Del ataque contra el Lava Jato a las exigencias de Lula por mantener secretos de Estado: en Brasil, la transparencia centra el debate

La palabra de moda esta semana en Brasil ha sido ‘transparencia’, principalmente de la política pero también de la justicia, y ha suscitado un acalorado debate entre magistrados, prensa, asociaciones como Transparencia Internacional y sociedad civil. La discusión empezó con unas declaraciones que cuestionaban ciertos aspectos de la democracia brasileña. Comenzó con el presidente Lula argumentando durante su directo semanal de los martes que las votaciones de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) deberían ser secretas, en lugar de abiertas y difundidas como se hace actualmente según la Constitución. “La sociedad no debe saber cómo vota un juez del Supremo Tribunal. Porque todos los que pierden están enojados, y todos los que ganan están felices”, dijo Lula. Hubo una reacción inmediata de organismos internacionales como “Transparencia Internacional”, que se dirigió directamente a Lula en su twitter: “Presidente Lula, cuanto más transparentes sean las decisiones de los jueces, más la sociedad podrá conocer y defender sus derechos. En un país tan desigual, es esencial que la población pueda vigilar el funcionamiento de las instituciones. Es preocupante que el presidente que apoyó la creación de la ley de acceso a la información defienda ahora una mayor opacidad en el sistema judicial”.

Antes de ser elegido, Lula había acusado repetidamente al ex presidente Jair Bolsonaro por su injerencia en muchas áreas del Gobierno y, especialmente, por imponer a menudo el secreto de Estado. Sin embargo, según el diario Folha de São Paulo una vez en el poder Lula no se comportó de forma diferente e incluso adoptó algunas tácticas para ocultar sus reuniones para discutir la reforma ministerial, en particular con el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del Partido de los Progresistas. Estas reuniones tuvieron lugar por la noche, fuera de la agenda oficial, sin siquiera las habituales escoltas de seguridad, sino en coches “de paisano” para evitar ser notado. La llamada Ley de Acceso a la Información, que permite una mayor transparencia sobre los datos oficiales del Gobierno, también ha sido objeto de diversas restricciones. Lula impuso el secreto sobre los registros de visitas al palacio presidencial de Alvorada, argumentando que hacerlos públicos pondría en peligro su seguridad y la de su familia. Otras medidas de secreto fueron impuestas sobre las imágenes completas de las invasiones a los palacios del poder el 8 de enero (posteriormente levantadas por el ministro del STF, Alexandre de Moraes) y también sobre la lista de invitados a la recepción de Itamaraty, también un secreto posteriormente levantado debido a los protestos de la oposición. El valor de los gastos de viajes nacionales e internacionales del presidente y la lista de ingresos y gastos del Ministerio de Economía siguen siendo secretos.

Por si fuera poco, inflamó aún más el debate la decisión el martes del juez del STF Dias Toffoli de anular todas las pruebas aportadas por la constructora Odebrecht en su acuerdo con los jueces de Lava Jato, la operación de un pool de magistrados de Curitiba que desde 2014 destapó la caja de Pandora de la corrupción en Brasil. Toffoli acogió la petición de Lula que cuestionaba la integridad de los sistemas de la compañía que registraban los pagos a cientos de políticos, empresarios y lobistas. En su sentencia, Toffoli afirmó que los jueces de Lava Jato supuestamente practicaron la “tortura psicológica” para obtener pruebas de “personas inocentes”. Además, el texto afirma que el encarcelamiento de Lula fue uno de los “mayores errores judiciales de la historia de Brasil”, una “invención”, “fruto de un proyecto de poder de algunos funcionarios públicos”. En realidad, el encarcelamiento de Lula no tiene nada que ver con el caso Odebrecht, sino con el famoso Triplex que una constructora, la OAS, supuestamente le dio como soborno. La decisión de Toffoli anulará ahora todas las condenas en los tribunales y, paradójicamente, el juez ya ha ordenado investigar a los fiscales y los magistrados que participaron en el acuerdo con Odebrecht, como el ex diputado Deltan Dallagnol y el senador Sergio Moro. La Fiscalía Federal abrirá una investigación para cobrar a los ex magistrados de Lava Jato millones de dólares por los costos de sus juicios y los daños y perjuicios reclamados en los tribunales por los implicados en la operación. Además el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) pidieron ayer que se rehabiliten las empresas condenadas en el ámbito del acuerdo con Odebrecht.

Para la periodista Malu Gaspar, autora de ‘La Organización’, un detallado libro de investigación sobre el caso Odebrecht dentro del ‘Lava Jato’, “el argumento del ministro no se sostiene”. Toffoli argumenta que los magistrados de la operación Lava Jato deberían haber buscado la cooperación internacional para validar las pruebas, en particular las que revelan detalles de los más de 10.600 millones de reales, unos 2.130 millones de dólares, distribuidos en 12 países, incluido Brasil. Pero la explicación del Ministerio de Justicia incluida en la decisión dice exactamente lo contrario: ‘cuando el acuerdo es entre investigados y autoridades competentes, con la entrega de pruebas, la cooperación no es necesaria’. Además, en los vídeos del acuerdo de Emílio Odebrecht con los magistrados de Curitiba (en Brasil, la mayoría de los juicios se graban en vídeo), el empresario suelta mucha información y no aparece bajo tortura psicológica, a menudo incluso sonriendo pícaramente. Odebrecht dice que los petistas tenían “boca de cocodrilo” para subrayar su codicia y añade que encargó una “ayuda” de 2,1 millones de reales, unos 421.000 dólares, a uno de los hijos de Lula para montar su liga de fútbol americano, porque necesitaba que el ex presidente ayudara a su hijo Marcelo Odebrecht a mejorar su relación con Dilma Rousseff. En los juicios ahora cancelados, Lula era nombrado por Marcelo ‘el amigo de mi padre’ y Toffoli era ‘el amigo del amigo de mi padre’.

