El Congreso de Perú aprobó la denuncia constitucional contra Pedro Castillo por corrupción

Ahora la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial

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Pedro Castillo
Pedro Castillo

El pleno del Congreso de Perú aprobó una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra el ex presidente Pedro Castillo y dos de sus ex ministros, por presunta corrupción durante su Gobierno (2021-2022).

Ahora la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial.

Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el hemiciclo dio luz verde al informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación (general) contra el ex mandatario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva tras su intento fallido de golpe de Estado en diciembre pasado.

El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.

El informe también recomienda que Juan Silva y Geiner Alvarado, como ex ministros de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respectivamente, sean acusados por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.

Al inicio de la sesión parlamentaria, el presidente del Congreso, José Williams, invitó a los tres acusados y sus abogados a ingresar a la plataforma digital para ejercer su derecho a defensa.

La denuncia responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.

Castillo cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva dictada tras su intento fallido de golpe de Estado, que llevó al Congreso a destituirlo el 7 de diciembre pasado por “permanente incapacidad moral” y designar en su reemplazo por sucesión constitucional a su vicepresidenta, Dina Boluarte.

(Con información de EFE)

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