ONG kenianas denuncian a la cúpula policial por permitir una ola de violencia política antes de las elecciones

Organizaciones de Derechos Humanos de Kenia han denunciado a la cúpula policial del país bajo la sospecha de que están permitiendo una ola de violencia política como prolegómeno a las elecciones de 2027, y han aprovechado para poner de manifiesto un abuso de poder policial desenfrenado que se ha cobrado las vidas de al menos 46 personas a manos de las fuerzas de seguridad durante los primeros siete meses del año.

Entre los citados se encuentran el director general del Servicio Nacional de Inteligencia, Noordin Mohamed Haji; el inspector general de la Policía, Douglas Kanja; el secretario del Gabinete de Interior y Administración Nacional, Onesimus Murkomen y la fiscal general, Dorcas Oduor.

La demanda ha sido presentada, entre otros, por la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, cuyo último informe presentado igualmente este mismo miércoles destaca este balance provisional de fallecidos en acciones de las fuerzas de seguridad desde enero a julio de este año. Acompañan también tres ciudadanos, Kwamchetsi Makokha, Mary Kambo y Elphas Osoro, quienes afirman haber sido víctima de violencia política.

El balance de la comisión, recogido por el diario 'Daily Nation' precisa que la capital, Nairobi, ha sido escenario del mayor número de incidentes de esta naturaleza: 106 casos, un 43,8 por ciento del total de 242 incidentes analizados.

Organizaciones e individuos acusan a los mencionados de "permitir que continúe la violencia contra reuniones políticas, cívicas y religiosas a pesar de las repetidas advertencias de altos líderes gubernamentales", explica la Comisión en su página web. El comunicado denuncia "repetidos ataques perpetrados desde principios de 2025 por grupos armados, a menudo denominados 'matones', que han interrumpido conferencias de prensa, foros cívicos, servicios religiosos y reuniones políticas" ante la pasividad policial.

Entre los incidentes citados se encuentra el ataque del 6 de julio de 2025 contra las oficinas de la comisión en Nairobi, donde asaltantes armados interrumpieron una rueda de prensa ofrecida por madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Periodistas y ciudadanos fueron agredidos o intimidados, y se robaron equipos electrónicos. A pesar de las grabaciones de las cámaras de seguridad y una denuncia formal ante la Policía, los peticionarios afirman que nadie ha sido arrestado ni procesado.

Otros ejemplos incluyen el ataque del 12 de junio de 2026 contra un foro público en la Catedral de Todos los Santos en Nairobi y la violencia del 16 de agosto de 2026 en Homa Bay, donde murieron personas, se incendiaron vehículos y se atacó a periodistas.

La petición advierte que estos incidentes, "son evidencia de violencia deliberada, financiada y recurrente, representan una violencia sin freno que "amenaza los derechos constitucionales de los kenianos y socava las perspectivas de unas elecciones generales libres, justas y pacíficas en 2027".

La petición solicita al Tribunal Supremo que declare que la violencia organizada, y la inacción del Estado para prevenirla, investigarla y enjuiciarla, violan los derechos constitucionales. Los peticionarios exigen que se obligue a la Policía y a los servicios de inteligencia a investigar los ataques, rastrear las redes de financiación y reclutamiento, preservar las pruebas e informar de sus conclusiones al tribunal.