Preocupación por la judicialización de la política en Panamá

Las elecciones presidenciales del próximo 5 de mayo en Panamá han quedado sumergidas en una fuerte polémica por la creciente judicialización de la campaña política que, según partidos políticos de oposición y ciertos sectores de la sociedad civil, sería similar a la crisis que se vivió en Guatemala el año pasado.

El actual presidente Laurentino Cortizo -cuyo partido PRD lleva como candidato a su actual vicepresidente Gabriel Carrizo- nombró a seis de los nueve miembros actuales de la Corte Suprema de Justicia. Lo que le permite tener mayoría en las votaciones del principal Órgano Judicial.

Los candidatos opositores favoritos en las encuestas están siendo inhabilitados a través de acciones judiciales tomadas por el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, en medio de denuncias de irregularidades por parte de los partidos de oposición, que además alertan sobre manipulación y la injerencia del Gobierno actual a favor de su candidato, el vicepresidente Gabriel Carrizo.

El Tribunal Electoral de Panamá ya anunció que dará celeridad a la inhabilitación del candidato y ex presidente Ricardo Martinelli, del partido Realizando Metas, luego que el pasado 2 de febrero, un día antes que iniciara formalmente el periodo de campaña electoral, la Corte Suprema emitiera un fallo condenándolo por el supuesto delito de blanqueo de capitales. Un caso que tenía más de 8 años abierto en la Justicia ordinaria y que fue acelerado en los últimos meses por el Órgano Judicial.

El proceso de inhabilitación está ahora en manos del Tribunal Electoral panameño y podría terminar con su candidatura presidencial

Además, el 22 de febrero se conoció que la Corte Suprema de Justicia también había fijado una audiencia de imputación contra otra candidata presidencial, Zulay Rodríguez, quien se ucbica entre el segundo y tercer puesto en las encuestas presidenciales.

El cuarta candidato que podría seguir el camino por el que están llevando a la candidatura de Martinelli y Rodríguez, es el postulante del partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, quien tiene denuncias archivadas por tener nacionalidad estadounidense, lo que lo inhabilitaría para optar por la Presidencia.

Se trata de tres candidaturas opositoras al gobierno actual de Laurentino Cortizo, que busca conservar parte del poder con la postulación del actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo. Pero Carrizo marca de penúltimo en todas las encuestas.

El 25 de junio de 2023 se celebró la primera vuelta electeroal en Guatemala para definir al nuevo presidente, en un proceso repleto de denuncias de fraude y en donde tres candidatos fueron excluidos del proceso por cuestionadas actuaciones judiciales de la Corte Suprema y el Ministerio Público de ese país.

Los dos primeros candidatos en ser excluidos del pasado proceso electoral de Guatemala fueron la líder indígena de Izquierda, Thelma Cabrera , el hijo del expresidente Álvaro Arzú, Roberto Arzú García Granados. Estos primeros casos tuvieron mucha repercusión mediática.

La candidatura de Cabrera para los comicios del domingo fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) guatemalteco porque su candidato a vicepresidente, el exprocurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, tenía una denuncia pendiente por resolver.

En mayo del año pasado el tema tomó otras dimensiones. El empresario Carlos Pineda se convirtió en el tercer candidato presidencial en ser excluido del proceso electoral de Guatemala en mayo de 2023.

Pineda, quien lideraba las encuestas presidenciales, fue eliminado por un proceso judicial que le siguió la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Organismo Judicial guatemalteco, debido a supuestas irregularidades en la asamblea donde se proclamó a los candidatos del partido Prosperidad Ciudadana que postulaba al empresario.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad puso en firme la eliminación de Pineda en mayo del año pasado, al rechazarle su último recurso de apelación.

Tras la primera vuelta electoral, el conteo demoró 15 días en medio de las resonantes denuncias de fraude. El 10 de julio de 2023, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala finalmente llamó a una segunda vuelta electoral entre Bernardo Arévalo y Sandra Torres para el 20 de agosto.

En medio de ese llamado a las urnas, un juez suspendió la personalidad jurídica del Movimiento Semilla de Arévalo por un supuesto caso de firmas falsas de afiliados para la formación del partido político, pese a que esto contraviene la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y puso en riesgo la participación del partido en la segunda vuelta.

Pero un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad aseguró su participación de Arévalo y su compañera de fórmula Karin Herrera.

Tras la contundente victoria en las urnas, y hasta último momento, la asunción de Arévalo estuvo en peligro. Sin embargo gracias la pronunciamiento público de la OEA y de la comunidad internacional, y de las masivas muestras de respaldo en la calles, Arévalo pudo asumir la presidencia guatemalteca.