Los seis de Santa Marta: cómo la fiscalía de El Salvador montó un caso contra ambientalistas antimineros

El fiscal general designado por Nayib Bukele tiene una historia extensa de casos armados sobre testimonios contradictorios. Este es contra activistas que amenazan el interés del gobierno en reestablecer negocios mineros

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Pobladores de Santa Marta, en El Salvador, protestan por la captura de líderes ambientalistas a los que la fiscalía de Nayib Bukele ha acusado de un asesinato cometido durante la guerra civil.
Pobladores de Santa Marta, en El Salvador, protestan por la captura de líderes ambientalistas a los que la fiscalía de Nayib Bukele ha acusado de un asesinato cometido durante la guerra civil.

La fiscalía salvadoreña, bajo el control del presidente Nayib Bukele, intenta revivir un caso de hace 34 años para desmembrar uno de los movimientos ambientalistas más relevantes del país, que en el pasado fue capaz de plantarle cara a un poderoso consorcio canadiense y fue vital para que el Congreso, en 2017, prohibiera todo tipo de minería metálica. Hoy, cuando la presidencia ha mostrado interés por explorar inversiones de la industria extractiva de oro, el fiscal de Bukele intenta revivir un oscuro asesinato cometido durante la guerra civil para descabezar a los ambientalistas.

Los fiscales acusan a los ambientalistas de secuestrar y asesinar, el 22 de agosto de 1989, a María Inés Alvarenga, una mujer que colaboró con la guerrilla durante la guerra civil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992, en Santa Marta, una pequeña aldea ubicada en el departamento de Cabañas, al norte del país, en una zona que fue controlada por frentes guerrilleros durante el conflicto.

Uno de los acusados es Antonio Pacheco, quien ha sido durante casi dos décadas dirigente de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Cabañas, la cual junto a la iglesia católica ha advertido del interés del gobierno de Nayib Bukele de revertir la prohibición legal vigente de explotar oro en el país. Santa Marta está ubicada en montañas que cubren una de las vetas de oro más importantes de Centroamérica.

Las pruebas que la fiscalía ha presentado, a las que Infobae ha tenido acceso, son débiles: el caso del gobierno se basa en el testimonio de un testigo protegido, al que solo se nombra como “Soriano” en documentos judiciales, que a preguntas de la defensa admitió que nunca estuvo presente en el secuestro y asesinato de la mujer por los que los fiscales acusan a los ambientalistas. Es solo un testigo de oídas, como se conoce en la jerga judicial a quien no presenció los hechos imputados.

Otro de los testigos, una de las hijas de la víctima, solo ubica a tres de los acusados. A Antonio Pacheco, el dirigente de ADES, ninguno de los testigos lo ubica ni en la casa donde María Inés Alvarenga se supone fue secuestrada ni en el lugar donde, según el testigo Soriano, la mataron. Por no haber no hay ni cadáver. Lo más probable, según investigadores salvadoreños que conocen el caso y hablaron con Infobae desde el anonimato por razones de seguridad, es que a la mujer la hayan desaparecido durante la guerra y que, como en otros miles de casos ocurridos en el conflicto armado, sus cuerpos no hayan sido encontrados. No hay nada en el expediente judicial, sin embargo, que apunte directamente a los ambientalistas como responsables de la desaparición.

Ambientalistas salvadoreños capturados como sospechosos de participar en un asesinato hace 34 años.
Ambientalistas salvadoreños capturados como sospechosos de participar en un asesinato hace 34 años.

El 11 de enero pasado, en su cuenta de Twitter, el fiscal general de El Salvador, el bukelista Rodolfo Delgado, anunció que habían capturado a seis “ex comandantes guerrilleros” acusados de matar a Alvarenga. “Después de décadas estamos logrando una verdadera justicia”, tuiteó el fiscal.

Una semana después de las capturas, los fiscales, bajo las órdenes de Delgado, presentaron la acusación formal ante un juez y pidieron la reserva total del caso, algo que ya era común en los juzgados controlados por jueces afines al Ejecutivo y se ha vuelto regla bajo el régimen de excepción decretado en marzo de 2022. La reserva impide que los detalles del caso sean del conocimiento público y, en este caso, ha limitado a la defensa de los ambientalistas el acceso a información esencial.

La defensa solo tuvo acceso a Soriano, el testigo protegido, durante la audiencia inicial del caso, que se celebró en la Corte Suprema de Justicia en San Salvador el 19 de enero pasado. Los abogados defensores solo tuvieron unos minutos para revisar lo dicho por Soriano a la fiscalía, pero, a pesar del poco tiempo, lograron derribar la versión del testigo al descubrir que él nunca vio los hechos de los que estaba hablando, bajo juramento, en el estrado.

“En la pregunta que hace la defensa dice (el testigo) que le contaron los familiares de la víctima y (que él) no presenció los hechos”, dice una transcripción de los interrogatorios a Soriano que consta en el expediente judicial. A la fiscalía, Soriano le dijo que estuvo cuando secuestraron a María Inés Alvarenga y cuando la asesinaron, pero a preguntas de la defensa, el testigo se desdice. Al comentar esto, uno de los defensores hizo su alegato a la jueza del caso y pidió que se propongan testigos que no sean falsos.

