Nayib Bukele se autoproclama “dictador cool” y profundiza sus ataques contra opositores, periodistas y organizaciones civiles

Septiembre de 2021 marcó el segundo centenario de la independencia de El Salvador y el mes más complicado hasta ahora para Nayib Bukele, que en diciembre llega a la mitad de su mandato constitucional. Cuestionado por primera vez en la calle, a pesar de su aún saludable popularidad, y con escándalos de corrupción cercándolo por todos lados, el “presidente cool” no ha dudado en mantener la confrontación como única respuesta a sus críticos.

El fin de semana que siguió a la marcha multitudinaria del 15 de septiembre, las arremetidas de Bukele contra sus opositores no pararon.

El formato de los ataques suele repetirse. Primero, Bukele usa su megáfono en redes sociales para lanzar alguna acusación, luego, diputados, ministros, youtubers, troles o medios con apariencia noticiosa y financiados con fondos públicos profundizan el ataque.

La primera táctica de Bukele y los suyos para intentar restar importancia a la marcha fue criminalizar a quienes en ella participaron. El domingo 19 de septiembre, a las 7:33 p.m., el presidente usó su cuenta de Twitter para acusar a William Gómez, un directivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), de dar instrucciones para vandalizar propiedad privada durante la marcha del 15; Bukele acompañó el tuit de cuatro fotos, tres de Gómez, quien lleva el cabello largo, y otra de una persona, también con cabellera larga, en la marcha.

Al tuit del presidente lo acompañó el aviso de tres diputados oficialistas, difundido a través de la cuenta oficial de Twitter de la Asamblea Legislativa, de que acudirían el lunes 20 de septiembre a la Fiscalía General, dirigida por un abogado impuesto por Bukele, a poner una denuncia criminal contra supuestos financistas de las marchas a los que no identificaron. Al final, los diputados desistieron.

Gómez y la APES desmintieron a Bukele.

“La persona que aparece en los videos (mostrados por el entorno de Bukele) claramente no es él, como se constata, por ejemplo, porque William tiene tatuajes en el brazo izquierdo y la persona que dicen que es él no los tiene. No solo es parte de los intentos de contrarrestar la marcha sino de la nueva ofensiva contra organizaciones de sociedad civil y periodistas”, dijo a Infobae Nelson Rauda Zablah, periodista del medio independiente El Faro y directivo de APES.

La iglesia católica también sufrió el ataque según el manual. El 12 de septiembre, los obispos salvadoreños publicaron un comunicado en el que cuestionan las reformas constitucionales encaminadas a posibilitar la reelección porque “vulneran” la democracia. Acto seguido, un diputado oficialista pidió en un tuit que los “curas” vuelvan a las “iglesias”, un lenguaje muy similar al utilizado por la extrema derecha salvadoreña en los años 70 y 80, cuando decenas de religiosos católicos fueron asesinados.

Ese manual toma, cada vez más, elementos de otros presidentes latinoamericanos que, como Bukele quiere, se han quedado en el poder más tiempo del que permiten sus constituciones o, ante las críticas, han colgado la etiqueta del enemigo interno a periodistas, líderes sociales y políticos de oposición sin distingos. Como Juan Orlando Hernández en Honduras, Nicolás Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua.

Como todos ellos, Bukele ha añadido algo que hasta ahora no había aparecido en forma explícita en su guion: la condena a la “comunidad internacional” por lo que su séquito ha llamado injerencia extranjera. En un mensaje televisado la noche del 15 de septiembre, Bukele acusó a esa comunidad de financiar la marcha de ese día, junto a los partidos de oposición ARENA y FMLN.

En el repertorio represivo de Bukele no aparece aún la acción violenta de la fuerza pública contra los opositores, algo de lo que el presidente suele jactarse en público. “No hemos utilizado aún… una tan sola lata de gas lacrimógeno”, dijo el presidente en la cadena. Y añadió una advertencia: “No sé si algún día van a financiar (la comunidad internacional) tanto que vaya a llegar a ser necesario, espero que no”.

Hasta antes de septiembre, el guion bukelista venía recurriendo a herramientas como al acoso cibernético, la detención temporal de un informático crítico del bitcoin, acoso hacendario a medios de comunicación independientes y, desde el primero de mayo pasado, el uso de la Fiscalía General para investigar solo a figuras de oposición y para echar tierra a los casos y denuncias que atañen a funcionarios cercanos al presidente y de la Corte Suprema de Justicia, cinco de cuyo magistrados fueron impuestos por diputados bukelistas, para profundizar la purga de jueces y abrir el camino a la reelección del presidente.

Eduardo Escobar, director de la no gubernamental Acción Ciudadana, cree que la escalada represiva de Bukele no se detendrá. Las formas autoritarias, dice, si bien desatadas por la marcha del 15 de septiembre y la oposición al bitcoin, empezaron desde el primer día de gestión.

“Ya habíamos tenido muestras de esas tendencias autoritarias, de ese guion que siguen todos los populistas autoritarios para consolidarse en el poder y destruir la institucionalidad democrática. Todo lo que hemos visto en estos años es parte de esa agenda de llegar al poder de forma democrática, generar un enemigo interno a quien responsabilizar de todos los problemas, luego acabar con la oposición política, luego atacar a la prensa, a las organizaciones…”, advierte Escobar.

