Al menos 7.000 casos de agresión a defensoras de derechos humanos en Nicaragua se han denunciado entre 2007 y 2022, indicó el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la ONU, que lamentó las malas condiciones que sufren en cautiverio 350 prisioneras políticas.
Las agresiones a las activistas, calificadas en ocasiones de “traidoras, enemigas de la paz o golpistas”, incluyeron intimidación y acoso, amenazas de muerte, violaciones, así como daños físicos contra ellas, sus familiares o sus propiedades, destacó el comité en un informe sobre la situación de la mujer en Nicaragua.
También señaló que en al menos 38 casos de mujeres intimidadas no se aplicaron las medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El informe denunció por otro lado detenciones arbitrarias y procesos judiciales contra activistas, líderes religiosas, periodistas, estudiantes y otras mujeres por expresar opiniones disidentes y participar en manifestaciones públicas.
También hay mujeres, recuerda el informe, en el grupo de defensores nicaragüenses de derechos humanos y disidentes que han sufrido deportaciones y exilio forzado, con denegación de pasaportes, confiscación de propiedades cuando son expulsados del país y limitadas posibilidades de reunificación familiar.
El informe denuncia por otro lado las malas condiciones que sufren, entre otras, las 350 prisioneras políticas que se calcula hay en el país, en cárceles y centros de detención donde sufren violencia de género, confinamientos solitarios, hacinamiento o inadecuado acceso a sanidad y agua potable, entre otros problemas.
El comité de la ONU, formado por 23 expertos (22 de ellos mujeres) y presidido en la actualidad por la española Ana Peláez, denunció asimismo la persecución que sufren las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer.
“Son estigmatizadas por su trabajo y sufren campañas de difamación”, lamentó el documento, que indica que 212 de las 3.200 organizaciones de la sociedad civil ilegalizadas desde 2018 en Nicaragua trabajaban en la defensa de las mujeres.
En el campo de la violencia contra la mujer, el informe criticó que un 50 % de las denuncias de este tipo de agresiones son archivadas en los tribunales o finalizan con la absolución del acusado.
También advirtió de que en las oficinas para la familia responsables de recoger las denuncias de este tipo de violencia, en muchas ocasiones a las mujeres se les intenta convencer de que no presenten cargos, “priorizando la mediación con el fin de mejorar las relaciones maritales”.
El informe subrayó que entre 2018 y 2022 se reportaron 57 feminicidios y 220 intentos de feminicidio en el país centroamericano, un aumento con respecto a cifras anteriores, que podrían ser mayores dado que el Código Penal solo considera como tales aquellos en el contexto de relaciones de pareja.
También denunció denuncias de violencia de género, ataques físicos, psicológicos y sexuales, desapariciones, desplazamientos forzados y expulsiones de sus hogares contra mujeres indígenas en la costa Caribe norte.
El comité expresó por otro lado su preocupación por ciertas prácticas que contribuyen a la discriminación de la mujer en Nicaragua, como el llamado “marianismo”, según el cuál la Virgen María debe ser el modelo a seguir por la mujer, “algo que refuerza actitudes patriarcales y estereotipos sobre los diferentes roles de la mujer y el hombre en la familia y la sociedad”.
El comité de Naciones Unidas emite estos informes tras reunirse con una delegación del Estado concernido y analizar con éste distintas situaciones, aunque en el caso de Nicaragua el encuentro organizado el 23 de octubre con este objetivo fue boicoteado por la embajadora nicaragüense ante la ONU en Ginebra, Rosalía Bohórquez.
La diplomática leyó un comunicado criticando la labor del comité y abandonó la sala sin dejar que concluyera el turno de réplica de la presidenta del comité, algo que ésta consideró un “comportamiento inaceptable”.
El comité vela por el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en vigor desde 1981, y Nicaragua, como todos los 189 Estados parte, está obligada a someterse periódicamente a exámenes ante este órgano para analizar su cumplimiento de ese marco jurídico internacional.
(Con información de EFE)
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