El presidente Guillermo Lasso ratificó, a través de la firma de un decreto ejecutivo, el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados. De esta manera, el Ecuador reactiva la vigencia de un convenio internacional suscrito en 1966 y suspendido en 2009, durante el gobierno de Rafael Correa y en medio de la mayor bonanza petrolera que ha experimentado el país andino desde el retorno a la democracia en 1979.
Ecuador tuvo que esperar 11 años para reincorporarse al instrumento subsidiario del Banco Mundial, organismo del que forma parte desde el 28 de diciembre de 1945. De esta manera el Ecuador vuelve a reconocer la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones o CIADI.
Este fue el argumento que utilizó la Corte Constitucional del Ecuador para dictaminar, el 30 de junio de 2021, que el retorno al convenio no necesita la aprobación de la Asamblea Nacional porque no se trata de un nuevo instrumento internacional. Por tanto, bien puede el presidente de la República confirmar la vigencia de un convenio suspendido, tal y como hizo Guillermo Lasso el 19 de julio de 2021.
El CIADI fue creado en 1965 por el Banco Mundial con la intención de arbitrar las diferencias internacionales en materia de inversiones. El Ecuador no ha dejado de pertenecer al Banco Mundial, que es el marco en el que funcionan las 7 instituciones del grupo, entre las que constan órganos para la banca de fomento, la garantía de inversiones y el arbitraje internacional. Todos estos están integrados por entre 150 y 180 países miembros. El CIADI está integrado por 154 países entre los que se encuentran los vecinos de Ecuador, Perú y Colombia, además de otros países de interés como Estados Unidos, China, México, Francia, Panamá, Alemania, Australia, Argentina, Costa Rica, entre otros.
Andrés Arauz, adversario de Guillermo Lasso en el balotaje de febrero, es uno de los críticos del CIADI. En una carta publicada en sus redes sociales aseguró que el órgano da vía libre a la privatización del petróleo ecuatoriano. Recientemente, el Ecuador perdió una controversia con la empresa petrolera Perenco ante el CIADI.
El órgano arbitral reconoció una deuda a la petrolera francesa por más de 412 millones de dólares después de que el ex presidente Rafael Correa ordenara políticamente en 2009 la expropiación de los bienes, la operación y las utilidades en dos campos operados por la petrolera. El CIADI consideró en julio de 2014 que hubo incumplimiento del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito con Francia. El gobierno de Rafael Correa gastó millones de dólares en bufetes internacionales de abogados y lobistas, así como en propaganda, pero nada de esto sirvió.
Entre 2002 y 2008 se ventilaron 14 causas ante el CIADI de las cuales la mitad de los laudos resultó favorable para el Ecuador o se retiraron las reclamaciones y en la otra mitad resultó desfavorable. Las demandas fueron presentadas por empresas petroleras a partir del 2006, con base en una ley expedida durante el gobierno de Alfredo Palacio, periodo en el que Rafael Correa fue ministro de economía. La normativa establecía que las petroleras privadas debían entregar el 50% de las ganancias extraordinarias al Estado por la venta del crudo.
Durante el gobierno de Correa, esta ley sirvió como argumento para que en 2008 se reformara el reglamento de la misma ley. En ese momento, se realizó el cambio del porcentaje a 99% para el Estado y del 1 % para las empresas. Las compañías presentaron sus reclamos ante el CIADI, y aunque el gobierno de Correa salió de la Convención, las demandas presentadas continuaron su trámite.
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