Jerusalén, 16 nov (EFE).- El comisionado general de la Policía israelí, Dani Levy, ordenó este lunes una investigación sobre la actuación del cuerpo en relación con las acusaciones de fraude electoral contra el partido islamista Raam, tras las revelaciones sobre la posible implicación de la oficina del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, con la información que llevó a la detención de tres de sus apoderados el día de las elecciones.
Según un comunicado, Levy encargó al comisario adjunto Yair Hatzroni examinar "todos los aspectos sistémicos, organizativos y relacionados con el mando en relación con las acusaciones formuladas contra la Policía", incluyendo los procesos de toma de decisiones, la cadena de mando, la coordinación entre las unidades policiales pertinentes y el reparto de responsabilidades.
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Hatzroni presentará sus conclusiones en el plazo de una semana y no interferirá "en ningún procedimiento de investigación", precisó la Policía.
El cuerpo defendió que todas sus actuaciones, "incluida la actividad llevada a cabo en la mañana del día de las elecciones", se realizaron "con un compromiso de transparencia y rendición de cuentas ante el público, y con el objetivo de salvaguardar la integridad de las elecciones".
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Según la información publicada por el Canal 12 de la televisión israelí, el jefe de gabinete de Netanyahu, Ido Norden, llamó a la oficina del comisionado en la víspera de los comicios para denunciar a activistas de Raam en el sur del país y remitió a la Policía a una supuesta fuente de inteligencia, un exempleado de la oficina de Netanyahu, cuya información desembocó en las detenciones.
La oficina de Netanyahu calificó el reportaje de "falso" y aseguró que Norden se limitó a poner en contacto con la Policía a una persona que tenía información sobre un presunto delito.
El ex jefe del Shin Bet y diputado de Yashar! (¡Recto!) Yoram Cohen pidió este lunes a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, que ordene al Departamento de Investigación Interna de la Policía abrir una investigación penal por "injerencia indebida en el proceso electoral", una petición a la que se han sumado otros dirigentes opositores.
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La Comisión Electoral Central concluyó el 4 de noviembre, tras revisar más de 9.000 colegios electorales, que no había pruebas de irregularidades que afectaran a la integridad de las elecciones o a sus resultados. EFE
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