Brasil entró en la era del post bolsonarismo: sin una tercera vía, el país continúa en la polarización política

La manifestación del pasado domingo en San Pablo que vio el regreso, por primera vez desde la campaña electoral de 2022, del ex presidente Jair Bolsonaro no sólo catalizó a miles de personas sino que, políticamente hablando, reveló dos aspectos clave del futuro de la política brasileña. El primero es que el bolsonarismo sigue muy vivo, a pesar de las vicisitudes judiciales del ex presidente y sus seguidores que acabaron en la cárcel por la invasión de los palacios del poder en Brasilia, el 8 de enero de 2023. La segunda es que, al menos de momento, Brasil sigue siendo incapaz de expresar una tercera vía, permaneciendo sumido en un dualismo que corre el riesgo de polarizarse aún más en los próximos meses y años. El impacto de la manifestación no terminó con ella, sino que obligó al gobierno a reflexionar sobre cuál será el escenario de las elecciones municipales de octubre próximo y de las presidenciales de 2026.

Lula tardó unos días en pronunciarse. El lunes incluso evitó la pregunta de un periodista sobre el tema. Sólo al día siguiente dijo que “no es posible negar un hecho” y que “hicieron una gran manifestación en San Pablo. Aunque uno no quiera creerlo, basta con ver las fotos”. Rui Costa, ministro de la Casa Civil, declaró “que la movilización no estuvo a la altura de las expectativas de los organizadores” y que “la mayoría de los presentes siguieron la llamada de los pastores neopentecostales”. Sin embargo, lo que provocó el rechazo del gobierno a la manifestación fue la presencia de sus aliados, como el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (Unión Brasil), que en los últimos meses había mantenido un diálogo con el gobierno federal para sacar adelante proyectos de interés para su estado.

Bolsonaro, en su discurso del domingo, se defendió de las acusaciones de golpismo y pidió una amnistía para los condenados por los sucesos del 8 de enero. “Un golpe es un tanque en la calle, una pistola, una conspiración”, dijo a la multitud presente, “nada de eso se ha hecho en Brasil”. El ex presidente también restó importancia al descubrimiento de un proyecto de decreto golpista hallado en el domicilio de su ex ministro de Justicia Anderson Torres. “El estado de sitio comienza con la convocatoria, por parte del Presidente, de un Consejo de la República y de Defensa. ¿Se ha hecho? No”, dijo Bolsonaro.

Sus palabras, sin embargo, fueron percibidas como un boomerang. El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, dijo en una entrevista que esto “parece haber sido una confesión y parece que todo el mundo sabía” refiriéndose al borrador del golpe que Bolsonaro mencionó por primera vez en su discurso durante el evento. Según Mendes, el ex presidente pasó de ser el “posible autor intelectual al presunto autor material” de la intentona golpista. Sin embargo, la Policía Federal acabó descartando la posibilidad de volver a interrogar a Bolsonaro sobre sus declaraciones mas cuatro días después de la manifestación, desató la fase 25 de la operación “Lesa Patria” con un centenar de órdenes de detención contra personas sospechosas de estar implicadas en la supuesta intentona golpista.

Entre los detenidos estaba también el empresario Joveci Xavier de Andrade, acusado de figurar entre los financiadores de los campamentos bolsonaristas frente al cuartel militar de Brasilia, campamentos desde los que los manifestantes partieron para asaltar los palacios del poder. Ayer, durante más de siete horas, la Policía Federal también interrogó al general que comandaba el ejército en 2022, Freire Gomes. Su interrogatorio podría ser decisivo para una eventual detención de Bolsonaro. Para los investigadores, Gomes desempeñó un papel importante en impedir el uso de tropas del ejército en la supuesta trama golpista. Sin embargo, según la imprensa local la Policía Federal lo interrogó sobre por qué no había denunciado lo que se estaba tramando en el gobierno.

Bolsonaro, recordemos, es inelegible hasta 2030 por decisión de la justicia electoral y en tal escenario la manifestación en la que aparentemente volvió al protagonismo sancionó de hecho el traspaso al gobernador paulista Tarcisio Gomes de Freitas. “Bolsonaro se ha limitado a pedir una amnistía, mientras que uno de sus principales herederos, Tarcísio, ya lo ha tratado como un retrato en la pared, postulándose para heredar sus votos”, escribió el diario O Estado de São Paulo en un editorial. Tarcísio, de 45 años, ex ministro de Infraestructuras en el gobierno Bolsonaro, pertenece al partido Republicano, actualmente en el poder con Lula. Su gobierno en el estado de San Pablo ha sido hasta ahora objeto de muchas críticas, especialmente en relación con la gestión de la seguridad pública. En su discurso durante la manifestación del pasado domingo, Tarcísio dijo que “Bolsonaro no es un código fiscal, no es una persona, sino que representa un movimiento”, relegando de hecho al ex presidente a una idea. En el análisis del diario O Estado de São Paulo, “siendo él mismo perfectamente elegible, a diferencia de su padrino político, Tarcísio se ha presentado claramente como candidato al liderazgo de este movimiento, en una competición contra varios otros presentes junto a Bolsonaro en la Avenida Paulista”.

