El embajador de EEUU en Asunción, Marc Ostfield, llamó este lunes a Paraguay a “redoblar esfuerzos y atacar frontalmente” la corrupción y la impunidad, que consideró “los mayores obstáculos para la inversión”.
En un mensaje con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, celebrado el pasado 9 de diciembre, el diplomático consideró importante “recordar que, si hay corrupción, es porque existe impunidad”.
“Y la impunidad atenta directamente contra los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos”, agregó Ostfield.
En ese sentido, señaló que para que la gente “confíe en que en su país rige un Estado de derecho, es esencial que los actores corruptos rindan cuentas dentro de los sistemas del país”.
“Cuando los notoriamente corruptos evaden la rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos, están afectando de manera profunda la confianza que las personas depositaron en ellos para zanjar las desigualdades sociales y económicas”, agregó la declaración, difundida en la web de la Embajada estadounidense.
También apuntó que las personas, “al ver que a los poderosos no se les castiga, sienten temor de denunciar nuevos casos de corrupción o siquiera mencionar públicamente a los corruptos, por miedo a represalias”.
Entre otros, mencionó, por ejemplo, que el Informe de la Corporación Latinobarómetro 2023 “indica que apenas el 40 % de los paraguayos apoya la democracia, mientras el 54 % favorece el autoritarismo o le es indiferente”.
En todo caso, destacó como “señales alentadoras” por parte del Gobierno de Paraguay la promulgación de leyes que han permitido, entre otros, crear la Jurisdicción Especializada en Delitos Económicos y Crimen Organizado, así como aquellas que previenen y sancionan el conflicto de intereses en la función pública y la que crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas.
De igual forma, observó “el esfuerzo reciente” del Gobierno del presidente Santiago Peña de crear una estrategia anticorrupción que incluya a todas las ramas del poder público. No obstante, admitió que aunque ven con “optimismo” las medidas para combatir la corrupción, “éstas no serán suficientes si no se aborda también el problema de la impunidad”.
Por otra parte, Ostfield indicó que desde el Gobierno de EEUU aprecian las fortalezas y potencial de la economía de Paraguay, país que resaltó es conocido “por su estabilidad económica, su prudencia fiscal, su energía limpia y su capacidad de crecimiento a largo plazo”.
“Es momento de redoblar esfuerzos y atacar frontalmente a la corrupción y la impunidad, asegurando la colaboración del sector público, el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil”, añadió el embajador, que ratificó el interés de su país de seguir “cooperando con el Paraguay, como socio y amigo”.
14 detenidos por operación contra armas en Paraguay
Un general en retiro se entregó el pasado miércoles a las autoridades en Paraguay, donde son ya 14 los detenidos, entre ellos cinco militares, y 1.800 las armas incautadas en una operación contra un presunto esquema de tráfico de armas importadas de Europa y al parecer enviadas a Brasil, informaron fuentes oficiales.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) dio a conocer que el general Jorge Antonio Orué Roa, extitular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) -la entidad oficial que regula el armamento, las municiones y los explosivos en el país- se presentó en la sede del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional en el departamento de Concepción (norte).
Según la Senad, Orué era “uno de los objetivos” de la operación ‘Dakovo’, que, además de allanamientos en Paraguay, incluyó registros en Brasil y en Kansas (EE.UU.).
El director de comunicación de la Senad, Francisco Ayala, indicó al canal ABC TV que en el país se incautaron 1.823 armas de fuego, entre ellas más de 1.200 pistolas calibre 9 milímetros y unas 600 armas largas, como fusiles y rifles calibre 7.62 y 5.56 semiautomáticos.
“Las armas eran importadas legalmente con mucha complicidad y apoyo de personal de la Dimabel, que facilitaba los procesos. Una vez que ingresaban a territorio nacional, estas eran sometidas al borrado de número de serie y directamente comercializadas, a través de intermediarios que se encontraban en Ciudad del Este, a las facciones criminales”, explicó Ayala.
(Con información de EFE)
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