En un comunicado, la Asociación Nacional de Fiscales de la República (ANPR) pide que “la discusión sobre los hechos que rodearon la operación Lava Jato se guíe por un análisis técnico y objetivo que preserve las instituciones y no ceda al ambiente de polarización y retórica que impide la comprensión de la realidad”. En la carta, los fiscales también recuerdan a Toffoli que el acuerdo de cooperación con Obredecht fue aprobado por el propio STF. En cuanto a los directamente implicados, es decir, los magistrados de Lava Jato, para el ex fiscal Deltan Dallagnol “Toffoli entierra así la investigación y tortura los hechos”, mientras que el ex juez símbolo de la operación Sergio Moro declara que “luchará por el derecho a la verdad” y añade que “la corrupción en los gobiernos del PT fue real, los criminales han confesado y se han recuperado más de 6.000 millones de reales (casi 1.800 millones de dólares al cambio de la época) relativos a la petrolera nacional Petrobras”.

Pero, sobre todo, todo este asunto sienta un precedente que puede tener un impacto negativo en la lucha contra la corrupción: “Esto es muy preocupante dado que Odebrecht ha admitido haber tenido todo un departamento dedicado a la corrupción, conocido como ‘operaciones estructuradas’ y que, en un caso ante la justicia estadounidense, ha confesado haber pagado sobornos para obtener ventajas ilegales en 12 países”, declaró a la prensa brasileña el abogado Richard Campanari. Para la organización ‘No Acepto la Corrupción’, la decisión de Toffoli “tiene un lenguaje extremo y politizado”. Toffoli era abogado del Partido de los Trabajadores (PT) y fue elegido para el STF por designación de Lula. El periodista William Waack escribe en el diario Estado de São Paulo que “el STF repite una narrativa política pero no puede borrar la corrupción revelada por el Lava Jato”.

Y si la polémica en torno al STF y sus decisiones no fuera suficiente, lo que encendió el debate sobre la transparencia de la política y, por lo tanto, también su coherencia fueron las enésimas declaraciones de Lula sobre el impeachment que en 2016 destituyó a su delfina Dilma Rousseff de la presidencia. Siete años después de la decisión del Congreso brasileño, el presidente declaró que a finales de agosto el Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF-1) había absuelto a Rousseff y que, por lo tanto, Brasil “debe pedirle disculpas”. Sin embargo, el TRF-1 no absolvió a la ex presidenta, sino que se limitó a confirmar el sobreseimiento del proceso sin juzgar si Rousseff cometió o no el delito. En 2016, el poder legislativo la había condenado mediante juicio político acusándola de que su administración había violado la Ley de Responsabilidad Fiscal (LC 101/2000) al retrasar las transferencias a los bancos públicos y emitir decretos de gastos adicionales sin autorización del Congreso. Tras el impeachment de Rousseff, el Ministerio Público Federal brasileño había presentado una apelación para intentar condenarla por “improbidad administrativa”. Se trata precisamente del caso presentado por el TRF-1, que dictaminó que un presidente no puede ser considerado responsable dos veces por el mismo delito. Michel Temer, vice de Rousseff que luego la sustituyó hasta la elección de Bolsonaro, también se refirió al tema. ‘’Esta historia de decir que fue un golpe es porque no se lee la Constitución’', dijo. “El golpe sería tratar de no dejar asumir al vicepresidente”.

Muchos en Brasil se preguntan ahora qué papel y cuánto importará la transparencia en la gestión política del país. Una frase atribuida al ex ministro de Economía Pedro Malán (1995-2002) en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso se ha convertido en el mantra de estos días: “En Brasil ni siquiera el pasado es seguro”. ¿Hasta dónde llegará el interés propio de los políticos, se preguntan los brasileños, y cuánto espacio queda para la transparencia en la gobernanza política? El caso del ex gobernador de Río de Janeiro Sérgio Cabral es emblemático. En los últimos meses, el homenaje que le dedicó una escuela de samba de Río, la Unión Cruzmaltina para el Carnaval de Río 2024, había provocado un debate. El ex gobernador había acumulado condenas por un total de 425 años y era el último convicto de la Lava Jato. Con su liberación en febrero pasado, se enterró definitivamente la operación. En el Carnaval de Río, Cabral debía desfilar al son de jingles que llevaba semanas ensayando. Una decisión que había creado bastante polémica. Ayer llegó la noticia de su renuncia al desfile, por miedo, al parecer, a perder el privilegio de la libertad, y según informa el diario Folha de Sao Paulo “tras recibir mensajes de que la sobreexposición lo ponía en mal lugar en los sectores del poder judicial, que autorizaron su excarcelación”.