El enemigo interno: arremetida contra el periodismo y sociedad civil

El lunes previo al 15 de septiembre, el 12, tampoco fue un buen día para Bukele. Además del comunicado de la jerarquía católica, el presidente tuvo que leer una nueva investigación periodística que involucra a su gobierno con la pandilla MS13.

Aquel lunes, La Prensa Gráfica publicó un informe que detalla como Osiris Luna Meza, el director de prisiones de Bukele, se ha reunido en un hospital del interior del país con líderes pandilleros de la MS13, quienes salen de la cárcel de máxima seguridad del país de forma irregular. Otra investigación, publicada hace poco, reveló que Luna está implicado en un esquema de corrupción que incluye la venta irregular de alimentos durante la pandemia de Covid-19.

El nuevo reporte sobre la MS13, sumado a otros publicados desde el año pasado y la decisión tomada por la Corte Suprema bukelista de no extraditar a un líder pandillero a Estados Unidos, así como a investigaciones abiertas por una fuerza de tarea estadounidenses por este pacto, han puesto en aprietos a Bukele.

La reacción del oficialismo, en este caso, ha sido doble: silencio absoluto ante las investigaciones y ataques constantes a los periodistas y medios que los han publicado.

El martes 21 de septiembre, por ejemplo, Cristian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, anunció en un tuit que en la plenaria de ese día había una “sorpresa” para los periódicos del país. El directivo de un medio local, quien prefirió hablar con condición de anonimato, cree que se trata de nuevos impuestos.

En otro exabrupto, Javier Argueta, asesor jurídico del presidente, amenazó a dos periodistas de la Revista Gato Encerrado de procesarlos judicialmente si no revelaban una fuente anónima citada en un artículo según el cual Argueta se había reunido con magistrados del Tribunal Supremo Electoral (máxima autoridad electoral) para avisarles que la Corte Suprema daría luz verde a la reelección presidencial.

Rauda Zablah, el periodista de El Faro y directivo de APES, cree que todo es parte de la escalada autoritaria.

“Estamos experimentando una doctrina del shock en la que cuesta llevar la cuenta de todos los pasos que se toman hacia el abismo democrático. Pero también, cada vez hay más grupos y más diversos que se consideran ofendidos por la administración Bukele y es lo que nutre y seguirá nutriendo manifestaciones como la del 15 de septiembre”, comenta Rauda.

A todo esto se han sumado, en las últimas semanas, denuncias en redes sociales de que el gobierno utiliza a la Policía Nacional Civil para mantener el orden en procesos de despidos masivos en instituciones gubernamentales.

Escobar, de Acción Ciudadana, entiende que la estrategia es pintar a todos los críticos y opositores como enemigos internos, el término propagandístico utilizado por la contrainsurgencia estadounidenses desde sus guerras asiáticas del siglo XX y retomado por un variopinto abanico de dictadores y presidentes autoritarios en América Latina desde entonces.

“Estos ataques buscan desprestigiar y plantearnos como enemigos del pueblo, y es importante decirlo: a las organizaciones y a los voceros se les ha construido una imagen desde la narrativa oficial de enemigos del pueblo, incluso se nos dijo que financiábamos los desmanes vandálicos que hubo el 15 de septiembre”, dice Escobar.

“No somos el patio trasero”

De Juan Orlando Hernández, Bukele ya tomó prestado el recurso de que la Corte Suprema controlada por él dé luz verde a la reelección. Como Nicolás Maduro y Daniel Ortega, el salvadoreño empieza a sentirse cada vez más cómodo con la actitud confrontativa con Washington.

En el mensaje transmitido la noche del 15 de septiembre, en un cuidado guiño de la producción televisiva de Casa Presidencial, una cámara enfocó a Jean Manes, la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, mientras Bukele arremetía contra “la comunidad internacional”.

Este lunes, el Departamento de Estado en Washington publicó que acababa de incluir a los cinco magistrados impuestos por el bukelismo en una lista de funcionarios centroamericanos corruptos y antidemocráticos, en la que ya habitan los nombres de oficiales cercanos a Bukele, como su jefa de gabinete, su exministro de Agricultura, y su cuestionado director de prisiones.

Como hizo la primera vez que Washington publicó los nombres de sus allegados, Bukele tildó el listado de “injerencia de la más bajera” en su cuenta de Twitter. En otro tuit, el presidente remató: “No somos patio trasero de nadie”.

Tras este desencuentro con Jean Manes y Washington, varios de los diputados de la bancada oficial expresaron su apoyo al presidente y a los magistrados impuestos. El 20 por la tarde corrió, además, un rumor de que la bancada de Nuevas Ideas estudiaba la posibilidad de declarar a Manes persona non grata, algo que la diputada oficialista Alexia Rivas desmintió. En todo caso, según una fuente diplomática consultada por Infobae en la capital estadounidense, la declaratoria de persona non grata tendría consecuencias reales si proviene del Ejecutivo.

Con el septiembre negro para Bukele casi cerrado, El Salvador entra a la recta final de 2021 con una nueva advertencia presidencial, la de una reforma integral al sistema de pensiones, y entrará a los primeros días de 2022 con la obligación de pagar cerca de 1.2 mil millones de dólares en deuda. El bitcoin es ya moneda circulante.

Bukele, en eterno modo desafiante, se autocalifica como en el dictador más cool del mundo en su biografía de Twitter. Y, mientras la escalada autoritaria del presidente continúa, la calle parece haber perdido el miedo.

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