Estados Unidos sancionó a altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, incluyendo al jefe del Ejército

Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra el jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, Julio César Avilés, y contra el ministro de Hacienda, Iván Acosta, por supuestamente participar en actos de corrupción y por ayudar a “silenciar” las voces prodemocráticas en el país centroamericano.

En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, argumentó que Avilés y Acosta han sido sancionados por su apoyo significativo al régimen del Daniel Ortega para “reprimir y desmantelar las instituciones demócráticas” de Nicaragua.

“Esta nueva acción sirve para impulsar la política de EEUU para responsabilizar a aquellos individuos y entidades que jugaron un papel clave en el mal gobierno de Ortega y que perpetraron graves abusos contra los derechos humanos y buscaron silenciar las voces prodemocráticas en Nicaragua”, declaró Pompeo.

Como resultado de las sanciones de este viernes, quedan congelados todos los bienes que Avilés y Acosta pudieran tener en EEUU.

Además, se les prohíbe hacer cualquier transacción financiera con ciudadanos estadounidenses o que implique algún tipo de tránsito por EEUU, lo que busca dificultar a los sancionados el acceso al sistema financiero internacional, basado en el dólar.

Según el Departamento de Estado, como jefe de las Fuerzas Armadas, Avilés dio “apoyo” a los grupos paramilitares que agredieron a quienes comenzaron a manifestarse contra Ortega en abril de 2018.

Por otro lado, Washington responsabiliza a Acosta “de haber coordinado las financias del régimen para dar prioridad a la represión, evitar reformas democráticas y la toma de responsabilidad por violaciones de derechos humanos”, aseguró la nota de prensa.

“Las continuas violaciones del régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables”, añadió el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin en otro comunicado. “Estados Unidos se dirigirá contra quienes apoyan el régimen de Ortega y perpetúan la opresión del pueblo nicaragüense”, afirmó.

El comunicado del Tesoro detalla que Avilés “se negó a ordenar la inhabilitación y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018”. Y señala que “los militares proporcionaron armas a la parapolicía, la cual llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, lo que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”.

Respecto a Iván Adolfo Acosta Montalván, la nota del Tesoro recordó que “amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos”.

En Nicaragua, estallaron el 18 de abril de 2018 unas manifestaciones contra unas reformas de la Seguridad Social que se tornaran en una protesta contra Ortega, que dejó 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organizaciones locales de derechos humanos elevan esa cifra a 684, mientras que el Gobierno reconoce solo 200 fallecidos y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

Desde el principio, el Gobierno de Donald Trump ha apoyado a la oposición nicaragüense y ha impuesto sanciones para debilitar y asilar internacionalmente a Ortega.

Entre otros, Washington ha sancionado a la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, así como al hijo del matrimonio, Rafael Antonio Ortega Murillo.

Con información de EFE

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