Crece la polémica en Uruguay por un proyecto inmobiliario de un empresario argentino en Punta Ballena

Punta Ballena, en el departamento uruguayo de Maldonado, es conocida por su belleza y su vínculo con el conocido artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, sin embargo ahora se transformó en foco de un creciente debate sobre un proyecto de construcción de un mega complejo residencial. El temor de los residentes y activistas ambientales ha impulsado una serie de protestas programadas para este domingo, poniendo el sitio en el punto de mira de las autoridades ambientales de Uruguay.

La sierra de La Ballena, o Punta Ballena como se la denomina popularmente, es una falla geológica de unos 530 millones de años. El artista plástico Páez Vilaró construyó allí su emblemática Casapueblo y, con el paso de los años, se sumaron algunas residencias y pequeños hoteles, pero la loma conservó todo este tiempo sus zonas vírgenes. Ahora, una gran parte del terreno, justamente el que ofrece la mejor visión de la puesta del sol, podría cambiar su fisionomía natural para dar paso a un polémico emprendimiento.

El “Complejo Residencial Punta Ballena”, que se ubica en la costa del departamento, en la ladera a ambos lados de la Sierra de la Ballena, es un proyecto presentado por un grupo de inversionistas que lidera un empresario argentino.

El plan de construcción comprende nueve hectáreas de terreno y requiere la edificación de 29 edificios compuestos de 320 departamentos en total. Sin embargo, la propuesta ha encontrado resistencia entre los vecinos de Punta Ballena y diversas organizaciones que buscan preservar el área.

Quienes se resisten al complejo tienen sus argumentos: según el informe ambiental publicado en la página web del Ministerio de Ambiente de Uruguay, entre los impactos que tendría esta propuesta, figuran la “pérdida de biodiversidad” con una importancia “alta”. El estudio, además, advierte que sólo la etapa de construcción de este proyecto afectará el 34,6% del área de vegetación natural de Punta Ballena.

El uso de estas tierras para el complejo atravesó un largo proceso legal que data de los años 70, durante la dictadura militar en Uruguay. En aquel entonces, las autoridades utilizaron suelo de Punta Ballena para la construcción de una ruta panorámica y un recorrido turístico. Esto llevó a los herederos de Antonio Lussich, antiguos dueños del terreno, a interponer un juicio que culminó con la devolución de 11 hectáreas.

Después del juicio, en 2012, los propietarios del terreno y las autoridades departamentales negociaron un acuerdo donde se estableció que ciertas áreas del terreno quedarían como lugares públicos. Pasado el tiempo, los herederos de Lussich hicieron un pacto con inversionistas para levantar un enorme complejo residencial requiriendo para ello las autorizaciones oficiales, las cuales, debido a las características del proyecto, incluyen una autorización ambiental. Este es el último eslabón que aún no se concretó. La política ya le dio luz verde, pero las dudas ambientales son la última esperanza para los vecinos del lugar.

René del Castillo, bisnieta del pionero Antonio Lussich, pidió la palabra durante la asamblea de activistas que convoca a las protestas para reconocer que ella “es parte del problema” porque el Estado expropió las tierras a su familia y luego las privatizó; algo que, en su opinión, “no se debió hacer”. No obstante, también sostuvo que ahora “es parte de la solución” porque trabajará junto a la sociedad civil organizada para protegerlas. “Punta Ballena es un emblema internacional y tiene que volver a ser expropiado”, sentenció según reseña La diaria de Maldonado .

La resistencia a este plan de construcción ha crecido paulatinamente bajo el lema “Decimos no al proyecto de desarrollo residencial en Punta Ballena”, y argumentan la necesidad de preservar el patrimonio cultural y natural del área. Los detractores del proyecto insisten: “Este proyecto destruye Punta Ballena”.

Este domingo se realizará una tarde completa de protesta, con oradores, intervenciones artísticas y espacio de debate. Y días atrás se realizó la asamblea de activistas en el Club de Pesca de Las Grutas, convocada por la “Red Unión de la Costa”.

“Esto es lo que quieren hacer en Punta Ballena. Lamentable que se venda todo. Hay recursos que no vuelven más. No todo está en venta, no todo es mercado”, escribió indignada una vecina en su cuenta de X, antes Twitter, con la imagen del proyecto: un mapa lleno de colores donde los estacionamientos, las piscinas y las residencias, tapan las rocas y la vegetación del lugar.

“Punta Ballena es más que un simple punto geográfico, es una joya geológica con rocas de más de 530 millones de años compuesta por media docena de pequeñas grutas. También es un zona de gran relevancia ecológica ya que cuenta con 427 especies de plantas registradas, 14 de ellas son endémicas del país y dos del lugar, es decir, que no existen en ninguna otra parte del mundo. La conservación de estas especies es prioritaria”, afirman en su petición en contra del complejo el grupo No Al Proyecto Punta Ballena Uruguay, en la plataforma Change.org, donde buscan firmas para frenar la iniciativa.

“Como uruguayos, no podemos permitir que este patrimonio nacional se pierda debido a la especulación inmobiliaria, intereses privados y la falta de voluntad política”, denuncian en a petición.

Y exigen: “Instamos al gobierno uruguayo a tomar medidas inmediatas para garantizar la preservación de Punta Ballena como Patrimonio Cultural y Natural del Uruguay”.

Durante la asamblea, el abogado José Luis Sciandro, experto en temas jurídicos ambientales, recomendó “no dejar pasar los días” y aconsejó a la población que ingrese al formulario Change.org y en las páginas de la Red Unión de la Costa para exponer sus motivos contrarios al complejo residencial, antes de que venza el plazo, el 18 de noviembre próximo.

Según detalla el medio uruguayo La diaria de Maldonado, la concejala frenteamplista del Municipio de Maldonado Irene Pepi Gonçalves también intervino en esa reunión y denunció que “hubo un proceso fraudulento” por parte de la consultora que elaboró los informes del proyecto. Aseguró que los inversores contrataron a la empresa para “generar un informe que es falso, que no puede tomarse como válido”.

Álvaro, un vecino que lleva más de 50 años en la zona se emocionó y remarcó: “No es algo que toque solamente a quienes vivimos en la zona. Hay gente de todo el departamento que viene a ver los atardeceres, a pescar, a tomar mate, a pasear el perro, o en su primera cita. Gente que tiene en este lugar un pedazo de su historia, que lo disfruta, y que debe entender que todo está en riesgo”.

Mientras, el grupo liderado pro el empresario argentino sigue con su cronograma, que prevé que el proyecto se ejecute en 6 etapas en un plazo aproximado a los 7 años.