La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por Nayib Bukele, aprobó la noche de este miércoles extender por 30 días más la suspensión de varias garantías constitucionales bajo la implementación de un régimen de excepción, “por la reactivación de miembros de pandillas aún en libertad”.
La iniciativa, que fue presentada horas antes de su votación por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados en el órgano Legislativo al sumar 67 votos de los 84 diputados, sin debate previo.
Esta es la decimoséptima ocasión que el Congreso amplia dicha medida, que se ha convertido en la principal acción de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
“Existe una amenaza de reagrupación de miembros de pandillas, persiste la amenaza de la criminalidad de dichos grupos, aún persisten miembros de pandilla y sus liderazgos, y se han registrado ataques contra agentes de la Seguridad”, indica el decreto legislativo leído y aprobado en el Parlamento.
La nueva extensión entrará en vigencia el 15 de agosto y se prolongará hasta el 13 de septiembre próximo.
Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa administrativa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.
De acuerdo con cifras divulgadas por fuente oficiales, esta medida ha dejado a más de 72.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 “víctimas directas” de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
La extensión de la medida se aprueba el mismo día en que representantes de unas 15 familias de personas detenidas durante el régimen de excepción protestaron contra unas reformas penales, que aún no están vigentes, que permiten juicios grupales y que podrían dilatar audiencias hasta el 2028.
Esta protesta es la primera contra el régimen de excepción que se da en la ciudad de Santa Ana, la más importante del occidente del país y ubicada a más de 68 kilómetros de la capital.
La diputada del opositor y partido Vamos, Claudia Ortiz, lamentó que “los inocentes detenidos no tienen derecho a la defensa porque es una de las garantías suspendidas”.
“Todos sabemos que cualquier persona inocente que no tiene vínculos con estructuras de crimen organizado puede caer en el mal llamado margen de error”, que se produce en las detenciones, destacó Ortiz.
Iglesia católica
La Iglesia católica pidió el pasado fin de semana al gobierno de El Salvador que evite encarcelar a inocentes en el marco de la “guerra” contra las pandillas.
“Si queremos revertir la historia desde los pobres, es necesario en primer lugar seguir trabajando en el mejoramiento de los procedimientos legales para evitar el encarcelamiento de inocentes, y para la pronta liberación de los inocentes encarcelados”, dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, en una homilía en la Catedral de San Salvador.
Escobar abogó por “la administración de la pronta y cumplida justicia”, mientras organismos de derechos humanos critican los métodos de Bukele para acabar con las pandillas, que ejercían control territorial en buena parte del país y se financiaban con cobro de extorsiones, sicariato y venta de drogas.
Bukele lanzó en marzo de 2022 su guerra contra las pandillas, al amparo de un régimen de excepción aprobado por el Congreso dominado por el oficialismo, en respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.
(Con información de EFE y AFP)
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