho poder y ejecutaron “operaciones especiales” para el régimen en el Poder Judicial. “Ellos hacían el trabajo sucio”, dice una fuente interna consultada por Infobae.

Aguilar es aún, oficialmente, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Rothschuh, magistrado de Apelaciones. El primero buscaba su reelección y aspiraba a convertirse en presidente del Poder Judicial, y el segundo, se supone, sería propuesto como uno de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se elegirán próximamente.

La plataforma Confidencial confirmó esta semana con tres exfuncionarios del Poder Judicial que Aguilar y Rothschuh “cayeron en desgracia, como resultado del golpe político ordenado por Rosario Murillo en este poder del Estado”.

Desde finales de octubre del año pasado, el régimen de Nicaragua inició una “limpieza” en el Poder Judicial a través de un operativo policial que desalojó de su oficina a la presidenta Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y a la magistrada Yadira Centeno González, Esta barrida llegó a destituir a más de mil funcionarios y, en algunos casos, a apresar a personeros claves de ese poder del Estado.

Tras este golpe de mano estaría Rosario Murillo, aseguran fuentes cercanas, quien busca hacerse del control total del Poder Judicial, con miras a reemplazar a Daniel Ortega en el poder, ante un eventual fallecimiento del dictador que este año cumple 79 años.

La operación de limpieza en la Corte es ejecutada por el comisionado de la Policía Horacio Rocha, ministro asesor para asuntos de Seguridad de Ortega, y Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua y persona de confianza de Rosario Murillo. “Esos eran los agentes externos de esta operación, pero a lo interno el hombre encargado era Marvin Aguilar, por eso me extraña su caída”, dice la fuente.

A pesar de que no se oficializó la salida de la presidente de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, el magistrado Marvin Aguilar apareció firmando como “presidente en funciones” en un comunicado interno que circuló en ese poder del Estado en los primeros días del operativo policial.

“La única explicación que yo encuentro a la caída en desgracia de Aguilar y Rothschuh es que la Rosario (Murillo) no los quiere ahí porque no son completamente fieles a ella, aunque tampoco se sabe que haya habido alguna contradicción con ellos”, añade.

“Si sé que los llamaron a declarar a El Chipote (cárcel policial) pero no los dejaron presos como se dijo. Los tienen separados de sus funciones. Aguilar está en su casa y Rothschuh ha llegado a su oficina a retirar algunas cosas personales”, dice la fuente.

Marvin Ramiro Aguilar García además de magistrado vicepresidente funcionaba como secretario político del gobernante partido Frente Sandinista, en el poder judicial. Se inició en el ejercicio público en los años 80 en la Seguridad del Estado, una especie de policía política que usó el régimen sandinista para reprimir el descontento interno.

Tiene aproximadamente 30 años de estar en el Poder Judicial y es magistrado desde 1996.

El 21 de diciembre de 2020, el departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Aguilar, una persona que de acuerdo con la argumentación estadounidense “está en contacto directo con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y, según se informa, coordina la persecución de los miembros de la oposición a favor de la democracia”.

Aguilar, añadió el documento de Estados Unidos, “es el encargado de que los partidarios del régimen sean seleccionados para puestos claves y como secretario político nacional, asesora directamente al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo”.

En medio de la opacidad con que se maneja el régimen nicaragüense, también se ha afirmado que la caída de Aguilar obedece a la acumulación de propiedades usando el poder que le da su cargo, y a una supuesta reintegración de funcionarios que habían sido destituidos por órdenes de Rosario Murillo.

El extrabajador del poder judicial nicaragüense Yader Morazán, ahora en el exilio, considera que se combinaron ambas causas en la caída de los magistrados. “En la medida que han intervenido al aparato judicial para trasladar el poder a las nuevas estructuras de mando más alineadas a Rosario Murillo, han venido encontrando cosas que no les ha parecido, desde corrupción no autorizada por la dictadura, hasta despilfarro administrativo. De ahí la razón por la que han corrido hasta jueces verdugos de la insurrección de abril como Henry Morales (y su esposa), y han eliminado la única autonomía e independencia que le quedaba al Poder Judicial, la económica (4% del presupuesto)”, explica.

“El mensaje al final es el mismo que le han mandado a la población en general, que todo se decide en El Carmen, indistintamente de quién seas”, apunta Morazán.

“Ahí hay cargos por corrupción”, dice la fuente consultada por Infobae. “Pero nada de eso sería importante si no existiera la voluntad política de separarlos del cargo en que los han mantenido todos estos años”.

Rothschuh cae como consecuencia de la caída de Aguilar, que era su padrino, dice.

Al igual que Aguilar, Octavio Rothschuh Andino es originario de Juigalpa, una ciudad del departamento de Chontales y se desempeñaba como presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.

A Rothschuh se le recuerda por ejecutar “aberraciones jurídicas” ordenadas por Daniel Ortega para reprimir a opositores. En agosto y septiembre de 2022 realizó “audiencias informativas”, que no contemplan las leyes nicaragüenses, con presos políticos. Y en febrero del 2023 anunció la expulsión de 222 presos políticos, lo que a criterio del abogado Morazán, “constituye un delito de lesa humanidad”.

Rothschuh también fue sancionado por Estados Unidos en abril de 2023 por “abusos contra los derechos humanos” y “la opresión más amplia de los ciudadanos nicaragüenses que se oponen a su gobierno”.

“Rosario Murillo quiere colocar solo a gente de su confianza en el Poder Judicial, y como viene una elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, está deshaciéndose de los que no son de su total confianza”, afirma la fuente que pidió anonimato.

“Marvin Aguilar había quedado ahí, un poco trabajando a cada lado y ella (Murillo) lo toleraba, pero no era de ella, porque había sido antes cercano de Lenin (Cerna) que es una persona que ella detesta. Entonces aprovechó ahora para para sacarlo”, agrega.

La Corte Suprema de justicia de Nicaragua debe estar integrada por 16 magistrados, según la Constitución Política. Actualmente hay seis puestos vacantes por renuncias o fallecimientos. Los 10 restantes tienen sus periodos vencidos y varios de ellos, sin destitución oficial, permanecen separados de su cargo, incluyendo a la presidenta Alba Luz Ramos.