Chile: crecen las denuncias por tomas de departamentos, casas y terrenos

Los asentamientos ilegales en Chile han crecido de manera significativa durante los últimos seis años. Según el ministerio de Bienes Nacionales, lo han hecho en un 48 por ciento en este período de tiempo. La cifra ilustra la crisis habitacional que tiene lugar en el país andino y que, a la luz del estallido social y la pandemia, adquirió mayor nitidez.

No parece que la tendencia vaya a cambiar en el futuro cercano. En chile han proliferado las carpas en los parques, improvisadas viviendas en terrenos baldíos y un creciente temor de propietarios de inmuebles, que comenzaron a denunciar -especialmente en redes sociales- que sus casas o departamentos han sido tomados tras largos periodos sin ser habitados.

Debido a las medidas sanitarias de confinamiento dispuestas por las autoridades ante la pandemia de COVID-19, numerosos propietarios dejaron de ir a sus “segundas viviendas” por largos períodos de tiempo. Ante esta situación, se han registrado casos de ocupaciones irregulares los inmuebles.

En un video viralizado en redes sociales se ve a un hombre que es encarado por el supuesto dueño de una propiedad en la costa de la ciudad de Caldera, localidad ubicada a aproximadamente 700 kilómetros al norte de Santiago. El acusado no tiene problema en asumir que él sí se tomó la propiedad. “La solución es que vayamos a tribunales y veamos qué pasa. La otra solución es que usted quiera vendérmela, y yo se la pago”, dijo quien se identifica en el registro como Darko Bertichevic.

La insólita situación tuvo lugar pocos días después de la relajación de medidas sanitarias implementadas por las autoridades locales. “Yo soy calderino, nacido y criado en caldera. Yo vine, vi que estaba abandonada. Yo no tengo casa dónde vivir y por lo que sé, ustedes tienen más de dos casas, yo vine y me la tomé”, dijo el hombre.

Consultada por la situación del litigio, la alcaldesa de la localidad, Brunilda González, dijo: “Ccomo municipio no nos vamos a pronunciar porque se trata de un litigio de privados”. Su respuesta está en línea con la de la policía, que no tiene campo de acción rápido ante este tipo de denuncias. La ley les exige que antes de movilizarse, los dueños reclamantes presenten ante ellos una serie de documentos que, muchas veces, son difíciles de conseguir por el grado de obstáculos burocráticos que requieren.

Este tipo de juicios son denominados como“precarios”, explica la abogada experta en temas de vivienda Lucrecia Avaria. “Quien demande debe probar que es el dueño del inmueble que está reclamando. Los documentos que prueban esto, son generalmente los certificados que emite el dominio vigente extendido por el Conservador de Bienes raíces. Además, debe establecerse que el tenedor del espacio reclamado, no tenga un contrato vigente de arrendamiento o cesión. Y fuera de eso, probar también que el dueño no estuvo enterado de la supuesta ocupación ilegal”. Las pruebas, a juicio de la profesional, muchas veces no son fáciles de reunir, y “el tiempo se transforma en el mejor aliado de los ocupantes”, advierte.

“Para que se inicie la reclamación, se debe interponer una demanda en primer lugar. Luego de esto, esperar que el tribunal dicte una resolución citando al demandante y demandado a una conciliación, las que deberán realizarse dentro del quinto día hábil, contado desde la notificación de las partes. Lo que muchas veces ocurre, es que el primer lugar, los demandados no son hallados para la notificación y lo siguiente, es que no se presentan a las audiencias, lo que termina por dilatar los procesos”, agrega la abogada.

Al tener clara la desventaja de los dueños, la ocupación ilegal aparece como una oportunidad para permanecer por largos periodos viviendo de manera gratuita en los inmuebles afectados. En consecuencia, el temor de los dueños de propiedades en venta, dispuestas para arrendamiento o formalmente desocupadas, se hace cada vez más grande.

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