La oposición boliviana convocó a un paro el 9 de julio contra la reelección de Evo Morales y la Justicia electoral

Santa Cruz será la primera región de Bolivia que parará otra vez contra la habilitación de la candidatura del presidente Evo Morales para otra reelección y en protesta por la negativa de los vocales electorales a renunciar. La medida fue aprobada en la Asamblea de la Cruceñidad, el máximo órgano de consulta del Comité pro Santa Cruz, la única entidad que pudo en años anteriores suspender por 24 horas la actividad laboral y productiva del departamento más poblado y el motor económico de Bolivia.

A dos semanas de haberse cumplido una primera movilización de sectores opositores desde la ciudad de El Alto hasta La Paz, se acaba de decidir una de las medidas más extremas de presión, dado que no se consiguió hasta ahora la dimisión de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, ni tampoco la inhabilitación del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, avalado por los vocales para que participen en la elección del 20 de octubre de este año, pese a haber sido derrotado en el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016.

Por parar un día, Santa Cruz pierde alrededor de 27 millones de dólares, lo que genera inquietud de los empresarios, que, sin embargo, acatarán la medida, según lo anunció uno de sus representantes presentes en la Asamblea de la Cruceñidad.

Con el apoyo de los sectores productivos de la región al paro, todo apunta a su cumplimiento el martes 9 de julio, que fue la propuesta lanzada por el presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, que se estrenó en el cargo con gestiones durante las últimas semanas ante organismos internacionales y ante los gobiernos de Colombia y de Brasil para que se considere la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales.

Otros paros escalonados

En la Asamblea de la Cruceñidad, realizada la noche de este martes en Santa Cruz de la Sierra, también se autorizó al presidente de los cívicos llevar a una reunión nacional la propuesta de paros escalonados en las otras ocho regiones de Bolivia. De acuerdo a la resolución, aprobada por varios grupos institucionales, Santa Cruz empezará la medida de presión el martes 9 de julio y luego deben seguir cada uno de los departamentos en las siguientes semanas, hasta lograr la renuncia de los vocales del TSE y la inhablitación del binomio oficialista.

Si la demanda no prospera con esas movilizaciones de protesta, habrá una concentración ciudadana simultánea en todo el país para considerar otras medidas.

"El Tribunal Supremo Electoral, con la habilitación del binomio Evo Morales Ayma – Álvaro García Linera, para las elecciones primarias, ha vulnerado la voluntad popular expresada en los resultados del referéndum del 21-F. A este accionar inconstitucional de los vocales se suma las renuncias de vocales disidentes y de numerosos funcionarios claves dentro del Órgano Electoral, perdiendo con ello toda la credibilidad necesaria para administrar un nuevo proceso eleccionario", expresa parte de la resolución aprobada en Santa Cruz.

También hizo notar que esta situación ha generado un escenario de protesta ciudadana generalizada y que en el Segundo Encuentro Nacional Cívico – Político denominado "Unidos por la Defensa de la Democracia y el Estado de Derecho", se exigió la renuncia de todos los vocales del TSE, dándose un plazo que fue incumplido por las autoridades electorales.

"Pese a las acciones ciudadanas, los vocales del TSE continúan en sus funciones y siguen dañando la credibilidad del Órgano Electoral, realizando el proceso de actualización del padrón biométrico con numerosas denuncias de irregularidades, las mismas que han sido públicamente denunciadas en todo el país", expresa la nota de protesta que llama al paro.

Pedido de unidad y de coraje

"Esta es una Asamblea de decisiones, no de discursos", dijo el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el inicio de su mensaje a los cívicos, entre los que se encontraban su padre José Luis Camacho, quien como él, lideró la misma institución hace tres décadas. Su hijo menor José Luis también lo acompañó al encuentro, con lo que buscó transmitir la idea de que las luchas parecidas a las de ahora trascienden generaciones.

"Es nuestra obligación hacer todo lo que esté a nuestro alcance para devolverle al pueblo boliviano, lo más importante, lo más sagrado de vivir en sociedad… su soberanía. Eso nos están arrebatando al no respetar el 21F y no lo vamos a permitir".

En otra parte de su mensaje, pidió la unidad del pueblo boliviano, como el único camino para "derrotar a quienes intentan implementar una dictadura en Bolivia".

También reivindicó el derecho a la resistencia reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. "Unidos, no habrá cárceles, militares, policías, jueces ni fiscales que nos puedan vencer. Y si el precio que debemos pagar por continuar viviendo en democracia, es la persecución, el amedrentamiento, la detención arbitraria e ilegal, es un precio que yo estoy dispuesto a pagar por Bolivia", concluyó.

Este será el primer paro cívico del año, después de que en 2018 se acataron otros dos con similar demanda de respeto al voto del 21 de febrero de 2016, que se opuso a la reforma constitucional para habilitar la candidatura de Evo Morales. El año pasado la medida no consiguió frenar las candidaturas del presidente y la del vicepresidente.

Los vocales electorales no aceptan la exigencia de una renuncia de todos al Tribunal que gestionará el proceso del 20 de octubre, ya que dicen que las causales para dejar sus cargos están en una norma y no coinciden con la demanda ciudadana y de los opositores.

En la Asamblea de la Cruceñidad de la noche de este martes participaron ex presidentes cívicos, además de los representantes de los empresarios, transportistas, universitarios, comerciantes, entre otros.