Los 13 empleados de la ONU expulsados por la dictadura de Maduro llegaron a Panamá

Los funcionarios de las Naciones Unidas dejaron Venezuela un día después de que el relator especial de la Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, asegurara que la régimen chavista le impidió visitar centros de detención

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Detalle este martes, 20 de febrero, del exterior de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Panamá, en la capital panameña, donde se ha confirmado que los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela están en Panamá para continuar sus labores, tras ser expulsados del país suramericano. EFE/Carlos Lemos
Detalle este martes, 20 de febrero, del exterior de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Panamá, en la capital panameña, donde se ha confirmado que los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela están en Panamá para continuar sus labores, tras ser expulsados del país suramericano. EFE/Carlos Lemos

Los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela están en Panamá para continuar sus labores tras ser expulsados del país suramericano, según confirmó este martes a EFE una fuente en el país centroamericano del organismo internacional.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no ha dado, hasta el momento, más detalles de la llegada de los 13 funcionarios, una información que ya había adelantado a EFE el organismo de la ONU desde su sede en Ginebra y el propio dictador venezolano, Nicolás Maduro, que aseguró que ya se había completado la salida del país el sábado, cuando se cumplía el plazo de 72 horas dado a los funcionarios.

La ONU tiene en Panamá su sede de la Oficina para América Central y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al igual que otras agencias regionales del organismo.

Según había adelantado este martes a EFE la portavoz del organismo Marta Hurtado, la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk tiene mandato global por lo que puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela aunque no tenga presencia física allí.

Los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dejaron Venezuela después de que el régimen chavista suspendiera el jueves pasado las actividades de ese organismo entre acusaciones de presunto espionaje y conspiración desde el Ejecutivo venezolano.

La oficina, con sede en Ginebra (Suiza) y establecida en Caracas desde septiembre de 2019, “se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (...) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela”, dijo el dictador venezolano.

Sin embargo, la decisión de expulsar a estos funcionarios, un hecho sin precedentes, se produjo un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, asegurara que la dictadura venezolana le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó el miércoles.

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, participa durante una rueda de prensa este miércoles en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Pena R
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, participa durante una rueda de prensa este miércoles en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Pena R

“Respecto a los centros de detención, el Gobierno no me permitió que fuera y, sencillamente, las autoridades estaban cambiando mi agenda de forma constante y muchas veces no sabíamos a dónde ir”, dijo el relator en una conferencia de prensa, ofrecida luego de varios días de reuniones con representantes del régimen chavista, organizaciones no gubernamentales y otras agrupaciones civiles.

Pese a esta negativa describió la situación de los privados de libertad sin explicar las fuentes de información utilizadas o si ofrecerá nuevos detalles al respecto en la presentación de sus conclusiones el próximo marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En este sentido, dijo estar “seriamente” preocupado por la seguridad alimentaria de los presos, especialmente por el estado en el que se encuentran los detenidos en los centros de custodia preventiva que albergan casi el doble de internos de su capacidad, según un informe presentado la semana pasada por la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).

Son centros “temporales que no incluyen instalaciones para alimentarlos (...) las autoridades no proporcionan a los detenidos ninguna comida, agua, baño o atención sanitaria”, subrayó Fakhri, quien instó a agilizar los juicios de estas personas así como sus traslados hacia las cárceles, donde “la situación es algo mejor”.

Explicó que, debido a los retrasos judiciales, estos centros se han convertido en lugares de detención asignados, por lo que algunas personas cumplen penas de varios años en estos calabozos que son “inhumanos, degradantes y pueden constituir torturas”.

Consultado por las razones que le impidieron visitar estos calabozos -en los que murieron 17 reos en 2023 por problemas de salud, según UVL-, instó a preguntar al régimen de Maduro sobre sus motivos para mantener esta negativa.

Por su parte, aclaró, sorteó “problemas logísticos” para atender algunas reuniones y expresó sus “frustraciones” al Gobierno en vista de que los funcionarios “priorizaron más en protocolo”, haciéndolo perder horas en almuerzos oficiales y en actos para ser fotografiado.

(Con información de EFE)