La Audiencia Nacional analiza este viernes si extradita a EEUU al filántropo propalestino Fergie Chambers

La Audiencia Nacional (AN) estudiará este viernes sobre la extradición a EEUU del filántropo propalestino estadounidense Fergie Chambers, quien denuncia "mala fe" de las autoridades del país americano en la traducción de la documentación que remitieron a España.

El despacho de abogados del exmagistrado Baltasar Garzón, que defiende a Chambers, señaló en un comunicado que puso en conocimiento del tribunal "las discordancias detectadas".

Entre ellas, el despacho cuestionó traducciones como cambiar la expresión "acción directa" por "violencia directa", incorporar a los hechos relacionados con las protestas contra la empresa estadounidense Elbit Systems "tres incendios" que no aparecen en el original, o la "activación" de botes de humo por "detonación".

"Todos estos cambios han sido después reproducidos en documentos del procedimiento en España, pero no estaban en la documentación original", incidió.

La defensa del activista millonario señaló que esto es relevante "porque incluye presupuestos de violencia, peligrosidad, finalidad y autoría" y considera que "existen motivos para sospechar que las alteraciones más relevantes pueden responder a un ejercicio de mala fe de EEUU dirigido a inducir a error a las autoridades españolas al calificar los hechos y decidir sobre la extradición".

En total, indicó haber identificado 12 "alteraciones sustanciales de la traducción" que, a sus ojos, "elevan la gravedad de los hechos" y podrían "incidir en la calificación de los delitos en España", algo que "abriría la puerta a la extradición de Chambers".

TRES PRESUNTOS DELITOS

Estados Unidos acusa a Chambers, que fue detenido el pasado julio en Ibiza y desde entonces se encuentra en prisión provisional en la cárcel madrileña de Aranjuez, de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, desórdenes y de una supuesta conspiración para causar desórdenes.

Respecto a los cargos de desórdenes y conspiración para cometer desórdenes, la defensa de Chambers explicó que se refiere a protestas contra una empresa fabricante de armamento israelí en EEUU y subrayó que estos hechos "ya fueron juzgados, y en ellos otras personas fueron condenadas a unos 60 días de prisión". En cuanto a la conspiración, señaló que ese hecho "no es un elemento punible" en España.

Y sobre la acusación de blanqueo de capitales, el depacho de abogados denunció que "la reclamación de EEUU no reprocha el origen de los fondos, sino la afinidad ideológica de su destino".

"Es importante aclarar que en la denuncia penal remitida por EEUU no se acusa a Chambers de ningún delito relacionado con organizaciones terroristas", insistió.

El activista propalestino denuncia que "está siendo perseguido no por actividades delictivas, sino por su actividad política y por el apoyo económico que ha prestado a determinadas causas y proyectos humanitarios".

LA SALA RECHAZÓ QUE SALIERA DE PRISIÓN

En octubre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó su petición de libertad, tal y como había acordado el juez instructor, Antonio Piña, y la Fiscalía. Todo ello, después de que en una vista técnica sobre su extradición, Chambers rechazara ser extraditado.

El tribunal consideró que existe riesgo de fuga y desestimó las medidas alternativas propuestas por su defensa para quedar en libertad, entre ellas la prestación de una fianza, las comparecencias regulares en el juzgado o la retirada del pasaporte.

Los magistrados recordaron que Chambers rechazó ser extraditado a Estados Unidos y tiene capacidad económica suficiente para facilitar un cambio de residencia a otro país que le garantice no ser entregado a Estados Unidos. Así, entendieron que la retirada de pasaporte no sería suficiente.

"El riesgo de fuga sigue inmanente, el recurrente no quiere ser entregado a Estados Unidos y tiene capacidad económica suficiente, él nos lo alega, para facilitar el cambio de residencia a cualquier otro país que pensara que pudiera garantizarle la no entrega a los Estados Unidos; y la retirada de pasaporte no sería suficiente, puesto que los controles fronterizos terrestres son absolutamente permeables, por ello, la única medida idónea para garantizar el éxito en la entrega, si procediera, es la prisión provisional", argumentaron.