
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este miércoles una operación militar en los principales puertos y aeropuertos del país ante una situación de violencia “muy grave” debido al crimen organizado.
Brasil enfrenta un aumento de la violencia a manos de poderosas bandas de narcotraficantes y milicias parapoliciales que controlan territorios, en especial en Rio de Janeiro, lo que impulsó a Lula a considerarlo un problema de seguridad nacional.
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“La situación se volvió muy grave, la violencia que hemos visto se ha agravado cada día”, dijo el mandatario izquierdista en rueda de prensa en el palacio de Planalto tras firmar el decreto del despliegue militar.
La operación, que contará con 3.700 efectivos del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, pretende “ayudar a Brasil a liberarse de las cuadrillas del tráfico de drogas y de armas”, añadió Lula.
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Las medidas especiales se extenderán hasta mayo de 2024 y se circunscribirán al puerto de Santos, el mayor del país, en el estado de Sao Paulo, y otros dos en el estado de Rio de Janeiro: el de la ciudad de Rio e Itaguaí.

Igualmente abarcan los aeropuertos de Guarulhos, en Sao Paulo, y Galeao, en Rio.
“Si fuera necesario reforzar en más puertos y aeropuertos, lo vamos a hacer”, afirmó el mandatario.
Los militares actuarán en coordinación con la Policía Federal para intensificar las detenciones de sospechosos y la confiscación de bienes de las bandas criminales, especialmente en Rio de Janeiro, según una nota del gobierno.
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El ministro de Justicia, Flavio Dino, dijo que era esencial “quitar el dinero al crimen organizado”, que en Brasil gestiona “miles de millones de reales”.
Lula se ha mostrado reticente a enviar a las fuerzas armadas a combatir el crimen organizado en las favelas, señalando no querer “pirotecnia”, en relación a anteriores intervenciones armadas que fracasaron en pacificar las zonas tomadas por milicias y traficantes.
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La situación es especialmente delicada en la zona oeste de Rio de Janeiro, bajo control de las milicias, grupos creados por expolicías que practican la extorsión, y en los últimos años, también el tráfico de drogas.

Las autoridades estatales y federales han dicho en las últimas semanas que quieren “asfixiar” a las milicias persiguiendo sus recursos financieros.
Los problemas de seguridad pública de Río se remontan a décadas atrás, y cualquier ofensiva federal contra el crimen organizado debe estar respaldada por un plan de largo alcance, cuyos frutos podrían verse sólo dentro de unos años, según Rafael Alcadipani, analista de seguridad pública y profesor de la la Fundación Getulio Vargas, una universidad de Sao Paulo.
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“El gobierno federal se está apresurando a tomar esta decisión debido a su falta de acción previa”, afirmó Alcadipani. “El gobierno lo está intentando, pero la posibilidad de que esto no funcione es enorme... Este es un plan de emergencia, algo que se está haciendo en el último momento como si fuera un problema que acaba de surgir, pero no lo es”.
Desde entonces, ha habido una mayor presión para que los gobiernos estatal y federal de Brasil elaboren un plan y demuestren que controlan la seguridad pública en la ciudad de postal.
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El 9 de octubre, días después del asesinato de los médicos, el gobierno del estado de Río desplegó cientos de agentes de policía en tres de los barrios de bajos ingresos de la ciudad.
Y el 23 de octubre, la policía de Río mató a Matheus da Silva Rezende, conocido como Faustão, sobrino del líder de una milicia y miembro él mismo. En una clara muestra de desafío, los delincuentes incendiaron al menos 35 autobuses.
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El miércoles, la policía federal de Río dijo que había arrestado a otro líder de la milicia y a miembros clave de la milicia en Rio das Pedras y Barra da Tijuca, ambos en el estado de Río. También incautaron varios automóviles lujosos a prueba de balas, una propiedad y dinero en efectivo.
(Con información de AP y AFP)
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