Nicaragua: el hermano de Daniel Ortega también exigió la liberación de los presos políticos

Humberto Ortega, ex comandante y fundador del Ejército Popular Sandinista, y hermano del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue entrevistado por Andrés Oppenheimer en la cadena CNN. Si bien la nota completa se difundirá mañana, la cadena publicó un extracto en el que propone que se ponga en libertad a los detenidos por el régimen Ortega Murillo a través de un “indulto” o “una amnistía”.

“Pienso que estas detenciones que están en proceso todavía de enjuiciamiento, a lo inmediato, si queremos contribuir a la paz, deben ser a través de una medida política que la tiene en sus manos el presidente (Daniel Ortega) puestos en libertad”, dijo Humberto Ortega, ex comandante y fundador del Ejército Popular Sandinista.

Y agregó: “Esto ayudaría a generar condiciones para que la comunidad internacional pueda ver que se está avanzando en la dirección correcta. Lo primero, poniendo en libertad, ya sea a través de una forma de indulto o de una amnistía, a los que están detenidos. Ese sería un gran mensaje para que la comunidad internacional lo tome en cuenta”, sostuvo en el corto video publicado por CNN.

La entrevista completa será presentada el domingo a las 5 p.m. (hora de Miami) en el programa Oppenheimer Presenta. “¿Escuchará Daniel Ortega a su hermano?”, pregunta la CNN en su adelanto.

Los hermanos pasaron de compartir armas a enfrentarse públicamente. De hecho, llevan años distanciados. Humberto fue jefe del ejército de Nicaragua hasta 1994 y hace cinco años comenzó a criticar a su hermano por su perpetuidad en el poder.

A pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre, el gobierno sandinista inició una redada con detenciones a cinco aspirantes opositores a la presidencia, o a críticos, activistas, empresarios y hasta excamaradas de armas del gobernante.

El último en ir a prisión fue el ex diputado y periodista Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro y hermano de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, una de las opositoras detenidas.

En total, el régimen apresó a cinco precandidatos presidenciales: además de Chamorro, encarceló a Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora.

Todos ya llevan entre 35 y 7 días “secuestrados” o en condición de casa por cárcel, pero sin permitirles contacto con sus familiares ni sus abogados.

Según detalla La Prensa, el régimen, además, tiene a más de 130 presos políticos en las cárceles del país, algunos de ellos desde el 2018, año en que explotó la crisis sociopolítica del país.

El mandatario, un ex guerrillero de 75 años que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones consecutivas. Tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.

La oposición y la comunidad internacional lo han acusado de gobernar de manera autoritaria tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que dejó más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.

La oposición da por descontado que intentará un cuarto mandato consecutivo y que, con la prisión de posibles rivales, está despejando el camino para su propósito.

Incomunicados

Familiares de algunos de los 21 opositores detenidos en Nicaragua, a quien el presidente Daniel Ortega considera “criminales” que querían derrocarlo, acuden a diario a la cárcel de El Chipote, donde creen que están recluidos, pero no les permiten verlos.

“Venimos tres veces al día y lo único que nos toman (reciben) es agua”, aseguro Martha Urcuyo, esposa de Pedro Joaquín Chamorro, en los exteriores de esta prisión de auxilio judicial de la Policía, donde llevan a las personas que están bajo investigación.

Urcuyo es una de las personas -esposas, madres e hijos- que a diario llegan a esta penitenciaria localizada al suroeste de Managua, en una colina, para saber de la situación de sus parientes, varios de ellos detenidos tras allanamientos a viviendas y arrestos nocturnos.

“Unos tienen 31 días [detenidos] y a nadie [han dejado entrar para que los vean], ni a los abogados; esperamos que estén ahí”, en el Chipote, un lugar que organismos de derechos humanos han considerado como utilizado para torturas. “No sabemos nada, no nos han informado, ni dicho absolutamente nada. No han dejado que vean a los abogados, tenemos cero información”, dijo por su parte Arlen Tinoco, hija del exvicecanciller Víctor Tinoco, detenido el 13 de junio.

“Últimamente solo nos están recibiendo agua, de repente me han dejado pasar algunas mascarillas [como protección contra el covid], algún papel higiénico. Antes sí nos estaban recibiendo, pero ya tenemos hace como dos semanas que sólo nos están recibiendo agua”, añadió Tinoco.

El gobierno califica a los opositores de “criminales” que han atentado contra la seguridad del país y trataron de organizar un golpe de Estado para derrocar a Ortega, financiados por el gobierno de Estados Unidos. Están detenidos por incitar a la injerencia extranjera y promover sanciones contra el país, cargos establecidos en una ley aprobada por el Congreso, dominado por el sandinismo.

Abogados de los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga emitieron este miércoles un comunicado en el que llaman al gobierno a que reconozca y cumpla con las medidas otorgadas la semana pasada por Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pide la liberación inmediata de ambos.

La petición de la corte también cubre al empresario José Aguerri y a la activista social Violeta Granera.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció días atrás la “asfixia intensa” de las libertades civiles y políticas en Nicaragua, que afronta una ola de arrestos con miras a las elecciones generales del 7 de noviembre. “Lo que identificábamos como un atropello constante, en las últimas semanas ha derivado en una asfixia intensa al ejercicio de las libertades civiles y políticas”, advirtió el relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro José Vaca, en una audiencia pública de la Comisión sobre la situación de los derechos políticos en el contexto electoral en Nicaragua

“Estamos presenciando en tiempo real un ejemplo de lo que pasa cuando una buena gobernanza no es una prioridad, Nicaragua está experimentando un deterioro ocasionado por la total indiferencia de sus líderes hacia las instituciones y a las que deberían estar sirviendo”, subrayó el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga.

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