El gobernador de San Pablo fue el único al que se le dio la palabra entre los gobernadores presentes en el acto, a saber, el de Minas Gerais Romeu Zema, del partido Novo, el de Goiás Ronaldo Caiado, del partido Unión Brasil, y el de Santa Catarina, Jorginho Mello, del Partido Liberal, el PL de Bolsonaro. “El poder movilizador de Bolsonaro es innegable, como demuestran las multitudes reunidas en la Avenida Paulista. Pero mientras el ex presidente se ha limitado a despotricar contra el ‘comunismo’ y a llamarse ‘perseguido’, Tarcísio y otros ya miran hacia el futuro y sus desafíos”, concluye O Estado de São Paulo. Según los datos recogidos por el proyecto de investigación de la Universidad de San Pablo, Seguimiento del Debate Político en el Medio Digital, el 61% de los manifestantes entrevistados durante el acto señalan a Tarcísio como su candidato favorito para las elecciones presidenciales de 2026.

Mientras tanto, el gobierno de Lula se ha tratado reaccionar. Movimientos y partidos de izquierda, empezando por el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, han convocado una gran manifestación para el 23 de marzo. Al principio, el lema principal iba a ser la petición de encarcelamiento de Bolsonaro. Luego se planeó sustituirlo por el más genérico “no a la amnistía de los golpistas” para recordar también los 60 años del golpe militar de 1964. Pero muchos se preguntan si el tema elegido no tendrá un efecto boomerang en el gobierno. De hecho, el 27 de febrero, en una entrevista concedida a la televisión brasileña RedeTV!, Lula evitó criticar la actuación de las Fuerzas Armadas y dijo que no quería hablar sobre las consecuencias del golpe militar de 1964. “Es una parte de la historia de Brasil sobre la que todavía no tenemos toda la información, porque todavía hay personas desaparecidas, porque hay personas que pueden ser investigadas. Pero, sinceramente, no voy a insistir en esto. Voy a intentar que este país avance”, afirmó. Agregó que en ningún otro momento de la historia los miembros de las Fuerzas Armadas fueron castigados como en la actualidad por su participación en la trama golpista de Bolsonaro y sus aliados. Sus declaraciones generaron indignación entre los familiares de las víctimas de la dictadura militar y protestas de la Coalición Brasileña por la Memoria, la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Democracia, una organización que representa a varios grupos de derechos humanos, entre ellos el Instituto Vladimir Herzog. “Hablar del 64 no significa quedarse en el pasado, sino discutir el futuro”, reza su declaración.

La manifestación del 23 de marzo, de la que aún no se han revelado detalles, tendrá lugar en San Pablo y Salvador, en el estado nordestino de Bahía, gobernado por el aliado de Lula Jerônimo Rodrigues, del PT y desde siempre el bastión electoral del presidente. En Bahía Lula obtuvo el 72,12% de los votos en las presidenciales de 2022. Sin embargo, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, negó que la movilización fuera una respuesta a la manifestación de Bolsonaro. “La defiendo como una acción continuada contra las movilizaciones y acciones de la extrema derecha y como un apoyo a las políticas que defendemos”, dijo. “Queremos que Lula participe y nos ayude a decidir si es mejor centrar nuestros esfuerzos en Salvador o en San Pablo”, se hizo eco João Paulo Rodrigues, el coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Sin embargo, el partido está dividido. Fuentes del PT revelaron a Infobae que una parte del Partido de los Trabajadores preferiría que la manifestación principal se realizara en Bahía, donde habría más probabilidades de un mayor número de participantes. En San Pablo, en cualquier caso, lo más probable es que se evite la Avenida Paulista para que no haya comparación numérica con la de Bolsonaro. De hecho, la gran incógnita sigue siendo cuánta población podrá seguir convocando el petismo a las calles, tal y como ocurrió durante la campaña electoral, en la que muchos actos fueron testigos de una drástica reducción de manifestantes pro-Lula en comparación con la época anterior a la operación Lava Jato, que destapó el escándalo de la corrupción en Brasil.

Como bien explica el analista político Ricardo Corrêa, si “Bolsonaro quiere llevar el debate sobre su futuro del terreno jurídico al político, para forzar un choque social y un chantaje por la amnistía, sus adversarios parecen dispuestos a contribuir a ello”. En resumen, el bolsonarismo parece estar paradójicamente alimentado por los mismos petistas que pretenden derrotarlo e, inclusive, por el sistema judicial. Tal es el caso del interrogatorio al que Bolsonaro fue sometido el pasado martes por la Policía Federal, acusado de haber acosado a una ballena a bordo de un jet de Sky en el litoral paulista. “Fue la ballena la que se me acercó”, respondió el ex presidente. “Nada en contra de las leyes y ordenanzas ambientales del Ibama (Instituto Brasileño de Recursos Naturales Renovables y Ambientales), pero llamar a un ex presidente a declarar durante dos horas sobre este caso, en pleno escándalo de intento de golpe de Estado, juega mucho más a favor del argumento de la persecución. Si el encarcelamiento es inevitable, al menos los argumentos que le permitan revertir la situación en el futuro, como hizo Lula, parecen ofrecérsele semanalmente”, comenta Corrêa. Mientras tanto, el Tribunal Superior Electoral (TSE) calentó motores esta semana para la primera gran prueba de la era post-Bolsonaro, es decir, las elecciones municipales de octubre. El TSE aprobó 12 resoluciones que establecen nuevas reglas para la votación. Algunas servirán para contrarrestar la desinformación y el uso ilícito de la Inteligencia Artificial. También se establece la responsabilidad de las plataformas sociales si el contenido prohibido no se retira inmediatamente de la red.