Las minas de oro y la sombra de Pacific Rim

Antonio Pacheco, uno de los acusados por la fiscalía de Delgado en el caso de Santa Marta, empezó a reunirse con Marcelo Rivera, otro activista ambiental, en 2004, poco después de que a Cabañas llegaran representantes de la empresa minera canadiense Pacific Rim a exponer planes para abrir una mina de oro en la zona.

Pacheco, ya entonces director de ADES, había escuchado a los extranjeros y no se había formado una opinión negativa sobre el proyecto que, pensó, podría llevar desarrollo económico a una de las zonas más pobres del país, que fue también una de las más afectadas por la guerra; así lo contó el ambientalista a los investigadores estadounidenses Robin Broad y John Cavanagh, quienes recogieron el testimonio en el libro “Los defensores del agua”, publicado en 2021 por la Beacon Press de Boston, Estados Unidos.

Fue Marcelo Rivera, el otro ambientalista, quien convenció a Pacheco y a ADES de que una mina de oro era una mala idea porque absorbería los limitados recursos hídricos en las montañas de Cabañas. Rivera había adquirido relevancia en El Salvador por sus luchas en San Isidro, otro pueblo del departamento, contra proyectos menores que amenazaban el agua del lugar. A Rivera lo torturaron y asesinaron en junio de 2009; su cuerpo apareció mutilado en un pozo seco cerca de San Isidro.

Tras el asesinato de Rivera, ADES retomó el cabildeo para impedir la instalación de una mina de oro en Cabañas. La muerte del ambientalista fue la que dio visibilidad internacional al caso salvadoreño, como luego ocurrió con la activista Berta Cáceres en Honduras, quien también fue asesinada. En octubre de 2009, la Mesa Nacional contra la Minería de El Salvador, de la que Rivera era líder, recibió en Estados Unidos el prestigioso premio Letelier-Moffitt que entrega el Institute for Policy Studies. El gobierno de El Salvador negó a Pacific Rim un permiso de extracción y, a partir de entonces, inició un largo proceso de arbitraje que culminó en 2016 en contra de la minera.

Vista aérea de Santa Marta, en Cabañas, El Salvador.
Vista aérea de Santa Marta, en Cabañas, El Salvador.

Mientras el arbitraje seguía su curso en cortes internacionales, ADES y Pacheco, apoyados por la jerarquía de la iglesia católica a través del arzobispado de San Salvador, arreciaban gestiones para lograr una prohibición absoluta de la minería metálica en el país. El 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa prohibió “la minería metálica en el suelo y subsuelo de la república”, según el decreto firmado dos días después.

El asunto de la explotación de oro en Cabañas y otros lugares del país parecía haber quedado atrás. Eso hasta que Nayib Bukele asumió la presidencia del país. El presidente no ha apoyado la minería en forma pública, pero el congreso, que él domina, ya dio indicios de que revisará la prohibición de 2017. Hay, además, otros indicios que apuntan a la vuelta de la minería metálica; uno de ellos es la asignación de fondos para revisar la ley minera.

El gobierno de Bukele incluyó, en el presupuesto para 2023, una partida de USD 4.5 millones para “revisar y actualizar” la legislación que prohibió la minería metálica. El plan de gastos que Hacienda entregó al congreso a finales de 2022 incluía esa cantidad para, entre otras cosas, hacer una “…revisión y actualización de la normativa legal vigente… así como la revisión y actualización de la minería y su reglamento”, según un reporte de La Prensa Gráfica.

El gobierno de Bukele ya había dado otros pasos en el camino que conduce a la recuperación de la minería metálica en el país. El 26 de octubre de 2021, el congreso, ya bajo dominio político del presidente, aprobó la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, la cual, entre otras cosas, plantea que la obtención de recursos mineros es un “deber del Estado”.

Andrés McInley, un catedrático estadounidense que trabaja en la Universidad Centroamericana, enfatiza que proyectos mineros como el que Pacific Rim intentó explotar en Cabañas ponen en jaque el precario recurso hídrico en El Salvador. “En lugar de reconocer la profundidad de la crisis y buscar soluciones duraderas…, la administración de Nayib Bukele sigue priorizando los intereses de la gran empresa sobre los intereses de las comunidades”, escribió McInley en una columna.

Desde Washington, un funcionario diplomático, quien conoce la situación política de El Salvador y los intentos del país centroamericano por mantener abiertas negociaciones por financiamiento de entes multilaterales como el FMI, asegura que la posibilidad de reabrir la minería en el país es algo de lo que funcionarios de Bukele han hablado. “Tiene sentido, El Salvador es un país con pocos recursos, y tras el fracaso del Bitcoin inversiones de ese tipo podrían fortalecer el caso salvadoreño”, dice.

De acuerdo con McInley, ya el gobierno de Bukele ha arrestado a activistas ambientales en varias localidades de El Salvador, como Apopa y Ahuachapán, y los ha acusado de terroristas en el marco del régimen de excepción aprobado en marzo de 2022.

