Una ONG hizo 9 recomendaciones a Daniel Noboa para combatir al crimen organizado

La seguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos, según el Barómetro de las Américas. El país enfrenta niveles de violencia nunca antes vistos y se ha confirmado, incluso de manera oficial, que el crimen organizado ha penetrado a las instituciones estatales, medios de comunicación, entidades financieras entre otras. Bajo ese escenario, el nuevo presidente Daniel Noboa deberá implementar sus estrategias de seguridad para devolver la tranquilidad a los ciudadanos como prometió en la campaña. Para lograrlo tiene apenas 18 meses. En ese escenario, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (OECO) ha presentado nueve recomendaciones para el combate al crimen organizado y el narcotráfico.

De acuerdo con el OECO, la seguridad, además de ser un asunto militar y policial, se ha convertido en un tema que requiere voluntad política. Las decisiones desde lo político, explica el observatorio, incluyen la capacidad para liderar nuevas propuestas, “incluyendo el rol de instituciones anteriormente imperceptibles en el combate contra el crimen organizado, como: Procuraduría, Contraloría, Ministerio de Ambiente, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Energía, Unidad de Análisis Financiero y Económico, Superintendencias, entre otros; así como, priorizar aquellas actividades urgentes para reducir el nivel de criminalidad en el Ecuador sin perder de vista el potencial que brinda conocer a profundidad la estructura del Estado”.

Ecuador es el país latinoamericano donde más crecieron las muertes violentas durante el último año. Las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes en distintas localidades del país dan cuenta del incremento de las muertes violentas y de la crisis de seguridad que enfrenta la nación. El país enfrenta la mayor ola de homicidios de su historia, que proyectará al Ecuador entre los tres países más violentos de la región.

La primera recomendación del observatorio es instituir una política interinstitucional enfocada en impactar las economías ilícitas, para fortalecer las capacidades de los funcionarios en generar investigaciones financieras paralelas o patrimoniales. Para ello, el OECO sugiere acompañar esta estrategia con el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios para promover macro investigaciones e investigaciones espejo.

Mejorar el sistema de prevención y combate al lavado de activos para “mejorar los registros, el seguimiento a actividades y profesiones no financieras designadas, así como la utilización de herramientas de seguimiento, monitoreo y sanciones a instituciones bancarias por financiamiento al terrorismo”. En esta segunda recomendación, el OECO indica que las deficiencias actuales del sistema contra el lavado de activos han provocado que en Ecuador sea muy bajo el impulso y las condenas relacionadas al blanqueo de capitales. Después del narcotráfico, la segunda economía criminal del país es el lavado de activos. La dolarización, la baja bancarización y la falta de controles han permitido que algunas zonas del Ecuador sean el centro de negocios del crimen organizado.

Otra de las sugerencias es incentivar la investigación estratégica ante el crimen organizado puesto que “no existe una articulación interagencial para que esa información pueda ser utilizada con miras de investigaciones criminales integrales”. El OECO recomienda fomentar técnicas especiales de investigación, el procesamiento de información de fuentes variadas y la identificación de signos de alerta.

Establecer una mayor coordinación interinstitucional es la cuarta recomendación. Ante la ausencia de liderazgo del gobierno y una desinstitucionalización en el país, el observatorio señala que se debe fortalecer al Consejo de Política Criminal, activo en Ecuador desde marzo de este año, y cuya función es diseñar la política pública en seguridad.

Para promover una estrategia focalizada en la reducción de la criminalidad y los homicidios, el OECO sugiere crear un plan con objetivos, indicadores y metas territoriales para la reducción de los homicidios y retomar las mesas de justicia y seguridad a nivel territorial.

Considerando que la política penitenciaria actual promueve acciones reactivas, el observatorio recomienda fomentar una política penitenciaria de acuerdo con estándares internacionales. En esta área el gobierno debe incrementar la infraestructura penitenciaria de acuerdo con estándares internacionales, reducir el hacinamiento, reubicar a los presos de acuerdo con el índice de peligrosidad; investigar, sancionar y judicializar a los funcionarios y guías penitenciarios vinculados al crimen organizado; y promover un subsistema de inteligencia penitenciaria dentro de la nueva Agencia Nacional de Inteligencia.

Las últimas tres recomendaciones se centran en fortalecer la seguridad fronteriza; debilitar los eslabones que promueven mercados ilícitos, como el contrabando de combustible y otros flujos que permiten el tráfico de precursores químicos; y reforzar el control de armas.