El fiscal con una larga historia atada a testigos dudosos

Todo el caso del fiscal general Rodolfo Delgado contra Antonio Pacheco, ADES y los ambientalistas de Santa Marta está basado en el testimonio de Soriano, el testigo que admitió bajo juramento no haber presenciado los hechos de los que habla. A Soriano, un supuesto ex guerrillero, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) le asignó el número de expediente 153-22 y le dio protección.

Antes de la audiencia inicial contra los ambientalistas, la fiscalía entregó a la defensa un resumen de lo que Soriano había dicho en entrevistas previas con los fiscales. Esa ha sido la única vez, a minutos de tener la primera y acaso última oportunidad de carear al testigo clave, que los defensores supieron qué había dicho Soriano.

Cuando, durante esa audiencia, la defensa dejó en evidencia las contradicciones de Soriano y se quejó por el poco tiempo otorgado para estudiar la prueba, la fiscalía solo argumentó que los abogados habían tenido “tiempo suficiente para realizar preguntas”.

No es la primera vez que un caso del fiscal Rodolfo Delgado con alta carga política se basa en un testigo dudoso, tampoco es la primera vez que Delgado tiene una actuación controversial relacionada con la minería y los ambientalistas de Cabañas.

En 2011, Delgado llevó el caso por el asesinato del ambientalista Marcelo Rivera, ocurrido en Cabañas dos años antes. ADES, la asociación pro-defensa del agua y familiares de Rivera habían pedido a la fiscalía que investigara la posible relación de Pacific Rim con la muerte. Delgado, que entonces era jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado de la fiscalía, dijo que pandilleros habían matado a Rivera por rencillas familiares. Fue Delgado quien, a la postre, dio carpetazo a la investigación de aquel homicidio: supuestos pandilleros fueron condenados como autores materiales, pero los ex colegas de Rivera aún siguen reclamando que se juzgue a los autores intelectuales.

Fotografía de archivo en la que se registró al fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, durante una rueda de prensa, en Antiguo Cuscatlán (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
Fotografía de archivo en la que se registró al fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, durante una rueda de prensa, en Antiguo Cuscatlán (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Delgado había llevado un expediente casi calcado al de Rivera años antes, en 2004. Gilberto Soto, un sindicalista salvadoreño-estadounidense, miembro del sindicato de camioneros Teamsters de Estados Unidos, fue asesinado en Usulután. El liderazgo de los Teamsters y congresistas del partido demócrata en Washington presionaron al gobierno salvadoreño de entonces, del que el fiscal Delgado era cercano, y pidieron investigar la posible relación del homicidio con una naviera internacional. Con testimonios de delincuentes callejeros de Usulután, que como Soriano se contradijeron bajo juramento, Delgado cerró el caso atribuyéndolo, también, a rencillas familiares.

Uno de los testigos en el caso de Soto, Wilson Rivera Torres, declaró en una corte migratoria en Maryland, Estados Unidos, que Rodolfo Delgado había estado presente en una ocasión en que agentes de la policía salvadoreña lo torturaron para asegurarse de que testificaría según la fiscalía se lo requería en el caso Soto. En su momento, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) confirmó que Delgado y otros fiscales eran sospechosos de cometer actos de tortura para obtener testimonios favorables.

La investigación por el asesinato de María Inés Alvarenga en Santa Marta empezó en junio de 2022. De acuerdo con dirigentes comunitarios de la zona, quienes hablaron bajo condición de anonimato por razones de seguridad, los fiscales de Delgado llegaron al pueblo diciendo que habían abierto una investigación por la masacre de Santa Marta. Los pobladores pensaron que se referían a alguna de las matanzas perpetradas a principios de los 80 por el ejército salvadoreño cuando la guerra iniciaba, las cuales obligaron a centenares de pobladores de Cabañas a huir hacia Honduras. Pero no, los fiscales se referían a una desaparición ocurrida años después, cuando en Santa Marta había pasado mucho tiempo desde la última masacre.

En menos de seis meses, Delgado y sus fiscales concluyeron una investigación que vendieron como un parteaguas de la justicia transicional salvadoreña. En el expediente judicial, sin embargo, solo constan la declaración de Soriano, la de dos hijos de la víctima que no identifican con claridad a los supuestos autores de la desaparición de su madre, planimetrías y fotos tomadas en la casa familia de María Inés Alvarenga y en el lugar en el que, según Soriano, la mujer fue asesinada, y una enredada explicación que intenta asociar el crimen con las actividades guerrilleras en 1989.

La investigación de Santa Marta ocurrió mientras, en despachos de San Salvador, el gobierno de Nayib Bukele coqueteaba con la posibilidad de permitir exploraciones mineras en Cabañas y, para ello, cambiar la ley que la prohíbe. En enero de 2023, la policía detuvo a los ambientalistas de Santa Marta mientras dejaba, en el tintero, otros casos de la guerra abiertos hace décadas en los que sí hay prueba forense, cadáveres identificados, decenas de testimonios y militares de alto rango señalados, ninguno de los cuales está preso.

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